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Abinader proponente de Yeni Berenice como próxima Procuradora.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader fue el proponente de Yeni Berenice Reynoso como la próxima Procuradora General de la República, en una decisión que fue acogida por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura.
En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura, celebrada hoy, se discutió el nombramiento de la Procuradora General de la República y los siete procuradores adjuntos.
Tras un análisis exhaustivo, se aprobó la propuesta del presidente Abinader, quien presentó el perfil de la licenciada Yeni Berenice Reynoso Gómez, destacada por su trayectoria en el ámbito judicial y su compromiso con la justicia y la transparencia.
Estos profesionales del derecho, con destacadas trayectorias en el ámbito judicial, son: Carlos Fiordaliza, Mercedes Emilio Rodríguez Montilla, Isis Germania De La Cruz Duarte, Germania de León, Osvaldo Antonio Bonilla, Felipe Herrera, e Iván Félix.
Cada uno de ellos fue seleccionado por su compromiso con la justicia, la ética profesional y su capacidad para aportar al fortalecimiento del sistema judicial dominicano.
Procedimiento para elegir un procurador
El proceso para la selección del Procurador General y sus adjuntos está regulado por la Ley Orgánica 1-25 del Consejo Nacional de la Magistratura y su reglamento de aplicación. A continuación, describimos las etapas clave de este procedimiento.
1. Convocatoria oficial
El presidente de la República, en su rol como presidente del CNM, es quien inicia el proceso mediante una convocatoria oficial.
La convocatoria debe especificar el propósito de la reunión y puede llevarse a cabo en varias sesiones si no se alcanza un acuerdo en la primera reunión.
2. Presentación de los candidatos
Una vez convocado el CNM, el presidente de la República presenta las candidaturas para el puesto de Procurador General de la República y los procuradores adjuntos.
- Formación académica y trayectoria profesional.
- Certificado de no antecedentes penales.
- Declaración jurada de patrimonio y obligaciones fiscales.
- Formulario estandarizado, que debe incluir una motivación para la candidatura, documentos de identificación personal y familiar, y una declaración de no haber ocupado cargos directivos en partidos políticos ni realizado proselitismo político en los últimos cinco años.
3. Evaluación de los candidatos
El Consejo Nacional de la Magistratura evalúa a los candidatos propuestos por el presidente. Aunque no realiza entrevistas públicas como en otros procesos judiciales, los miembros del CNM consideran varios criterios fundamentales, tales como:
- Integridad personal y profesional.
- Capacidad de liderazgo y vocación de servicio público.
- Conocimiento del sistema legal y capacidad de razonamiento lógico.
- Ética profesional y reputación.
4. Comisiones especiales para investigar candidatos
Si lo considera necesario, el CNM puede formar comisiones especiales para investigar en profundidad a los candidatos.
Los informes generados por estas comisiones son presentados en la siguiente sesión del CNM.
5. Votación y decisiones finales
Después de evaluar los candidatos, el CNM se reúne para tomar una decisión. Si se presentan múltiples propuestas, los miembros del CNM pueden realizar hasta tres reuniones adicionales para deliberar sobre la idoneidad de los candidatos.
Para que una decisión sea válida, se necesita el voto favorable de al menos cinco de los ocho miembros del CNM. En caso de empate, el voto del presidente de la República tiene valor decisivo.
La consulta pública y la transparencia del proceso
Como parte de su compromiso con la transparencia, el reglamento para la elección del procurador general y sus adjuntos es sometido a una consulta pública.
Los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus observaciones y sugerencias sobre el proceso. La consulta, que se lleva a cabo en la página web del CNM, se extenderá durante un plazo determinado, y una vez finalizada, se discutirán las propuestas recibidas en las próximas reuniones del consejo.
El juramento y la entrada en funciones
Una vez aprobados los candidatos, los seleccionados deben prestar juramento constitucional ante el CNM dentro de los cinco días posteriores a su designación.
A partir de ese momento, comenzarán a ejercer sus funciones con carácter de inamovilidad durante un período de dos años, con la posibilidad de ser confirmados en el cargo si se considera adecuado.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.