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Abinader proponente de Yeni Berenice como próxima Procuradora.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader fue el proponente de Yeni Berenice Reynoso como la próxima Procuradora General de la República, en una decisión que fue acogida por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura.
En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura, celebrada hoy, se discutió el nombramiento de la Procuradora General de la República y los siete procuradores adjuntos.
Tras un análisis exhaustivo, se aprobó la propuesta del presidente Abinader, quien presentó el perfil de la licenciada Yeni Berenice Reynoso Gómez, destacada por su trayectoria en el ámbito judicial y su compromiso con la justicia y la transparencia.
Estos profesionales del derecho, con destacadas trayectorias en el ámbito judicial, son: Carlos Fiordaliza, Mercedes Emilio Rodríguez Montilla, Isis Germania De La Cruz Duarte, Germania de León, Osvaldo Antonio Bonilla, Felipe Herrera, e Iván Félix.
Cada uno de ellos fue seleccionado por su compromiso con la justicia, la ética profesional y su capacidad para aportar al fortalecimiento del sistema judicial dominicano.
Procedimiento para elegir un procurador
El proceso para la selección del Procurador General y sus adjuntos está regulado por la Ley Orgánica 1-25 del Consejo Nacional de la Magistratura y su reglamento de aplicación. A continuación, describimos las etapas clave de este procedimiento.
1. Convocatoria oficial
El presidente de la República, en su rol como presidente del CNM, es quien inicia el proceso mediante una convocatoria oficial.
La convocatoria debe especificar el propósito de la reunión y puede llevarse a cabo en varias sesiones si no se alcanza un acuerdo en la primera reunión.
2. Presentación de los candidatos
Una vez convocado el CNM, el presidente de la República presenta las candidaturas para el puesto de Procurador General de la República y los procuradores adjuntos.
- Formación académica y trayectoria profesional.
- Certificado de no antecedentes penales.
- Declaración jurada de patrimonio y obligaciones fiscales.
- Formulario estandarizado, que debe incluir una motivación para la candidatura, documentos de identificación personal y familiar, y una declaración de no haber ocupado cargos directivos en partidos políticos ni realizado proselitismo político en los últimos cinco años.
3. Evaluación de los candidatos
El Consejo Nacional de la Magistratura evalúa a los candidatos propuestos por el presidente. Aunque no realiza entrevistas públicas como en otros procesos judiciales, los miembros del CNM consideran varios criterios fundamentales, tales como:
- Integridad personal y profesional.
- Capacidad de liderazgo y vocación de servicio público.
- Conocimiento del sistema legal y capacidad de razonamiento lógico.
- Ética profesional y reputación.
4. Comisiones especiales para investigar candidatos
Si lo considera necesario, el CNM puede formar comisiones especiales para investigar en profundidad a los candidatos.
Los informes generados por estas comisiones son presentados en la siguiente sesión del CNM.
5. Votación y decisiones finales
Después de evaluar los candidatos, el CNM se reúne para tomar una decisión. Si se presentan múltiples propuestas, los miembros del CNM pueden realizar hasta tres reuniones adicionales para deliberar sobre la idoneidad de los candidatos.
Para que una decisión sea válida, se necesita el voto favorable de al menos cinco de los ocho miembros del CNM. En caso de empate, el voto del presidente de la República tiene valor decisivo.
La consulta pública y la transparencia del proceso
Como parte de su compromiso con la transparencia, el reglamento para la elección del procurador general y sus adjuntos es sometido a una consulta pública.
Los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus observaciones y sugerencias sobre el proceso. La consulta, que se lleva a cabo en la página web del CNM, se extenderá durante un plazo determinado, y una vez finalizada, se discutirán las propuestas recibidas en las próximas reuniones del consejo.
El juramento y la entrada en funciones
Una vez aprobados los candidatos, los seleccionados deben prestar juramento constitucional ante el CNM dentro de los cinco días posteriores a su designación.
A partir de ese momento, comenzarán a ejercer sus funciones con carácter de inamovilidad durante un período de dos años, con la posibilidad de ser confirmados en el cargo si se considera adecuado.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.