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Supuestos regalos y pagos hechos por testigo del MP en Cestur.
Santo Domingo, R.D.-Continuó este martes el juicio de fondo que se les sigue a los imputados del caso Coral y Coral 5 G en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Giselle Méndez Álvarez.
Durante la audiencia, compareció como testigo el licenciado en Mercadotecnia David Agustín Abreu Padilla, mayor de la Policía Nacional, actualmente asignado a Cestur como supervisor nocturno.
Bajo interrogatorio del fiscal Jhonatan Pérez Furcal, Abreu Padilla relató que en el 2013 ingresó al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) por medio de Rafael Núñez de Aza y que, a finales de ese año, fue trasladado al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). En esta última institución, dijo que ocupó los cargos de encargado de Archivo y asistente del gerente financiero.
El testigo detalló que, en el ejercicio de sus funciones, realizaba pagos tanto personales como administrativos en Cestur.
- Entre los pagos personales mencionó la compra de boletos aéreos, regalos, apartamentos y transacciones bancarias. Mientras que, en el ámbito administrativo, se efectuaban depósitos y transferencias a militares y policías bajo instrucciones superiores en concepto de «ayudas».
A solicitud del Ministerio Público, Abreu Padilla precisó que realizó depósitos y/o transferencias a Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Julio Camilo de los Santos Viola, Rossy Guzmán (la Pastora), entre otros más de 40 beneficiarios. Sin embargo, aseguró que no consideraba estas transacciones ilegales, ya que desconocía a los destinatarios y nunca interactuó con ellos.
Al finalizar su testimonio, la defensa del imputado Adán Cáceres Silvestre solicitó plantear un incidente relacionado con la extinción del proceso, pero la magistrada Méndez Álvarez rechazó la petición, indicando que debía tramitarse por secretaría para su resolución administrativa.
Segundo testigo: Israel Blanc Hernández
Posteriormente, rindió testimonio Israel Blanc Hernández, capitán de la Policía Nacional con 20 años de servicio en Cestur. Desde 2015, se desempeñó como encargado del Registro de Gastos Operativos y Administrativos de Cestur/Politur, supervisando la compra de artículos para la oficina principal, así como regalos y obsequios destinados a personalidades vinculadas al director de la institución.
Blanc Hernández fue interrogado por el Ministerio Público y contrainterrogado por los abogados defensores de Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos Viola, Franklin Antonio Mata Flores y Rossy Guzmán.
El testigo confirmó que realizó depósitos o transferencias a unas 100 personas presuntamente por solicitud de David Agustín Abreu Padilla y que adquirió regalos para personas cercanas al director del Cestur.
Aseguró que los fondos utilizados no provenían de la nómina, sino de partidas destinadas a raciones alimenticias e inteligencia de la institución.
Asimismo, reveló que, en ocasiones, Rafael Núñez de Aza pagaba gastos del Cestur con su propio dinero, el cual luego era reembolsado con fondos de las raciones e inteligencia.
Al ser cuestionado por los abogados Wendy Lora y Waldo Paulino sobre depósitos de 20 mil pesos a Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores, el testigo argumentó que no consideraba estos pagos ilegales, ya que los beneficiarios ocupaban puestos relevantes en la Presidencia de la República.
Añadió que, aunque realizó transferencias a aproximadamente 100 personas, desconoce por qué solo los generales están implicados en el proceso. Insistió en que nunca interactuó con los imputados presentes en la sala de audiencias.
Aplazamiento de la audiencia
La sesión fue suspendida debido a una crisis de amebiasis aguda sufrida por el imputado Roger Pérez Núñez, quien fue trasladado de emergencia a la Clínica Abreu. Pasadas las 5:00 p.m., permanecía en observación, recibiendo hidratación y sometiéndose a estudios médicos para determinar la causa de la afección.
El juicio se reanudará el próximo jueves 6 de marzo a las 9:00 a.m. en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde se espera la comparecencia de nuevos testigos para continuar con el proceso.
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.