Nacionales
Paliza rechaza nuevas propuestas y Pacheco se opone al proyecto de Genao.
Santo Domingo. – Los principales actores políticos del país en medio de un intenso debate sobre una posible reforma fiscal, se han opuesto a una posible reforma fiscal que busca cambiar el panorama económico de la nación.
El comentario más reciente vino del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que no habrá una nueva reforma fiscal durante el mandato del presidente Luis Abinader.
La declaración llega después de que se conociera el contenido de un nuevo proyecto de ley sometido por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, el cual plantea eliminar incentivos fiscales para el sector turismo, una propuesta que recuerda a la reforma fiscal que fue retirada en octubre de 2024.
Esta situación ha desatado reacciones de diversas figuras políticas, especialmente de aquellos que consideran que una reforma fiscal en este momento sería perjudicial para sectores clave de la economía.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró firme en su oposición al proyecto de ley propuesto por el diputado Rogelio Genao Lanza. En declaraciones recientes, Pacheco aseguró que el momento actual no es el más adecuado para impulsar una nueva reforma fiscal.
“Las cámaras legislativas nunca aprobarán proyectos que puedan lesionar el interés de los sectores productivos”, afirmó, haciendo referencia a los posibles impactos negativos que la eliminación de incentivos fiscales podría tener sobre las industrias turísticas y otros sectores económicos.
El presidente de la Cámara también remarcó que el gobierno ya había retirado una propuesta similar el año pasado, tras escuchar las quejas y protestas de diversos sectores, incluyendo empresarios y trabajadores.
El proyecto de Genao Lanza
El proyecto de ley sometido por el diputado Rogelio Genao Lanza propone una serie de cambios significativos, que incluyen la eliminación de incentivos fiscales para los inversores y promotores turísticos en varias regiones del país.
Esto afectaría especialmente a zonas clave para el desarrollo turístico, como Samaná, Barahona y Montecristi, entre otras, que actualmente gozan de beneficios fiscales bajo la Ley 158-01, conocida como Confotur.
Los cambios propuestos incluyen la eliminación de artículos específicos de esta ley, entre los que se destacan los párrafos II, III y IV del artículo 1, el artículo 2, y los artículos 4, 5, 6, 7 y 14, que otorgan exoneraciones fiscales a proyectos turísticos en distintas provincias y municipios.
De ser aprobado, este proyecto podría modificar de manera considerable la dinámica del sector, reduciendo la competitividad de ciertas zonas para la inversión en infraestructura turística.
Además, el proyecto también aborda otros aspectos relacionados con el sector de los juegos de azar, incluyendo una modificación del artículo 2 de la Ley 96-88, que establece nuevos requisitos para la importación y operación de máquinas tragamonedas.
Según la propuesta, esta importación estará sujeta al pago de impuestos y tasas, y las máquinas se consideraran propiedad del Estado dominicano mientras permanezcan en el país.
Otro aspecto clave del proyecto es la modificación del arancel de aduanas, aumentando el gravamen a un 20% para ciertos productos, así como una revisión de las exenciones fiscales para las asociaciones sin fines de lucro, en especial aquellas dedicadas a la educación.
Lanza se defiende
A pesar de la postura expresada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el diputado Rogelio Genao Lanza mantiene firme su posición sobre el polémico proyecto de ley.
Genao Lanza defiende la necesidad urgente de eliminar los regímenes de exenciones y privilegios fiscales, argumentando que el creciente déficit fiscal del país obliga al Estado a recurrir a préstamos, una situación que, según él, debe cambiar para asegurar la estabilidad económica del país.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.