Nacionales
«Me dijo lo que pensaba cuando ya no tenía valor de uso», dice Miriam Germán a Negro Veras.
Santo Domingo, R.D.-Durante el reconocimiento que le hizo el Tribunal Constitucional con motivo del Dia Internacional de las Juezas, la magistrada Miriam Germán Brito, reflexionó sobre los desafíos y sacrificios que implica la labor judicial, resaltando la importancia de la paz con la conciencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia.
Durante su discurso, Germán Brito expresó: «En este oficio no se puede negar que se sufre», pero aseguró que la satisfacción de actuar con rectitud y equidad es el mayor legado que deja tras su paso por la judicatura.
También hizo referencia a una experiencia personal reciente, en la que lamentó la actitud de una persona a quien describió como «el sepulturero de una amistad», por expresar ante la prensa ciertos sentimientos solo cuando ella está a punto de retirarse. En el marco del Día Internacional de las Juezas, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia solemne en reconocimiento a la trayectoria de la magistrada Miriam Germán Brito, ex procuradora general de la República Dominicana.
«A mí me llegó el tiempo de que me vaya, y lo que me dolió de la persona que yo he bautizado como el sepulturero de una amistad es que lo que me quería decir lo dijo ahora, cuando ya me voy, cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza. Pero ya, tengo la ayuda extraordinaria de la incapacidad para el rencor, y lo aprendí de mi abuelo», sostuvo.
No obstante, enfatizó que ha aprendido a no albergar rencor, un valor inculcado por su abuelo, a quien recordó como «un mulato extraordinario y culto», que desde niña le enseñó que el resentimiento es «un huésped ingrato que se come al que lo alberga».
La magistrada destacó que la imparcialidad ha sido el principio que ha guiado su carrera, asegurando que nunca actuó con favoritismos ni enemistades en su ejercicio como jueza. «Usted tiene que estar en paz con su conciencia, usted tiene que tratar a todos por igual, y esa es la única fortuna que me llevo», afirmó.
El acto, realizado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), estuvo presidido por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien, junto con los jueces y juezas del TC, honró la destacada labor de Germán Brito en la justicia dominicana.
Un homenaje a una trayectoria ejemplar
La audiencia inició con la entrada al recinto de los integrantes del Pleno del TC, acompañados por la homenajeada. Con el tradicional malletazo del magistrado Estévez Lavandier, se dio inicio al evento, seguido por la presentación de un video testimonial que resaltó la contribución de Germán Brito a la justicia del país.
Los jueces del TC dedicaron palabras de reconocimiento a la ex procuradora, quien, con emotividad, agradeció el gesto y destacó la importancia de la equidad de género en la judicatura.
Germán Brito agradeció el homenaje debido a que ha dedicado la mayor parte de su vida a un oficio que ama.
«Quiero dar las gracias a todos los miembros en la persona del presidente y nuestros amigos todos del Tribunal Constitucional por haberme considerado digna de este reconocimiento» sostuvo.
Germán Brito, una de las juristas más influyentes del país, se desempeñó como procuradora general desde agosto de 2020 hasta el 21 de febrero de 2025.
Anteriormente, ocupó un puesto en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), siendo una defensora de la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque reconoció que su intervención pudo parecer ajena al homenaje, justificó sus palabras al señalar que forman parte de las presiones y maltratos a los que se ven expuestos los jueces, incluso cuando actúan con corrección.
Declaraciones de Negro Veras
La pasada semana el jurista Ramón Antonio (Negro) Veras, dedicó una serie de críticas a la finalizada gestión de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República. Señaló que «su llegada me generó confianza por los estrechos vínculos que desde siempre nos han unido y por la trayectoria de independencia que había mostrado. Sin embargo, la alegría se disipó pronto, cuando llegué al convencimiento pleno de que desde la Procuraduría se elaboraban expedientes cargados de tipificación criminal contra ciudadanos y ciudadanas honorables».
Declaró, entre otras críticas que «como hombre de derecho, no podía quedarme callado. No podía ignorar lo que parecía evidente. Por eso, hice saber a la procuradora mi parecer y las razones que me llevaban a esa convicción. Se lo dije de viva voz y también se lo escribí. Pero mis palabras, mis advertencias, se estrellaron contra el silencio».
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.