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«Me dijo lo que pensaba cuando ya no tenía valor de uso», dice Miriam Germán a Negro Veras.
Santo Domingo, R.D.-Durante el reconocimiento que le hizo el Tribunal Constitucional con motivo del Dia Internacional de las Juezas, la magistrada Miriam Germán Brito, reflexionó sobre los desafíos y sacrificios que implica la labor judicial, resaltando la importancia de la paz con la conciencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia.
Durante su discurso, Germán Brito expresó: «En este oficio no se puede negar que se sufre», pero aseguró que la satisfacción de actuar con rectitud y equidad es el mayor legado que deja tras su paso por la judicatura.
También hizo referencia a una experiencia personal reciente, en la que lamentó la actitud de una persona a quien describió como «el sepulturero de una amistad», por expresar ante la prensa ciertos sentimientos solo cuando ella está a punto de retirarse. En el marco del Día Internacional de las Juezas, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia solemne en reconocimiento a la trayectoria de la magistrada Miriam Germán Brito, ex procuradora general de la República Dominicana.
«A mí me llegó el tiempo de que me vaya, y lo que me dolió de la persona que yo he bautizado como el sepulturero de una amistad es que lo que me quería decir lo dijo ahora, cuando ya me voy, cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza. Pero ya, tengo la ayuda extraordinaria de la incapacidad para el rencor, y lo aprendí de mi abuelo», sostuvo.
No obstante, enfatizó que ha aprendido a no albergar rencor, un valor inculcado por su abuelo, a quien recordó como «un mulato extraordinario y culto», que desde niña le enseñó que el resentimiento es «un huésped ingrato que se come al que lo alberga».
La magistrada destacó que la imparcialidad ha sido el principio que ha guiado su carrera, asegurando que nunca actuó con favoritismos ni enemistades en su ejercicio como jueza. «Usted tiene que estar en paz con su conciencia, usted tiene que tratar a todos por igual, y esa es la única fortuna que me llevo», afirmó.
El acto, realizado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), estuvo presidido por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien, junto con los jueces y juezas del TC, honró la destacada labor de Germán Brito en la justicia dominicana.
Un homenaje a una trayectoria ejemplar
La audiencia inició con la entrada al recinto de los integrantes del Pleno del TC, acompañados por la homenajeada. Con el tradicional malletazo del magistrado Estévez Lavandier, se dio inicio al evento, seguido por la presentación de un video testimonial que resaltó la contribución de Germán Brito a la justicia del país.
Los jueces del TC dedicaron palabras de reconocimiento a la ex procuradora, quien, con emotividad, agradeció el gesto y destacó la importancia de la equidad de género en la judicatura.
Germán Brito agradeció el homenaje debido a que ha dedicado la mayor parte de su vida a un oficio que ama.
«Quiero dar las gracias a todos los miembros en la persona del presidente y nuestros amigos todos del Tribunal Constitucional por haberme considerado digna de este reconocimiento» sostuvo.
Germán Brito, una de las juristas más influyentes del país, se desempeñó como procuradora general desde agosto de 2020 hasta el 21 de febrero de 2025.
Anteriormente, ocupó un puesto en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), siendo una defensora de la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque reconoció que su intervención pudo parecer ajena al homenaje, justificó sus palabras al señalar que forman parte de las presiones y maltratos a los que se ven expuestos los jueces, incluso cuando actúan con corrección.
Declaraciones de Negro Veras
La pasada semana el jurista Ramón Antonio (Negro) Veras, dedicó una serie de críticas a la finalizada gestión de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República. Señaló que «su llegada me generó confianza por los estrechos vínculos que desde siempre nos han unido y por la trayectoria de independencia que había mostrado. Sin embargo, la alegría se disipó pronto, cuando llegué al convencimiento pleno de que desde la Procuraduría se elaboraban expedientes cargados de tipificación criminal contra ciudadanos y ciudadanas honorables».
Declaró, entre otras críticas que «como hombre de derecho, no podía quedarme callado. No podía ignorar lo que parecía evidente. Por eso, hice saber a la procuradora mi parecer y las razones que me llevaban a esa convicción. Se lo dije de viva voz y también se lo escribí. Pero mis palabras, mis advertencias, se estrellaron contra el silencio».
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.