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«Me dijo lo que pensaba cuando ya no tenía valor de uso», dice Miriam Germán a Negro Veras.
Santo Domingo, R.D.-Durante el reconocimiento que le hizo el Tribunal Constitucional con motivo del Dia Internacional de las Juezas, la magistrada Miriam Germán Brito, reflexionó sobre los desafíos y sacrificios que implica la labor judicial, resaltando la importancia de la paz con la conciencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia.
Durante su discurso, Germán Brito expresó: «En este oficio no se puede negar que se sufre», pero aseguró que la satisfacción de actuar con rectitud y equidad es el mayor legado que deja tras su paso por la judicatura.
También hizo referencia a una experiencia personal reciente, en la que lamentó la actitud de una persona a quien describió como «el sepulturero de una amistad», por expresar ante la prensa ciertos sentimientos solo cuando ella está a punto de retirarse. En el marco del Día Internacional de las Juezas, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia solemne en reconocimiento a la trayectoria de la magistrada Miriam Germán Brito, ex procuradora general de la República Dominicana.
«A mí me llegó el tiempo de que me vaya, y lo que me dolió de la persona que yo he bautizado como el sepulturero de una amistad es que lo que me quería decir lo dijo ahora, cuando ya me voy, cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza. Pero ya, tengo la ayuda extraordinaria de la incapacidad para el rencor, y lo aprendí de mi abuelo», sostuvo.
No obstante, enfatizó que ha aprendido a no albergar rencor, un valor inculcado por su abuelo, a quien recordó como «un mulato extraordinario y culto», que desde niña le enseñó que el resentimiento es «un huésped ingrato que se come al que lo alberga».
La magistrada destacó que la imparcialidad ha sido el principio que ha guiado su carrera, asegurando que nunca actuó con favoritismos ni enemistades en su ejercicio como jueza. «Usted tiene que estar en paz con su conciencia, usted tiene que tratar a todos por igual, y esa es la única fortuna que me llevo», afirmó.
El acto, realizado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), estuvo presidido por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien, junto con los jueces y juezas del TC, honró la destacada labor de Germán Brito en la justicia dominicana.
Un homenaje a una trayectoria ejemplar
La audiencia inició con la entrada al recinto de los integrantes del Pleno del TC, acompañados por la homenajeada. Con el tradicional malletazo del magistrado Estévez Lavandier, se dio inicio al evento, seguido por la presentación de un video testimonial que resaltó la contribución de Germán Brito a la justicia del país.
Los jueces del TC dedicaron palabras de reconocimiento a la ex procuradora, quien, con emotividad, agradeció el gesto y destacó la importancia de la equidad de género en la judicatura.
Germán Brito agradeció el homenaje debido a que ha dedicado la mayor parte de su vida a un oficio que ama.
«Quiero dar las gracias a todos los miembros en la persona del presidente y nuestros amigos todos del Tribunal Constitucional por haberme considerado digna de este reconocimiento» sostuvo.
Germán Brito, una de las juristas más influyentes del país, se desempeñó como procuradora general desde agosto de 2020 hasta el 21 de febrero de 2025.
Anteriormente, ocupó un puesto en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), siendo una defensora de la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque reconoció que su intervención pudo parecer ajena al homenaje, justificó sus palabras al señalar que forman parte de las presiones y maltratos a los que se ven expuestos los jueces, incluso cuando actúan con corrección.
Declaraciones de Negro Veras
La pasada semana el jurista Ramón Antonio (Negro) Veras, dedicó una serie de críticas a la finalizada gestión de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República. Señaló que «su llegada me generó confianza por los estrechos vínculos que desde siempre nos han unido y por la trayectoria de independencia que había mostrado. Sin embargo, la alegría se disipó pronto, cuando llegué al convencimiento pleno de que desde la Procuraduría se elaboraban expedientes cargados de tipificación criminal contra ciudadanos y ciudadanas honorables».
Declaró, entre otras críticas que «como hombre de derecho, no podía quedarme callado. No podía ignorar lo que parecía evidente. Por eso, hice saber a la procuradora mi parecer y las razones que me llevaban a esa convicción. Se lo dije de viva voz y también se lo escribí. Pero mis palabras, mis advertencias, se estrellaron contra el silencio».
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, respondió este lunes al octavo informe presentado por la organización Participación Ciudadana, en el que se analiza el proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años, rechazando su contenido y alegando que contiene “informaciones falsas o manipuladas”.
En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Rodríguez sostiene que el informe busca “imponer una narrativa” que presiona al sistema de justicia, especialmente ante el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales establecido en el Código Procesal Penal.
El exfuncionario afirma que la prolongación del caso no es atribuible a su defensa, sino exclusivamente a supuestas negligencias del Ministerio Público.
- Según su versión, la investigación se ha visto afectada por retrasos en la presentación de la acusación, manejo inadecuado de evidencias digitales y múltiples aplazamientos.
Rodríguez destacó que pasó cuatro años en prisión preventiva y que, durante todo el proceso, ha asistido a cada audiencia sin solicitar suspensiones, lo que a su juicio contradice cualquier intención de dilatar el caso.
También aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y millones de archivos digitales, lo que habría contribuido a extender los plazos judiciales.
En su respuesta, el exprocurador cuestionó duramente a Participación Ciudadana, al que calificó de “ente desacreditado”, alegando que su informe omite elementos clave del expediente judicial y utiliza jurisprudencia desactualizada.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público habría incurrido en demoras desde las etapas iniciales del proceso, incluyendo extensiones en la fase de investigación, fallos en la gestión de evidencias y decisiones contradictorias sobre la estructura del expediente.
Entre los señalamientos, también mencionó supuestos retrasos derivados de errores en el manejo de pruebas digitales, incumplimientos en la entrega de evidencias de descargo y decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez insistió en que la normativa vigente establece límites claros para la duración de los procesos penales y que cualquier extensión debe ser autorizada por un juez en caso de dilaciones atribuibles a la defensa, lo cual según afirma no ha ocurrido en su caso.
Sostuvo además que en varias ocasiones los tribunales han rechazado alegatos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia de que los retrasos han sido generados por el órgano acusador.
Finalmente, el exprocurador convocó a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, donde su equipo legal presentará documentación y explicaciones detalladas sobre el proceso y el informe de Participación Ciudadana.
En ese encuentro, afirmó, se ofrecerán evidencias para responder a lo que califica como “planteamientos falsos” difundidos en el documento de la organización
Santo Domingo, R.D.- La decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G se conocerá el próximo jueves cuando las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se pronuncien al respecto, cuyo desfalco en contra del Estado alcanza los 4 mil quinientos millones de pesos, recursos que habrian sido utilizados para beneficios personales.
Este martes, la magistrada presidenta, Gisselle Méndez, junto a las demás juezas del tribunal, recesó la audiencia hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a las condiciones climáticas del país.
Ese día serán escuchados varios imputados del caso Coral y Coral 5G: los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Luego de ser escuchados, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes y se retirarán a deliberar para valorar la acusación del Ministerio Público y las evidencias presentadas en el proceso. También estudiarán los argumentos de la defensa y las pruebas aportadas por los abogados de los imputados.
Una vez se retiren, las magistradas deberán emitir la decisión dentro de un plazo de 30 días, contado desde el momento en que se reserven el fallo.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los imputados. Posteriormente, los abogados de los encartados refutaron los hechos imputados a sus defendidos. Luego, el órgano acusador presentó su réplica y, a su vez, la defensa realizó la contrarréplica.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual manera, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción impuestas, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluyendo cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
El próximo jueves, varios imputados del caso Coral y Coral 5G agotarán su turno de intervención ante el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Cinco de cárcel le impuso la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional a Elizabeth Silverio por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.
Conforme al Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
De igual forma, Magalys Sánchez Guzmán, fiscal del Distrito Nacional, expresó que Silverio “se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios profesionales”.
La representante del órgano persecutor explicó que Silverio falsificó un exequatur para así “poder demostrar a los padres y engañarlos”.
Sin embargo, Waldo Paulino, abogado de Silverio, aseguró que apelaran la sentencia y explicó que no se pudo comprobar que Silverio “realizo un titulo falso”.
Cabe destacar que el órgano fiscal estableció que la señalada violó los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.