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El proyecto de ley del Código Penal otra vez en la palestra pública.
SANTO DOMINGO.- Una Comisión Especial fue creada en el Senado de la República para el estudio y ponderación del proyecto de ley del Código Penal.
La misma está presidida por el senador Santiago José Zorrilla e integrada por Pedro Catrain, Omar Fernández, Franklin Romero, Antonio Tavéras Guzmán, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc y Cristóbal Venerado Castillo.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró como una “deuda que tiene el Congreso Nacional con el país” la necesidad de que sean aplicadas a la mayor brevedad las sanciones establecidas en esta pieza legislativa.
“Tenemos que buscar la manera de que sea aprobado porque el Código Penal que tenemos data del siglo XIX y ya estamos en el XXI, significa que ese proyecto tiene casi 30 años dando vueltas en el congreso” expresó De los Santos.
En tanto que el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, abogó por su aprobación para que el nuevo Ministerio Público independiente se estrene aplicando el Código Penal.
Genao recomendó a los miembros de la Comisión Especial a que dediquen todo el tiempo necesario para ampliar el consenso logrado y establecer una redacción que “nos llene de orgullo y que sea fértil en la otra ala del Congreso”.
Proyectos aprobados en primera lectura:
El Pleno del Senado aprobó reintroducir y aprobar en primera lectura varias piezas legislativas aprobadas y perimidas en la legislatura pasada; como el proyecto ley de Eficiencia Energética, presentado por el senador Félix Bautista.
Esta ley tiene por objeto el fomento y promoción del uso eficiente de energía, mediante la creación de un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y régimen de incentivos, que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.
En los trabajos legislativos de este martes los senadores sancionaron el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, propuesta de los senadores Ricardo de los Santos y Cristóbal Castillo.
La pieza busca garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado, de toda conducta, acto, actuación y omisión de la Administración Pública, regulando la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo consagrado en la Constitución de la República.
En primera lectura se aprobó también el proyecto de ley que reorganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), iniciativa de los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Castillo.
Esta iniciativa tiene el propósito de adecuar la actualización de los órganos, infraestructuras y los procedimientos que componen el Sistema Dominicano para la Calidad, la redefinición e integración del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) y las normas y directrices que regulan el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y el Instituto Dominicano para la Acreditación (INDAC).
En la sesión fue conocido y aprobado en primera lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 14 y 21, de la Ley núm.631-16 para el Control y Regulación de Armas, municiones y materiales relacionados, iniciativa del senador Alexis Victoria Yeb.
Dentro de los proyectos perimidos también figura el que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, presentado por el senador Cristóbal Castillo.
Esta ley busca modificar el artículo 113, de la Ley 590-16 a los fines de establecer los mecanismos de indexación de las jubilaciones y pensiones que reciben los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro, que la hayan recibido antes de la entrada en vigencia de la indicada ley.
También, se aprobó el proyecto que ordena la colocación del Valor Energético de los Alimentos en Restaurantes y otros lugares de expendio, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb.
Fue sancionado en primera lectura la ley que dispone la Implementación de Detectores de Metales en Instituciones Públicas y Privadas de la República Dominicana, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
Los legisladores sancionaron, además, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), iniciativa propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
En la sesión, también se aprobó el proyecto que libera de Impuesto de Importación a las Cámaras Digitales Utilizadas en los Sistemas de Seguridad, así como el proyecto que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17, de la Ley 70 sobre Actividad Portuaria. Ambas piezas legislativas de la autoría de la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.
De igual manera y en primera lectura se aprobó el proyecto que designa con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega. Proponente Ramón Rogelio Genao Durán.
Así como el proyecto de ley que declara la procesión de la Divina Pastora como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana y la Iglesia Divina Pastora como Patrimonio Monumental, También, el proyecto que designa con el nombre Leopoldina Taveras Martínez, el tramo comprendido entre el kilómetro 7, de la carretera que conecta el Seibo-Hato Mayor, pasando por Candelaria Magarín hasta Bejucal, ambas del senador Santiago José Zorrilla.
En segunda lectura:
En segunda lectura fue sancionado el proyecto de ley que define la ubicación territorial del Parque Nacional Salto de la Jalda, dentro de las provincias Hato Mayor y el Seibo y lo adiciona Ley sectorial de Áreas Protegidas, propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.
En única lectura
Mientras que en única lectura el Pleno ratificó tres nombramientos diplomáticos entre ellos de Raquel Josefina Jacobo Jaar, ante la República de Trinidad y Tobago; también a Reinaldo Rafael Espinal en la República Socialista de Vietnam; y Ricardo Tomás Polanco Reinoso, en la República de Guatemala.
Los senadores guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de combatiente revolucionario Rafael Crespo Minaya, de igual manera honraron la memoria del músico Diómedes Núñez con un aplauso.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.