Nacionales
El proyecto de ley del Código Penal otra vez en la palestra pública.
SANTO DOMINGO.- Una Comisión Especial fue creada en el Senado de la República para el estudio y ponderación del proyecto de ley del Código Penal.
La misma está presidida por el senador Santiago José Zorrilla e integrada por Pedro Catrain, Omar Fernández, Franklin Romero, Antonio Tavéras Guzmán, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc y Cristóbal Venerado Castillo.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró como una “deuda que tiene el Congreso Nacional con el país” la necesidad de que sean aplicadas a la mayor brevedad las sanciones establecidas en esta pieza legislativa.
“Tenemos que buscar la manera de que sea aprobado porque el Código Penal que tenemos data del siglo XIX y ya estamos en el XXI, significa que ese proyecto tiene casi 30 años dando vueltas en el congreso” expresó De los Santos.
En tanto que el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, abogó por su aprobación para que el nuevo Ministerio Público independiente se estrene aplicando el Código Penal.
Genao recomendó a los miembros de la Comisión Especial a que dediquen todo el tiempo necesario para ampliar el consenso logrado y establecer una redacción que “nos llene de orgullo y que sea fértil en la otra ala del Congreso”.
Proyectos aprobados en primera lectura:
El Pleno del Senado aprobó reintroducir y aprobar en primera lectura varias piezas legislativas aprobadas y perimidas en la legislatura pasada; como el proyecto ley de Eficiencia Energética, presentado por el senador Félix Bautista.
Esta ley tiene por objeto el fomento y promoción del uso eficiente de energía, mediante la creación de un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y régimen de incentivos, que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.
En los trabajos legislativos de este martes los senadores sancionaron el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, propuesta de los senadores Ricardo de los Santos y Cristóbal Castillo.
La pieza busca garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado, de toda conducta, acto, actuación y omisión de la Administración Pública, regulando la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo consagrado en la Constitución de la República.
En primera lectura se aprobó también el proyecto de ley que reorganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), iniciativa de los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Castillo.
Esta iniciativa tiene el propósito de adecuar la actualización de los órganos, infraestructuras y los procedimientos que componen el Sistema Dominicano para la Calidad, la redefinición e integración del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) y las normas y directrices que regulan el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y el Instituto Dominicano para la Acreditación (INDAC).
En la sesión fue conocido y aprobado en primera lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 14 y 21, de la Ley núm.631-16 para el Control y Regulación de Armas, municiones y materiales relacionados, iniciativa del senador Alexis Victoria Yeb.
Dentro de los proyectos perimidos también figura el que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, presentado por el senador Cristóbal Castillo.
Esta ley busca modificar el artículo 113, de la Ley 590-16 a los fines de establecer los mecanismos de indexación de las jubilaciones y pensiones que reciben los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro, que la hayan recibido antes de la entrada en vigencia de la indicada ley.
También, se aprobó el proyecto que ordena la colocación del Valor Energético de los Alimentos en Restaurantes y otros lugares de expendio, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb.
Fue sancionado en primera lectura la ley que dispone la Implementación de Detectores de Metales en Instituciones Públicas y Privadas de la República Dominicana, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
Los legisladores sancionaron, además, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), iniciativa propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
En la sesión, también se aprobó el proyecto que libera de Impuesto de Importación a las Cámaras Digitales Utilizadas en los Sistemas de Seguridad, así como el proyecto que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17, de la Ley 70 sobre Actividad Portuaria. Ambas piezas legislativas de la autoría de la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.
De igual manera y en primera lectura se aprobó el proyecto que designa con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega. Proponente Ramón Rogelio Genao Durán.
Así como el proyecto de ley que declara la procesión de la Divina Pastora como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana y la Iglesia Divina Pastora como Patrimonio Monumental, También, el proyecto que designa con el nombre Leopoldina Taveras Martínez, el tramo comprendido entre el kilómetro 7, de la carretera que conecta el Seibo-Hato Mayor, pasando por Candelaria Magarín hasta Bejucal, ambas del senador Santiago José Zorrilla.
En segunda lectura:
En segunda lectura fue sancionado el proyecto de ley que define la ubicación territorial del Parque Nacional Salto de la Jalda, dentro de las provincias Hato Mayor y el Seibo y lo adiciona Ley sectorial de Áreas Protegidas, propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.
En única lectura
Mientras que en única lectura el Pleno ratificó tres nombramientos diplomáticos entre ellos de Raquel Josefina Jacobo Jaar, ante la República de Trinidad y Tobago; también a Reinaldo Rafael Espinal en la República Socialista de Vietnam; y Ricardo Tomás Polanco Reinoso, en la República de Guatemala.
Los senadores guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de combatiente revolucionario Rafael Crespo Minaya, de igual manera honraron la memoria del músico Diómedes Núñez con un aplauso.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.