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El proyecto de ley del Código Penal otra vez en la palestra pública.
SANTO DOMINGO.- Una Comisión Especial fue creada en el Senado de la República para el estudio y ponderación del proyecto de ley del Código Penal.
La misma está presidida por el senador Santiago José Zorrilla e integrada por Pedro Catrain, Omar Fernández, Franklin Romero, Antonio Tavéras Guzmán, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc y Cristóbal Venerado Castillo.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró como una “deuda que tiene el Congreso Nacional con el país” la necesidad de que sean aplicadas a la mayor brevedad las sanciones establecidas en esta pieza legislativa.
“Tenemos que buscar la manera de que sea aprobado porque el Código Penal que tenemos data del siglo XIX y ya estamos en el XXI, significa que ese proyecto tiene casi 30 años dando vueltas en el congreso” expresó De los Santos.
En tanto que el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, abogó por su aprobación para que el nuevo Ministerio Público independiente se estrene aplicando el Código Penal.
Genao recomendó a los miembros de la Comisión Especial a que dediquen todo el tiempo necesario para ampliar el consenso logrado y establecer una redacción que “nos llene de orgullo y que sea fértil en la otra ala del Congreso”.
Proyectos aprobados en primera lectura:
El Pleno del Senado aprobó reintroducir y aprobar en primera lectura varias piezas legislativas aprobadas y perimidas en la legislatura pasada; como el proyecto ley de Eficiencia Energética, presentado por el senador Félix Bautista.
Esta ley tiene por objeto el fomento y promoción del uso eficiente de energía, mediante la creación de un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y régimen de incentivos, que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.
En los trabajos legislativos de este martes los senadores sancionaron el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, propuesta de los senadores Ricardo de los Santos y Cristóbal Castillo.
La pieza busca garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado, de toda conducta, acto, actuación y omisión de la Administración Pública, regulando la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo consagrado en la Constitución de la República.
En primera lectura se aprobó también el proyecto de ley que reorganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), iniciativa de los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Castillo.
Esta iniciativa tiene el propósito de adecuar la actualización de los órganos, infraestructuras y los procedimientos que componen el Sistema Dominicano para la Calidad, la redefinición e integración del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) y las normas y directrices que regulan el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y el Instituto Dominicano para la Acreditación (INDAC).
En la sesión fue conocido y aprobado en primera lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 14 y 21, de la Ley núm.631-16 para el Control y Regulación de Armas, municiones y materiales relacionados, iniciativa del senador Alexis Victoria Yeb.
Dentro de los proyectos perimidos también figura el que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, presentado por el senador Cristóbal Castillo.
Esta ley busca modificar el artículo 113, de la Ley 590-16 a los fines de establecer los mecanismos de indexación de las jubilaciones y pensiones que reciben los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro, que la hayan recibido antes de la entrada en vigencia de la indicada ley.
También, se aprobó el proyecto que ordena la colocación del Valor Energético de los Alimentos en Restaurantes y otros lugares de expendio, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb.
Fue sancionado en primera lectura la ley que dispone la Implementación de Detectores de Metales en Instituciones Públicas y Privadas de la República Dominicana, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
Los legisladores sancionaron, además, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), iniciativa propuesta del senador Santiago José Zorrilla.
En la sesión, también se aprobó el proyecto que libera de Impuesto de Importación a las Cámaras Digitales Utilizadas en los Sistemas de Seguridad, así como el proyecto que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17, de la Ley 70 sobre Actividad Portuaria. Ambas piezas legislativas de la autoría de la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.
De igual manera y en primera lectura se aprobó el proyecto que designa con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega. Proponente Ramón Rogelio Genao Durán.
Así como el proyecto de ley que declara la procesión de la Divina Pastora como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana y la Iglesia Divina Pastora como Patrimonio Monumental, También, el proyecto que designa con el nombre Leopoldina Taveras Martínez, el tramo comprendido entre el kilómetro 7, de la carretera que conecta el Seibo-Hato Mayor, pasando por Candelaria Magarín hasta Bejucal, ambas del senador Santiago José Zorrilla.
En segunda lectura:
En segunda lectura fue sancionado el proyecto de ley que define la ubicación territorial del Parque Nacional Salto de la Jalda, dentro de las provincias Hato Mayor y el Seibo y lo adiciona Ley sectorial de Áreas Protegidas, propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.
En única lectura
Mientras que en única lectura el Pleno ratificó tres nombramientos diplomáticos entre ellos de Raquel Josefina Jacobo Jaar, ante la República de Trinidad y Tobago; también a Reinaldo Rafael Espinal en la República Socialista de Vietnam; y Ricardo Tomás Polanco Reinoso, en la República de Guatemala.
Los senadores guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de combatiente revolucionario Rafael Crespo Minaya, de igual manera honraron la memoria del músico Diómedes Núñez con un aplauso.
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, respondió este lunes al octavo informe presentado por la organización Participación Ciudadana, en el que se analiza el proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años, rechazando su contenido y alegando que contiene “informaciones falsas o manipuladas”.
En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Rodríguez sostiene que el informe busca “imponer una narrativa” que presiona al sistema de justicia, especialmente ante el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales establecido en el Código Procesal Penal.
El exfuncionario afirma que la prolongación del caso no es atribuible a su defensa, sino exclusivamente a supuestas negligencias del Ministerio Público.
- Según su versión, la investigación se ha visto afectada por retrasos en la presentación de la acusación, manejo inadecuado de evidencias digitales y múltiples aplazamientos.
Rodríguez destacó que pasó cuatro años en prisión preventiva y que, durante todo el proceso, ha asistido a cada audiencia sin solicitar suspensiones, lo que a su juicio contradice cualquier intención de dilatar el caso.
También aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y millones de archivos digitales, lo que habría contribuido a extender los plazos judiciales.
En su respuesta, el exprocurador cuestionó duramente a Participación Ciudadana, al que calificó de “ente desacreditado”, alegando que su informe omite elementos clave del expediente judicial y utiliza jurisprudencia desactualizada.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público habría incurrido en demoras desde las etapas iniciales del proceso, incluyendo extensiones en la fase de investigación, fallos en la gestión de evidencias y decisiones contradictorias sobre la estructura del expediente.
Entre los señalamientos, también mencionó supuestos retrasos derivados de errores en el manejo de pruebas digitales, incumplimientos en la entrega de evidencias de descargo y decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez insistió en que la normativa vigente establece límites claros para la duración de los procesos penales y que cualquier extensión debe ser autorizada por un juez en caso de dilaciones atribuibles a la defensa, lo cual según afirma no ha ocurrido en su caso.
Sostuvo además que en varias ocasiones los tribunales han rechazado alegatos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia de que los retrasos han sido generados por el órgano acusador.
Finalmente, el exprocurador convocó a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, donde su equipo legal presentará documentación y explicaciones detalladas sobre el proceso y el informe de Participación Ciudadana.
En ese encuentro, afirmó, se ofrecerán evidencias para responder a lo que califica como “planteamientos falsos” difundidos en el documento de la organización
Santo Domingo, R.D.- La decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G se conocerá el próximo jueves cuando las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se pronuncien al respecto, cuyo desfalco en contra del Estado alcanza los 4 mil quinientos millones de pesos, recursos que habrian sido utilizados para beneficios personales.
Este martes, la magistrada presidenta, Gisselle Méndez, junto a las demás juezas del tribunal, recesó la audiencia hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a las condiciones climáticas del país.
Ese día serán escuchados varios imputados del caso Coral y Coral 5G: los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Luego de ser escuchados, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes y se retirarán a deliberar para valorar la acusación del Ministerio Público y las evidencias presentadas en el proceso. También estudiarán los argumentos de la defensa y las pruebas aportadas por los abogados de los imputados.
Una vez se retiren, las magistradas deberán emitir la decisión dentro de un plazo de 30 días, contado desde el momento en que se reserven el fallo.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los imputados. Posteriormente, los abogados de los encartados refutaron los hechos imputados a sus defendidos. Luego, el órgano acusador presentó su réplica y, a su vez, la defensa realizó la contrarréplica.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual manera, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción impuestas, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluyendo cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
El próximo jueves, varios imputados del caso Coral y Coral 5G agotarán su turno de intervención ante el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Cinco de cárcel le impuso la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional a Elizabeth Silverio por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.
Conforme al Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
De igual forma, Magalys Sánchez Guzmán, fiscal del Distrito Nacional, expresó que Silverio “se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios profesionales”.
La representante del órgano persecutor explicó que Silverio falsificó un exequatur para así “poder demostrar a los padres y engañarlos”.
Sin embargo, Waldo Paulino, abogado de Silverio, aseguró que apelaran la sentencia y explicó que no se pudo comprobar que Silverio “realizo un titulo falso”.
Cabe destacar que el órgano fiscal estableció que la señalada violó los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.