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Acusados de narcotráfico y lavado de activos mediante Operación Metal Blanco son enviados a juicio.
Santo Domingo.- Los acusados de formar parte de una red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en el año 2023 mediante la Operación Metal Blanco fueron enviados a juicio por el Juzgado de la Instrucción de Barahona.
Entre los imputados figuran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL. Todos líderes de la red.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger de manera total la acusación del Ministerio Público, acogiendo en consecuencia todos los elementos de pruebas presentados y la calificación jurídica. Además, mantuvo el secuestro de todos los bienes.
El expediente señala que la red operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región sur de la República Dominicana.
El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo de interdicción, ejecutado el 10 de julio de 2023, en el cual les fueron ocupados 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. Además, esta red es vinculada con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de catorce (14) pacas con 446 paquetes, y el 3 de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón, de Barahona.
Esta red criminal fue acusada por violación a las disposiciones de los artículos 4, letra D; 5, letra A; 35, literal D; 58, literal A y C, párrafo, 60; 75, párrafo II; 85, letra B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3, literal A, B y C; artículos 18 y 21, literal A y B, de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves, así como los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
De acuerdo al comunicado, los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y que no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura criminal movió en el sistema financiero nacional la suma de RD$1,221,436,064.41 (Mil Doscientos Veintiún Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos y Cuarenta y Un Centavos) y US$96,665.41 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Dólares con Cuarenta y Un Centavos).
Destaca, los movimientos, de manera particular de los acusados Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras con entradas de Ochocientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Dos Pesos Con Setenta y Un Centavos (RD$ 830,448,082.71), además de entradas en dólares de Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Dólares Con Cuarenta y Un Centavos (US$ 61,155.41).
Indica que el acusado José Augusto Romero Cedeño registró ingresos de Ciento Dieciséis Millones Ciento Veintitrés Mil Diecinueve Pesos Con Sesenta y Seis Centavos (RD$116,123,019.66), además de ingresos en dólares de Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés Dólares Con Cincuenta y Dos Centavos (US$ 34,223.52).
La acusada Ruz Esther Matos también ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por Un millón Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos (RD$1,376,700.00).
Mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur Replacovemesur SRL, también se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintiséis Pesos con Setenta y Seis Centavos (RD$35,829,826.76).
Respecto a Cledyn Pérez Féliz se desglosó el expediente y fue declarado en rebeldía.
El equipo de Fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación.
También, fue expuesta la relación entre cada uno de ellos, estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma, en las que se obtuvo pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.
El Ministerio Público solicita en este proceso el decomiso de más de treinta (30) bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la referida red.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.