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Acusados de narcotráfico y lavado de activos mediante Operación Metal Blanco son enviados a juicio.
Santo Domingo.- Los acusados de formar parte de una red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en el año 2023 mediante la Operación Metal Blanco fueron enviados a juicio por el Juzgado de la Instrucción de Barahona.
Entre los imputados figuran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL. Todos líderes de la red.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger de manera total la acusación del Ministerio Público, acogiendo en consecuencia todos los elementos de pruebas presentados y la calificación jurídica. Además, mantuvo el secuestro de todos los bienes.
El expediente señala que la red operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región sur de la República Dominicana.
El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo de interdicción, ejecutado el 10 de julio de 2023, en el cual les fueron ocupados 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. Además, esta red es vinculada con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de catorce (14) pacas con 446 paquetes, y el 3 de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón, de Barahona.
Esta red criminal fue acusada por violación a las disposiciones de los artículos 4, letra D; 5, letra A; 35, literal D; 58, literal A y C, párrafo, 60; 75, párrafo II; 85, letra B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3, literal A, B y C; artículos 18 y 21, literal A y B, de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves, así como los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
De acuerdo al comunicado, los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y que no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura criminal movió en el sistema financiero nacional la suma de RD$1,221,436,064.41 (Mil Doscientos Veintiún Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos y Cuarenta y Un Centavos) y US$96,665.41 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Dólares con Cuarenta y Un Centavos).
Destaca, los movimientos, de manera particular de los acusados Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras con entradas de Ochocientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Dos Pesos Con Setenta y Un Centavos (RD$ 830,448,082.71), además de entradas en dólares de Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Dólares Con Cuarenta y Un Centavos (US$ 61,155.41).
Indica que el acusado José Augusto Romero Cedeño registró ingresos de Ciento Dieciséis Millones Ciento Veintitrés Mil Diecinueve Pesos Con Sesenta y Seis Centavos (RD$116,123,019.66), además de ingresos en dólares de Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés Dólares Con Cincuenta y Dos Centavos (US$ 34,223.52).
La acusada Ruz Esther Matos también ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por Un millón Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos (RD$1,376,700.00).
Mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur Replacovemesur SRL, también se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintiséis Pesos con Setenta y Seis Centavos (RD$35,829,826.76).
Respecto a Cledyn Pérez Féliz se desglosó el expediente y fue declarado en rebeldía.
El equipo de Fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación.
También, fue expuesta la relación entre cada uno de ellos, estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma, en las que se obtuvo pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.
El Ministerio Público solicita en este proceso el decomiso de más de treinta (30) bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la referida red.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.