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Acusados de narcotráfico y lavado de activos mediante Operación Metal Blanco son enviados a juicio.

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Santo Domingo.- Los acusados de formar parte de una red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en el año 2023 mediante la Operación Metal Blanco  fueron enviados a juicio por  el Juzgado de la Instrucción de Barahona.

Entre los imputados figuran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL. Todos líderes de la red.

El juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger de manera total la acusación del Ministerio Público, acogiendo en consecuencia todos los elementos de pruebas presentados y la calificación jurídica. Además, mantuvo el secuestro de todos los bienes.

El expediente señala que la red operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región sur de la República Dominicana.

El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo de interdicción, ejecutado el 10 de julio de 2023, en el cual les fueron ocupados 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. Además, esta red es vinculada con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de catorce (14) pacas con 446 paquetes, y el 3 de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón, de Barahona.

Esta red criminal fue acusada por violación a las disposiciones de los artículos 4, letra D; 5, letra A; 35, literal D; 58, literal A y C, párrafo, 60; 75, párrafo II; 85, letra B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3, literal A, B y C; artículos 18 y 21, literal A y B, de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves, así como los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.

De acuerdo al comunicado, los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y que no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura criminal movió en el sistema financiero nacional la suma de RD$1,221,436,064.41 (Mil Doscientos Veintiún Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos y Cuarenta y Un Centavos) y US$96,665.41 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Dólares con Cuarenta y Un Centavos).

Destaca, los movimientos, de manera particular de los acusados Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras con entradas de Ochocientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Dos Pesos Con Setenta y Un Centavos (RD$ 830,448,082.71), además de entradas en dólares de Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Dólares Con Cuarenta y Un Centavos (US$ 61,155.41).

Indica que el acusado José Augusto Romero Cedeño registró ingresos de Ciento Dieciséis Millones Ciento Veintitrés Mil Diecinueve Pesos Con Sesenta y Seis Centavos (RD$116,123,019.66), además de ingresos en dólares de Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés Dólares Con Cincuenta y Dos Centavos (US$ 34,223.52).

La acusada Ruz Esther Matos también ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por Un millón Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos (RD$1,376,700.00).

Mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur Replacovemesur SRL, también se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintiséis Pesos con Setenta y Seis Centavos (RD$35,829,826.76).

Respecto a Cledyn Pérez Féliz se desglosó el expediente y fue declarado en rebeldía.

El equipo de Fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación.

También, fue expuesta la relación entre cada uno de ellos, estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma, en las que se obtuvo pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.

El Ministerio Público solicita en este proceso el decomiso de más de treinta (30) bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la referida red.

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Gobierno dominicano declara terroristas a organizaciones de Irán y el Líbano.

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Por EFE

Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.

Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.

Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.

an/am

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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.

La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.

«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.

«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Laura SeguraProcuradora fiscal de San Cristóbal

Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.

Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

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Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. 

El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.

En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).

Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.

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Infografía
La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal. 

Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.

A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.

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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.

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Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha»,  quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta  ilegal en que ha incurrido.

Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica,  acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.

Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.

“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.

No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.

Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.

El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa

¿Cómo funciona la depuración?

“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.

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