Más Noticias
Acusados de narcotráfico y lavado de activos mediante Operación Metal Blanco son enviados a juicio.
Santo Domingo.- Los acusados de formar parte de una red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en el año 2023 mediante la Operación Metal Blanco fueron enviados a juicio por el Juzgado de la Instrucción de Barahona.
Entre los imputados figuran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL. Todos líderes de la red.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger de manera total la acusación del Ministerio Público, acogiendo en consecuencia todos los elementos de pruebas presentados y la calificación jurídica. Además, mantuvo el secuestro de todos los bienes.
El expediente señala que la red operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región sur de la República Dominicana.
El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo de interdicción, ejecutado el 10 de julio de 2023, en el cual les fueron ocupados 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. Además, esta red es vinculada con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de catorce (14) pacas con 446 paquetes, y el 3 de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón, de Barahona.
Esta red criminal fue acusada por violación a las disposiciones de los artículos 4, letra D; 5, letra A; 35, literal D; 58, literal A y C, párrafo, 60; 75, párrafo II; 85, letra B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3, literal A, B y C; artículos 18 y 21, literal A y B, de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves, así como los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
De acuerdo al comunicado, los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y que no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura criminal movió en el sistema financiero nacional la suma de RD$1,221,436,064.41 (Mil Doscientos Veintiún Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos y Cuarenta y Un Centavos) y US$96,665.41 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Dólares con Cuarenta y Un Centavos).
Destaca, los movimientos, de manera particular de los acusados Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras con entradas de Ochocientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Dos Pesos Con Setenta y Un Centavos (RD$ 830,448,082.71), además de entradas en dólares de Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Dólares Con Cuarenta y Un Centavos (US$ 61,155.41).
Indica que el acusado José Augusto Romero Cedeño registró ingresos de Ciento Dieciséis Millones Ciento Veintitrés Mil Diecinueve Pesos Con Sesenta y Seis Centavos (RD$116,123,019.66), además de ingresos en dólares de Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés Dólares Con Cincuenta y Dos Centavos (US$ 34,223.52).
La acusada Ruz Esther Matos también ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por Un millón Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos (RD$1,376,700.00).
Mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur Replacovemesur SRL, también se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintiséis Pesos con Setenta y Seis Centavos (RD$35,829,826.76).
Respecto a Cledyn Pérez Féliz se desglosó el expediente y fue declarado en rebeldía.
El equipo de Fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación.
También, fue expuesta la relación entre cada uno de ellos, estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma, en las que se obtuvo pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.
El Ministerio Público solicita en este proceso el decomiso de más de treinta (30) bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la referida red.
Más Noticias
Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.