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El pais ya cuenta con nueva Cámara de Cuentas para periodo 2025-2029
Santo Domingo.- El bufete directivo de la Cámara de Cuentas fue escogido por el Senado de la República, el cual será presidido por Emma Polanco Melo de Mercedes, presidente; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente, así como los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
El presidente de la Comisión Especial que tenía a su cargo el estudio de la escogencia, senador Guillermo Lama, representante de la provincia Bahoruco, rindió un informe favorable al Pleno Senatorial sobre el proceso de estudio y análisis de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados para integrar los cinco miembros del órgano fiscalizador de los recursos del Estado dominicano, para el período 2025-2029.
Explicó que de la primera terna se escogió a Francisco Alberto Franco Soto; de la segunda a Emma Polanco Melo de Mercedes; de la tercera propuesta a Francisco Tamárez Florentino; de la cuarta terna a Ramón Méndez Acosta; y de la quinta, a Griselda Gómez Santana.
El legislador dijo que con esta escogencia se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, sobre la conformación del Bufete directivo de la Cámara de Cuentas, dispuesto en la Ley No. 10-04, del 20 de enero del 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y al reglamento interno del Senado de la República, en sus artículos 302, 303 y 304.
La Comisión Especial estuvo integrada, además, por los senadores Pedro Tineo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Moisés Ayala, María Mercedes Ortiz, Gustavo Lara, Omar Fernández, Franklin Romero, y Eduard Espiritusanto.
Según el informe, la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados fue apoderada de 234 expedientes de aspirantes a miembros de la entidad del órgano fiscalizador del Estado
Para escoger estas ternas, los diputados seleccionaron 214 postulantes que, según refiere el proyecto, cumplían con los requisitos constitucionales y legales con los cuales se elaboró la lista por la Cámara Baja. Sin embargo, la comisión entrevistó a 193 aspirantes que concluyeron el proceso.
Las ternas sometidas por la Cámara Baja están conformadas con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
En los trabajos de este martes, también fue presentado y sometido al Pleno Senatorial un informe disidente por el Bloque de la Fuerza del Pueblo, el cual fue rechazado por la mayoría de los senadores presentes.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, convocó a los senadores a la juramentación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el próximo miércoles 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, en el Salón Reinaldo Pared Pérez, en la cuarta planta del edificio del Congreso Nacional.
SESIÓN
En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentado por el senador Alexis Victoria Yeb.
La iniciativa establece el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.
En segunda lectura fue conocido el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde, al estadio de béisbol Paso Cibao, ubicado en la carretera de Hato Mayor-El Seibo, provincia Hato Mayor, presentada por el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo.
En única lectura los senadores aprobaron la resolución que solicita al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, el cumplimiento de la Ley 17-04, que crea el juzgado de paz del distrito municipal la Ciénaga, en el municipio San José de Ocoa, propuesta del ex senador José Antonio Castillo.
También, la resolución que solicita al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, José García Ramírez, que propicie la instalación de espacios de acogida diurnos para adultos mayores, en los municipios de la provincia San Pedro de Macorís, propuesta del pasado senador Franklin Isaías Peña Villalona, y que fue asumida por la actual senadora Aracelis Villanueva.
Además, la resolución mediante la cual se expresan condolencias a la feligresía católica por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, iniciativa de la senadora María Mercedes Ortiz.
El pleno senatorial aprobó también la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que instruya a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, la instalación de un Centro Comunitario de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), tipo C, en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, una propuesta de Secundino Velázquez Pimentel.
Los senadores aprobaron otra resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el distrito municipal San Francisco de Jacagua de la provincia Santiago, presentada por Daniel Enrique de Jesús Rivera.
Además, la resolución mediante la cual se aprueba el traslado del Pleno del Senado de la República al municipio de Moca, provincia Espaillat, el 2 de mayo de 2025 para celebrar una sesión extraordinaria, en conmemoración de la gesta de 1861 o Grito de Moca, presentado por el senador Carlos Manuel Gómez.
Otra iniciativa que fue favorecida fue la que solicita al director ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ángel Rafael Salazar Rodríguez, la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en la sección El Fundo, municipio Villa los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, presentado por el senador Antonio Marte.
Comisiones Especiales conformadas
En la sesión de este martes, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dejó conformadas dos comisiones especiales; la primera para el estudio y análisis del proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo. La misma será presidida por el senador Franklin Romero, e integrada por los senadores Pedro Catrain, presidente; además de Bernardo Alemán, Antonio Marte, Omar Fernández, Cristóbal Venerado, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación, Dagoberto Rodríguez y Manuel Rodríguez.
En tanto que, para el estudio y ponderación del proyecto de ley que dispone la fusión del ministerio de Hacienda y el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e Instituye el ministerio de Hacienda y Economía, fue conformada la comisión presidida por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; e integrada por los senadores Moisés Ayala, Alexis Victoria, Ginnette Bournigal de Jiménez, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva, Eduard Espiritusanto, Secundino Velázquez, Julito Fulcar.
Minuto de silencio
En la sesión los senadores honraron la memoria por las 232 personas fallecidas en la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set del Distrito Nacional, donde falleció el hijo del exsenador por la provincia Santiago, Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y su esposa Alexandra Grullón.
Además, por el fallecimiento de Florinda Tineo, Gabriela Difó y Jeannette Tineo, sobrinas del senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo. También por alma de Isidro de Jesús Ramírez Jiménez, destacado líder municipal de Hato Mayor; Manuel Emilio Ramírez Pérez, exsenador en Elías Piña, y por Josefa Fernández Mosquete, educadora.
Asimismo, por la memoria de Francisco Ortega Canela, (Pachín), quien fue expresidente de la Cámara Alta y senador por la provincia Salcedo; José “Cheo” Tabar, ejemplo de filantropía y servicio en Salcedo; así como Patria Minaya, vicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer del Nordeste. Además, por el Abogado y ex procurador, José Ramón Luperón Valerio; y por Luz María Alcántara, madre del diputado Aquiles Ledesma Alcántara, del municipio Cabral, provincia Barahona.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.