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El pais ya cuenta con nueva Cámara de Cuentas para periodo 2025-2029
Santo Domingo.- El bufete directivo de la Cámara de Cuentas fue escogido por el Senado de la República, el cual será presidido por Emma Polanco Melo de Mercedes, presidente; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente, así como los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
El presidente de la Comisión Especial que tenía a su cargo el estudio de la escogencia, senador Guillermo Lama, representante de la provincia Bahoruco, rindió un informe favorable al Pleno Senatorial sobre el proceso de estudio y análisis de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados para integrar los cinco miembros del órgano fiscalizador de los recursos del Estado dominicano, para el período 2025-2029.
Explicó que de la primera terna se escogió a Francisco Alberto Franco Soto; de la segunda a Emma Polanco Melo de Mercedes; de la tercera propuesta a Francisco Tamárez Florentino; de la cuarta terna a Ramón Méndez Acosta; y de la quinta, a Griselda Gómez Santana.
El legislador dijo que con esta escogencia se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, sobre la conformación del Bufete directivo de la Cámara de Cuentas, dispuesto en la Ley No. 10-04, del 20 de enero del 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y al reglamento interno del Senado de la República, en sus artículos 302, 303 y 304.
La Comisión Especial estuvo integrada, además, por los senadores Pedro Tineo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Moisés Ayala, María Mercedes Ortiz, Gustavo Lara, Omar Fernández, Franklin Romero, y Eduard Espiritusanto.
Según el informe, la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados fue apoderada de 234 expedientes de aspirantes a miembros de la entidad del órgano fiscalizador del Estado
Para escoger estas ternas, los diputados seleccionaron 214 postulantes que, según refiere el proyecto, cumplían con los requisitos constitucionales y legales con los cuales se elaboró la lista por la Cámara Baja. Sin embargo, la comisión entrevistó a 193 aspirantes que concluyeron el proceso.
Las ternas sometidas por la Cámara Baja están conformadas con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
En los trabajos de este martes, también fue presentado y sometido al Pleno Senatorial un informe disidente por el Bloque de la Fuerza del Pueblo, el cual fue rechazado por la mayoría de los senadores presentes.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, convocó a los senadores a la juramentación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el próximo miércoles 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, en el Salón Reinaldo Pared Pérez, en la cuarta planta del edificio del Congreso Nacional.
SESIÓN
En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentado por el senador Alexis Victoria Yeb.
La iniciativa establece el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.
En segunda lectura fue conocido el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde, al estadio de béisbol Paso Cibao, ubicado en la carretera de Hato Mayor-El Seibo, provincia Hato Mayor, presentada por el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo.
En única lectura los senadores aprobaron la resolución que solicita al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, el cumplimiento de la Ley 17-04, que crea el juzgado de paz del distrito municipal la Ciénaga, en el municipio San José de Ocoa, propuesta del ex senador José Antonio Castillo.
También, la resolución que solicita al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, José García Ramírez, que propicie la instalación de espacios de acogida diurnos para adultos mayores, en los municipios de la provincia San Pedro de Macorís, propuesta del pasado senador Franklin Isaías Peña Villalona, y que fue asumida por la actual senadora Aracelis Villanueva.
Además, la resolución mediante la cual se expresan condolencias a la feligresía católica por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, iniciativa de la senadora María Mercedes Ortiz.
El pleno senatorial aprobó también la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que instruya a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, la instalación de un Centro Comunitario de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), tipo C, en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, una propuesta de Secundino Velázquez Pimentel.
Los senadores aprobaron otra resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el distrito municipal San Francisco de Jacagua de la provincia Santiago, presentada por Daniel Enrique de Jesús Rivera.
Además, la resolución mediante la cual se aprueba el traslado del Pleno del Senado de la República al municipio de Moca, provincia Espaillat, el 2 de mayo de 2025 para celebrar una sesión extraordinaria, en conmemoración de la gesta de 1861 o Grito de Moca, presentado por el senador Carlos Manuel Gómez.
Otra iniciativa que fue favorecida fue la que solicita al director ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ángel Rafael Salazar Rodríguez, la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en la sección El Fundo, municipio Villa los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, presentado por el senador Antonio Marte.
Comisiones Especiales conformadas
En la sesión de este martes, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dejó conformadas dos comisiones especiales; la primera para el estudio y análisis del proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo. La misma será presidida por el senador Franklin Romero, e integrada por los senadores Pedro Catrain, presidente; además de Bernardo Alemán, Antonio Marte, Omar Fernández, Cristóbal Venerado, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación, Dagoberto Rodríguez y Manuel Rodríguez.
En tanto que, para el estudio y ponderación del proyecto de ley que dispone la fusión del ministerio de Hacienda y el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e Instituye el ministerio de Hacienda y Economía, fue conformada la comisión presidida por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; e integrada por los senadores Moisés Ayala, Alexis Victoria, Ginnette Bournigal de Jiménez, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva, Eduard Espiritusanto, Secundino Velázquez, Julito Fulcar.
Minuto de silencio
En la sesión los senadores honraron la memoria por las 232 personas fallecidas en la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set del Distrito Nacional, donde falleció el hijo del exsenador por la provincia Santiago, Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y su esposa Alexandra Grullón.
Además, por el fallecimiento de Florinda Tineo, Gabriela Difó y Jeannette Tineo, sobrinas del senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo. También por alma de Isidro de Jesús Ramírez Jiménez, destacado líder municipal de Hato Mayor; Manuel Emilio Ramírez Pérez, exsenador en Elías Piña, y por Josefa Fernández Mosquete, educadora.
Asimismo, por la memoria de Francisco Ortega Canela, (Pachín), quien fue expresidente de la Cámara Alta y senador por la provincia Salcedo; José “Cheo” Tabar, ejemplo de filantropía y servicio en Salcedo; así como Patria Minaya, vicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer del Nordeste. Además, por el Abogado y ex procurador, José Ramón Luperón Valerio; y por Luz María Alcántara, madre del diputado Aquiles Ledesma Alcántara, del municipio Cabral, provincia Barahona.
Nacionales
Suprema Corte mantiene condena de RD$2 millones contra Jean Alain Rodríguez a favor de Marino Zapete
La Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exprocurador al considerar que no acreditó el interés casacional exigido por la Ley 2-23
SANTO DOMINGO.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó vigente la condena que ordena al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez pagar una indemnización de RD$2 millones al periodista Marino Zapete Corniel, por concepto de daños morales relacionados con la salida del aire de su programa El Jarabe de Zapete.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Justiniano Montero Montero e integrado por los magistrados Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez.
La Suprema Corte determinó que el recurrente no acreditó la existencia de interés casacional, requisito establecido por la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación.
Como consecuencia, permanece vigente la sentencia dictada el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó una decisión de primer grado y estableció la responsabilidad civil del exprocurador.
Condena incluye interés judicial
Además de los RD$2 millones por daños morales, la decisión contempla el pago de un interés judicial de 1.5 % mensual, computado desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total.
La Corte de Apelación había rechazado, sin embargo, la demanda interpuesta contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, y determinó que tampoco fueron demostrados los daños materiales reclamados por Zapete.
El origen del conflicto
El litigio tiene su origen en informaciones difundidas por Marino Zapete el 25 de septiembre de 2019, durante una emisión de El Jarabe de Zapete, transmitido entonces por Teleradio América.
El periodista abordó contratos suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, relacionados con el suministro de cemento asfáltico AC-30.
Dos de esos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez en representación de la empresa.
Tras las informaciones divulgadas, Zapete solicitó que las contrataciones fueran investigadas. Maybeth Rodríguez respondió mediante una comunicación en la que negó ser o haber sido suplidora del Estado y posteriormente presentó una acusación penal privada por difamación contra el comunicador, acción de la que desistió en 2020.
Zapete sostuvo en su demanda que Jean Alain Rodríguez ejerció presiones para que se retractara de sus señalamientos y que, ante su negativa, posteriormente se produjo la salida del aire de su programa. El periodista atribuyó a esos hechos los daños reclamados judicialmente.
Demanda fue rechazada inicialmente
En 2022, el tribunal de primera instancia rechazó la demanda al considerar insuficientes las pruebas presentadas.
La decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación, que estableció responsabilidad civil a cargo de Jean Alain Rodríguez y fijó en RD$2 millones la indemnización por daños morales.
Rodríguez recurrió la sentencia en casación alegando, entre otros aspectos, violaciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación y valoración de las pruebas y cuestionamientos relacionados con la participación de una magistrada en la decisión de apelación.
SCJ no encontró acreditado el interés casacional
Al examinar los requisitos de admisibilidad, la Primera Sala concluyó que Rodríguez Sánchez no demostró que la sentencia impugnada contradijera jurisprudencia establecida por esa jurisdicción, que existieran criterios contradictorios entre tribunales sobre el asunto planteado o que fuera necesario establecer doctrina respecto de normas jurídicas inéditas.
Por esas razones, el recurso fue declarado inadmisible, sin que la Suprema Corte modificara la condena impuesta por la Corte de Apelación.
La SCJ también examinó el cuestionamiento relacionado con la magistrada Maritza Elupina Capellán Araujo. Determinó que la jueza había integrado el tribunal durante el conocimiento del proceso y que no fue recusada durante el trámite correspondiente.
Asimismo, estableció que su ausencia como firmante de la sentencia definitiva respondió a un error material, circunstancia que, según la Primera Sala, no afectó la validez de la decisión recurrida.
Lenin Jhericop Núñez de León deberá cumplir la medida de coerción en Najayo Hombres; el caso se originó tras una negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max
SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como presunto responsable de la muerte de Emmanuel Contreras Medina, de 23 años, quien fue agredido en medio de una negociación relacionada con la compra de un teléfono celular.
La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La audiencia se desarrolló en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo un amplio dispositivo de seguridad.
Una negociación por un iPhone terminó en tragedia
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió el pasado 1 de julio, en los alrededores de un play ubicado en el sector Los Praditos, Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que Núñez de León habría perseguido a Contreras Medina y posteriormente lo habría golpeado con un bate en la cabeza y la espalda.
El incidente habría tenido su origen en una confusa negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max, anunciado a través de Facebook Marketplace. Según el expediente, en la operación también intervino un tercer hombre que actualmente se encuentra prófugo.
Las autoridades sostienen, además, que después de la agresión el imputado habría tomado el teléfono celular que Emmanuel tenía entre sus pertenencias mientras permanecía tendido en el pavimento.
Emmanuel permaneció ingresado hasta su fallecimiento
Contreras Medina resultó gravemente herido y permaneció bajo cuidados intensivos hasta que falleció el 9 de septiembre en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por los fiscales Vladimir Viloria y Kelvyn Colón Rodríguez. En la audiencia también participaron representantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Dirección General de Persecución.
Según los fiscales litigantes, el tribunal consideró suficientes los presupuestos presentados para imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Defensa rechaza responsabilidad del imputado
La defensa cuestionó la medida de coerción. La abogada Dianiris Perderaux sostuvo previamente que en los hechos participaron varias personas y rechazó que su representado fuera responsable de provocar la muerte de Contreras Medina.
Por su parte, Hugo Contreras, padre de Emmanuel, manifestó satisfacción por la decisión judicial y agradeció el respaldo recibido por su familia. También expresó su esperanza de que el proceso continúe hasta esclarecer completamente el caso.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una declaración de culpabilidad. El proceso penal deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
Los jueces revisan las decisiones dictadas en primera instancia mientras el órgano acusador busca aumentar las penas y obtener condenas contra imputados que fueron descargados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La corte continúa este martes el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, proceso mediante el cual condenados, el Ministerio Público y otras partes procuran la revisión de decisiones adoptadas en primera instancia.
Las audiencias se desarrollan los martes, en horario aproximado de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, como parte de una fase judicial que deberá determinar si las decisiones recurridas son confirmadas, modificadas o revocadas conforme a los argumentos y pruebas sometidos por las partes.
El Ministerio Público mantiene su pretensión de que sean incrementadas algunas de las condenas impuestas y que se establezca responsabilidad penal respecto de personas que resultaron descargadas en primera instancia.
El órgano persecutor ha sostenido durante el proceso que el entramado investigado habría ocasionado al Estado dominicano un perjuicio económico superior a RD$5,000 millones, planteamiento que corresponde a la tesis de la acusación.
Tribunal retoma audiencia tras aplazamiento
La corte está integrada por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, quienes tienen a su cargo la revisión de los recursos interpuestos contra la sentencia.
La audiencia anterior fue aplazada a solicitud de la defensa de José Idelfonso Correa, luego de que fuera presentado un certificado médico indicando que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica.
Superado ese aplazamiento, el tribunal retoma el conocimiento de los recursos y continuará escuchando los planteamientos de las diferentes partes involucradas.
Ministerio Público mantiene petición de penas mayores
En representación del Ministerio Público participan Wilson Camacho, director general de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
La acusación busca que la jurisdicción de alzada modifique parcialmente las decisiones adoptadas en primera instancia.
Entre sus pretensiones se encuentra conseguir penas superiores para determinados condenados, además de revertir los descargos pronunciados respecto de otros procesados.
Las defensas, por su parte, ejercen los recursos y medios correspondientes para cuestionar aquellos aspectos de la sentencia que consideran desfavorables a sus representados.
Los principales procesados
Entre las personas que recibieron condenas en primera instancia figura Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público ha señalado como principal responsable del entramado investigado.
También fueron condenados Magaly Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La etapa de apelación no constituye un nuevo juicio desde cero, sino una revisión jurisdiccional de los aspectos de la sentencia que han sido impugnados por las partes, conforme a las reglas del proceso penal.
Un proceso que continúa abierto
El denominado caso Antipulpo ha sido uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor dimensión económica presentados en los últimos años en República Dominicana.
Sin embargo, el proceso todavía no ha concluido definitivamente.
La corte deberá ponderar individualmente los argumentos contenidos en los recursos, las respuestas de las demás partes y los fundamentos de la sentencia recurrida antes de adoptar sus decisiones.
Por tanto, será la jurisdicción de apelación la que determine cuáles condenas permanecen, cuáles podrían ser modificadas y qué decisión corresponde respecto de las personas descargadas cuya absolución fue recurrida por el Ministerio Público.