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El pais ya cuenta con nueva Cámara de Cuentas para periodo 2025-2029

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Santo Domingo.- El bufete directivo de la Cámara de Cuentas fue escogido por el Senado de la República, el cual  será presidido por Emma Polanco Melo de Mercedes, presidente; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente, así como los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

El presidente de la Comisión Especial que tenía a su cargo el estudio de la escogencia, senador Guillermo Lama, representante de la provincia Bahoruco, rindió un informe favorable al Pleno Senatorial sobre el proceso de estudio y análisis de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados para integrar los cinco miembros del órgano fiscalizador de los recursos del Estado dominicano, para el período 2025-2029.

Explicó que de la primera terna se escogió a Francisco Alberto Franco Soto; de la segunda a Emma Polanco Melo de Mercedes; de la tercera propuesta a Francisco Tamárez Florentino; de la cuarta terna a Ramón Méndez Acosta; y de la quinta, a Griselda Gómez Santana.

El legislador dijo que con esta escogencia se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, sobre la conformación del Bufete directivo de la Cámara de Cuentas, dispuesto en la Ley No. 10-04, del 20 de enero del 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y al reglamento interno del Senado de la República, en sus artículos 302, 303 y 304.

La Comisión Especial estuvo integrada, además, por los senadores Pedro Tineo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Moisés Ayala, María Mercedes Ortiz, Gustavo Lara, Omar Fernández, Franklin Romero, y Eduard Espiritusanto.

Según el informe, la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados fue apoderada de 234 expedientes de aspirantes a miembros de la entidad del órgano fiscalizador del Estado

Para escoger estas ternas, los diputados seleccionaron 214 postulantes que, según refiere el proyecto, cumplían con los requisitos constitucionales y legales con los cuales se elaboró la lista por la Cámara Baja. Sin embargo, la comisión entrevistó a 193 aspirantes que concluyeron el proceso.

Las ternas sometidas por la Cámara Baja están conformadas con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

En los trabajos de este martes, también fue presentado y sometido al Pleno Senatorial un informe disidente por el Bloque de la Fuerza del Pueblo, el cual fue rechazado por la mayoría de los senadores presentes.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, convocó a los senadores a la juramentación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el próximo miércoles 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, en el Salón Reinaldo Pared Pérez, en la cuarta planta del edificio del Congreso Nacional.

SESIÓN

En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentado por el senador Alexis Victoria Yeb.

La iniciativa establece el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.

En segunda lectura fue conocido el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde, al estadio de béisbol Paso Cibao, ubicado en la carretera de Hato Mayor-El Seibo, provincia Hato Mayor, presentada por el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo.

En única lectura los senadores aprobaron la resolución que solicita al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, el cumplimiento de la Ley 17-04, que crea el juzgado de paz del distrito municipal la Ciénaga, en el municipio San José de Ocoa, propuesta del ex senador José Antonio Castillo.

También, la resolución que solicita al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, José García Ramírez, que propicie la instalación de espacios de acogida diurnos para adultos mayores, en los municipios de la provincia San Pedro de Macorís, propuesta del pasado senador Franklin Isaías Peña Villalona, y que fue asumida por la actual senadora Aracelis Villanueva.

Además, la resolución mediante la cual se expresan condolencias a la feligresía católica por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, iniciativa de la senadora María Mercedes Ortiz.

El pleno senatorial aprobó también la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que instruya a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, la instalación de un Centro Comunitario de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), tipo C, en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, una propuesta de Secundino Velázquez Pimentel.

Los senadores aprobaron otra resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el distrito municipal San Francisco de Jacagua de la provincia Santiago, presentada por Daniel Enrique de Jesús Rivera.

Además, la resolución mediante la cual se aprueba el traslado del Pleno del Senado de la República al municipio de Moca, provincia Espaillat, el 2 de mayo de 2025 para celebrar una sesión extraordinaria, en conmemoración de la gesta de 1861 o Grito de Moca, presentado por el senador Carlos Manuel Gómez.

Otra iniciativa que fue favorecida fue la que solicita al director ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ángel Rafael Salazar Rodríguez, la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en la sección El Fundo, municipio Villa los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, presentado por el senador Antonio Marte.

Comisiones Especiales conformadas

En la sesión de este martes, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dejó conformadas dos comisiones especiales; la primera para el estudio y análisis del proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo. La misma será presidida por el senador Franklin Romero, e integrada por los senadores Pedro Catrain, presidente; además de Bernardo Alemán, Antonio Marte, Omar Fernández, Cristóbal Venerado, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación, Dagoberto Rodríguez y Manuel Rodríguez.

En tanto que, para el estudio y ponderación del proyecto de ley que dispone la fusión del ministerio de Hacienda y el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e Instituye el ministerio de Hacienda y Economía, fue conformada la comisión presidida por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; e integrada por los senadores Moisés Ayala, Alexis Victoria, Ginnette Bournigal de Jiménez, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva, Eduard Espiritusanto, Secundino Velázquez, Julito Fulcar.

Minuto de silencio

En la sesión los senadores honraron la memoria por las 232 personas fallecidas en la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set del Distrito Nacional, donde falleció el hijo del exsenador por la provincia Santiago, Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y su esposa Alexandra Grullón.

Además, por el fallecimiento de Florinda Tineo, Gabriela Difó y Jeannette Tineo, sobrinas del senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo. También por alma de Isidro de Jesús Ramírez Jiménez, destacado líder municipal de Hato Mayor; Manuel Emilio Ramírez Pérez, exsenador en Elías Piña, y por Josefa Fernández Mosquete, educadora.

Asimismo, por la memoria de Francisco Ortega Canela, (Pachín), quien fue expresidente de la Cámara Alta y senador por la provincia Salcedo; José “Cheo” Tabar, ejemplo de filantropía y servicio en Salcedo; así como Patria Minaya, vicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer del Nordeste. Además, por el Abogado y ex procurador, José Ramón Luperón Valerio; y por Luz María Alcántara, madre del diputado Aquiles Ledesma Alcántara, del municipio Cabral, provincia Barahona.

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Imputados en Operacion XL526 en espera de medida de coerción.

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Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes  alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.

Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal. 

El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.

Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.

La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

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Más de 50 allanamientos en Santiago por extorsión, fraudes y transferencias ilícitas.

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Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.

En noviembre de 2023, la Policía Nacional y el Ministerio Público arrestaron a 10 personas en el callejón Los Chitos de Jacagua, donde operaba un “call center” clandestino. Asimismo, en octubre de 2024 otras 10 personas fueron arrestadas en el distrito municipal de San Francisco, donde fueron incautados 14 vehículos del tipo yipetas.

Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.

La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.

“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.

El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.

Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.

“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.

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Jueza decidirá este viernes si envía a juicio a implicados en caso Camaleón.

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Santo Domingo.- Yanibel Rivas,  jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.

Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero VargasMariano GustiniManuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.

Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.

En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.

Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.

El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.

El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.

Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.

Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.

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