Nacionales
El pais ya cuenta con nueva Cámara de Cuentas para periodo 2025-2029
Santo Domingo.- El bufete directivo de la Cámara de Cuentas fue escogido por el Senado de la República, el cual será presidido por Emma Polanco Melo de Mercedes, presidente; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente, así como los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
El presidente de la Comisión Especial que tenía a su cargo el estudio de la escogencia, senador Guillermo Lama, representante de la provincia Bahoruco, rindió un informe favorable al Pleno Senatorial sobre el proceso de estudio y análisis de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados para integrar los cinco miembros del órgano fiscalizador de los recursos del Estado dominicano, para el período 2025-2029.
Explicó que de la primera terna se escogió a Francisco Alberto Franco Soto; de la segunda a Emma Polanco Melo de Mercedes; de la tercera propuesta a Francisco Tamárez Florentino; de la cuarta terna a Ramón Méndez Acosta; y de la quinta, a Griselda Gómez Santana.
El legislador dijo que con esta escogencia se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, sobre la conformación del Bufete directivo de la Cámara de Cuentas, dispuesto en la Ley No. 10-04, del 20 de enero del 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y al reglamento interno del Senado de la República, en sus artículos 302, 303 y 304.
La Comisión Especial estuvo integrada, además, por los senadores Pedro Tineo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Moisés Ayala, María Mercedes Ortiz, Gustavo Lara, Omar Fernández, Franklin Romero, y Eduard Espiritusanto.
Según el informe, la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados fue apoderada de 234 expedientes de aspirantes a miembros de la entidad del órgano fiscalizador del Estado
Para escoger estas ternas, los diputados seleccionaron 214 postulantes que, según refiere el proyecto, cumplían con los requisitos constitucionales y legales con los cuales se elaboró la lista por la Cámara Baja. Sin embargo, la comisión entrevistó a 193 aspirantes que concluyeron el proceso.
Las ternas sometidas por la Cámara Baja están conformadas con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
En los trabajos de este martes, también fue presentado y sometido al Pleno Senatorial un informe disidente por el Bloque de la Fuerza del Pueblo, el cual fue rechazado por la mayoría de los senadores presentes.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, convocó a los senadores a la juramentación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el próximo miércoles 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, en el Salón Reinaldo Pared Pérez, en la cuarta planta del edificio del Congreso Nacional.
SESIÓN
En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentado por el senador Alexis Victoria Yeb.
La iniciativa establece el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.
En segunda lectura fue conocido el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde, al estadio de béisbol Paso Cibao, ubicado en la carretera de Hato Mayor-El Seibo, provincia Hato Mayor, presentada por el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo.
En única lectura los senadores aprobaron la resolución que solicita al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, el cumplimiento de la Ley 17-04, que crea el juzgado de paz del distrito municipal la Ciénaga, en el municipio San José de Ocoa, propuesta del ex senador José Antonio Castillo.
También, la resolución que solicita al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, José García Ramírez, que propicie la instalación de espacios de acogida diurnos para adultos mayores, en los municipios de la provincia San Pedro de Macorís, propuesta del pasado senador Franklin Isaías Peña Villalona, y que fue asumida por la actual senadora Aracelis Villanueva.
Además, la resolución mediante la cual se expresan condolencias a la feligresía católica por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, iniciativa de la senadora María Mercedes Ortiz.
El pleno senatorial aprobó también la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que instruya a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, la instalación de un Centro Comunitario de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), tipo C, en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, una propuesta de Secundino Velázquez Pimentel.
Los senadores aprobaron otra resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el distrito municipal San Francisco de Jacagua de la provincia Santiago, presentada por Daniel Enrique de Jesús Rivera.
Además, la resolución mediante la cual se aprueba el traslado del Pleno del Senado de la República al municipio de Moca, provincia Espaillat, el 2 de mayo de 2025 para celebrar una sesión extraordinaria, en conmemoración de la gesta de 1861 o Grito de Moca, presentado por el senador Carlos Manuel Gómez.
Otra iniciativa que fue favorecida fue la que solicita al director ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ángel Rafael Salazar Rodríguez, la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en la sección El Fundo, municipio Villa los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, presentado por el senador Antonio Marte.
Comisiones Especiales conformadas
En la sesión de este martes, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dejó conformadas dos comisiones especiales; la primera para el estudio y análisis del proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo. La misma será presidida por el senador Franklin Romero, e integrada por los senadores Pedro Catrain, presidente; además de Bernardo Alemán, Antonio Marte, Omar Fernández, Cristóbal Venerado, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación, Dagoberto Rodríguez y Manuel Rodríguez.
En tanto que, para el estudio y ponderación del proyecto de ley que dispone la fusión del ministerio de Hacienda y el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e Instituye el ministerio de Hacienda y Economía, fue conformada la comisión presidida por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; e integrada por los senadores Moisés Ayala, Alexis Victoria, Ginnette Bournigal de Jiménez, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva, Eduard Espiritusanto, Secundino Velázquez, Julito Fulcar.
Minuto de silencio
En la sesión los senadores honraron la memoria por las 232 personas fallecidas en la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set del Distrito Nacional, donde falleció el hijo del exsenador por la provincia Santiago, Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y su esposa Alexandra Grullón.
Además, por el fallecimiento de Florinda Tineo, Gabriela Difó y Jeannette Tineo, sobrinas del senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo. También por alma de Isidro de Jesús Ramírez Jiménez, destacado líder municipal de Hato Mayor; Manuel Emilio Ramírez Pérez, exsenador en Elías Piña, y por Josefa Fernández Mosquete, educadora.
Asimismo, por la memoria de Francisco Ortega Canela, (Pachín), quien fue expresidente de la Cámara Alta y senador por la provincia Salcedo; José “Cheo” Tabar, ejemplo de filantropía y servicio en Salcedo; así como Patria Minaya, vicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer del Nordeste. Además, por el Abogado y ex procurador, José Ramón Luperón Valerio; y por Luz María Alcántara, madre del diputado Aquiles Ledesma Alcántara, del municipio Cabral, provincia Barahona.
Nacionales
Decreto presidencial sobre rangos militares ha sido declarado inconstitucional por el TC.
Santo Domingo, R.D.-Como no conforme con la Constitución ha declarado el Tribunal Constitucional (TC) el Decreto núm. 178-25, emitido por el Poder Ejecutivo el 2 de abril de 2025, el cual pretendía modificar el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para implementar una nueva escala de rangos entre alistados y suboficiales.
La alta corte, mediante la Sentencia TC/0287/26 de fecha 27 de mayo de 2026, acogió en cuanto al fondo la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Jhonny Robinson Almánzar.
Por tales motivos, el tribunal decidió, por mayoría de votos, acoger la acción directa de inconstitucionalidad y declarar el Decreto núm. 178-25 no conforme con la Carta Magna.
El accionante fundamentó su demanda señalando que el decreto vulneraba principios constitucionales como el derecho a la igualdad, el debido proceso, la irretroactividad de la ley y las atribuciones del Poder Legislativo.
Entre sus quejas, destacó que la normativa imponía nuevas denominaciones de rangos (como «raso de primera clase» o «cabo primero») y extendía los tiempos de servicio necesarios para el ascenso, obligando a los soldados a permanecer hasta 24 años en la categoría de suboficiales, frente a los 15 años contemplados por la ley. Además, argumentó que aplicar el decreto de forma inmediata implicaba una degradación de los niveles jerárquicos ya adquiridos en el servicio activo.
Ambas instituciones alegaron que el presidente actuó bajo la facultad reglamentaria y de mando supremo militar conferida por el artículo 128 de la Constitución. Sostuvieron que el decreto no creaba categorías ajenas a la ley, sino que introducía denominaciones intermedias de forma funcional y operativa para optimizar la cadena de mando. Asimismo, precisaron que las modificaciones no afectaban derechos adquiridos, sino «meras expectativas de derecho» respecto a futuros ascensos.
Tras analizar las posturas, el TC concluyó que el Poder Ejecutivo excedió los límites de su potestad reglamentaria. La corte recordó que, de acuerdo con el artículo 253 de la Constitución, todo lo relativo al ingreso, nombramiento, ascenso y régimen de la carrera militar está reservado estrictamente a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y a sus leyes complementarias.
Al contrastar las normativas, el tribunal comprobó que el Decreto núm. 178-25 alteraba de manera sustancial el contenido del artículo 66 de la Ley núm. 139-13.
El decreto eliminaba el rango de sargento para los alistados para transferirlo a los suboficiales, subdividía los rangos inferiores y modificaba los plazos legales de ascenso.
Adicionalmente, se constató que la reforma creaba distorsiones en el régimen de compensación salarial de los suboficiales, cuyos sueldos están indexados por ley al equivalente del 95% de los salarios de los oficiales.
A pesar de la declaración de inconstitucionalidad, el TC determinó que la expulsión inmediata de la norma podría generar un vacío legal en la clasificación de los cuerpos castrenses. Por tal razón, los magistrados decidieron diferir los efectos de la sentencia por un plazo máximo de dos años, periodo tras el cual el decreto quedará definitivamente anulado.
Paralelamente, la alta corte emitió una sentencia exhortativa dirigida al Congreso Nacional. En ella, insta a los legisladores a elaborar, en el marco de sus atribuciones legítimas, una nueva normativa que actualice la escala, los requisitos, salarios y plazos de ascenso de los alistados y suboficiales, adaptándolos a las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas sin vulnerar el orden constitucional.
Aunque la mayoría de los magistrados optó por otorgar un plazo de gracia de dos años para evitar un vacío institucional, los jueces Alba Luisa Beard Marcos, Amaury A. Reyes-Torres y Army Ferreira hicieron públicos sus votos salvados y disidentes, manifestando posturas diametralmente opuestas sobre la validez inmediata de la norma y el impacto real en la dignidad de los cuerpos castrenses.
La magistrada Beard Marcos presentó un voto salvado en el que se sumó a la declaratoria de inconstitucionalidad, pero expresó su rechazo frontal a que se mantengan vigentes los efectos del decreto por un periodo de hasta dos años. Para la magistrada, postergar la anulación de una norma dictada por una autoridad manifiestamente incompetente carece de todo sustento y justificación jurídica.
«Admitir que esta norma inconstitucional continúe produciendo efectos sin una justificación válida equivale a convalidar, por decisión del propio Tribunal Constitucional, un estado de cosas abiertamente inconstitucional, en frontal contradicción con la supremacía e integridad de la Constitución», fustigó Beard Marcos.
La jueza recordó que, según el principio de jerarquía normativa y la jurisprudencia dominicana, los reglamentos son productos subalternos que no pueden alterar las leyes ni mucho menos invadir la reserva de ley explícita que el artículo 253 de la Constitución confiere exclusivamente al Congreso Nacional para la carrera militar. Sentenció que ante violaciones de tal magnitud, el único camino compatible con la Carta Magna es la expulsión inmediata del ordenamiento jurídico.
Por su parte, el magistrado Reyes-Torres emitió su propio voto salvado, enfocado en el impacto lesivo que sufren los militares de menor jerarquía debido a la prórroga concedida por la mayoría del tribunal. El juez argumentó que la entrada en vigor inmediata de la inconstitucionalidad habría resultado mucho más favorable para los miembros de las Fuerzas Armadas.
El magistrado puntualizó las graves distorsiones técnicas del Decreto núm. 178-25, señalando que el Poder Ejecutivo desarticuló por completo el grado de «subteniente» contemplado con claridad en la Ley Orgánica núm. 139-13, disgregándolo de forma arbitraria en etiquetas de equivalencia como «cabo 1ro.», «sargento» o «sargento mayor de comando».
El juez advirtió sobre el peligro humano e institucional de mantener vivo este escalafón de manera transitoria:
Señaló que obligar a alistados y suboficiales a permanecer más tiempo del requerido por la ley para alcanzar un ascenso es una vulneración directa a su derecho al debido proceso.
Consideró que continuar aplicando la normativa implica mantener a los uniformados bajo un esquema de remuneraciones distorsionado que desconoce el principio de legalidad.
Indicó que dejar en pie el decreto genera nuevas formas de infracción constitucional que supeditan la carrera militar y la dignidad de los agentes castrenses a criterios netamente contables y presupuestarios.
En la otra acera del debate, la magistrada Ferreira dictó un voto disidente, separándose por completo de la mayoría al considerar que el Decreto núm. 178-25 nunca violó la Constitución y debió ser declarado enteramente válido. Ferreira afirmó que sus homólogos realizaron una lectura excesivamente restrictiva del principio de separación de poderes, despojando al presidente de la República de su rol real como autoridad suprema y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 128 de la Constitución).
La jueza fundamentó su postura en el artículo 14 de la Ley núm. 139-13, el cual delega de manera expresa en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer las denominaciones, clasificaciones y distribución de las unidades y sus componentes jerárquicos mediante reglamentos.
A criterio de Ferreira, la norma encaja a la perfección como un reglamento autoorganizativo con efectos puramente internos (ad intra), el cual no creó ni eliminó categorías jurídicas ilegítimas, sino que introdujo subcategorías técnicas orientadas a garantizar una progresión interna más eficiente y escalonada dentro de la carrera técnico-profesional militar, evitar ascensos abruptos que no respondieran a la adecuada formación o experiencia del soldado, aplicando parámetros objetivos de evaluación.
Finalmente, la magistrada Ferreira criticó que el pleno fundamentara parte de la inconstitucionalidad en supuestas distorsiones salariales evaluadas de oficio por el tribunal.
Calificó esto como un error de técnica constitucional, argumentando que los desajustes salariales o de nómina constituyen vicios de legalidad administrativa ordinaria que corresponden a las instancias contencioso-administrativas, y no un motivo válido para anular un diseño operativo castrense concebido para profesionalizar la carrera de los soldados de la Patria.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de utilizar tácticas de intimidación con el único objetivo de apartar a los fiscales del caso.
Camacho sostuvo que el exprocurador busca evitar la discusión de las pruebas que pesan en su contra, en el juicio de fondo que se le sigue en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El magistrado señaló que el proceso judicial contra la fiscal Ortiz representa una estrategia desesperada para frenar el avance de la lucha contra la corrupción.
«Es una estrategia más que pretende amedrentar la lucha contra la corrupción, pero Jean Alain debe saber que no nos amedrentó cuando era procurador general de la República y que no nos va a amedrentar ahora. Nosotros vamos a seguir firmes», advirtió Camacho.
Camacho se pronunció en estos términos a la salida de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde compareció en compañía de la magistrada Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el 23 de junio la vista de conciliación en torno a una demanda por difamación e injuria que fue interpuesta en contra de la magistrada Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Yorlin Vásquez Castro y Frank Soto tomó la decisión luego de que Mirna Ortiz se presentara a la sala de audiencia sin abogado.
En ese sentido, aplazo la audiencia para el 23 de junio a las 11:00 de la mañana, a fin de que sea representada por un abogado de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que preside Rodolfo Valentín.
A la salida de la audiencia, Camacho fue categórico al señalar que la defensa del imputado busca apartar a los fiscales del caso para evitar discutir las pruebas en los tribunales.
Calificó las acciones de la defensa como una táctica de intimidación directa contra la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El magistrado advirtió que estas acciones no detendrán el avance de los procesos por presunta corrupción administrativa.
«Es una estrategia más que pretende amedrentar la lucha contra la corrupción, pero Jean Alain debe saber que no nos amedrentó cuando era procurador general de la República y que no nos va a amedrentar ahora. Nosotros vamos a seguir firmes», enfatizó Camacho.
La demanda fue presentada por el doctor Carlos Balcácer, miembro de la barra de la defensa técnica del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Cabe destacar que el exprocurador enfrenta un juicio de fondo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por presuntos actos de corrupción administrativa.
De acuerdo con los argumentos planteados por Balcácer, la titular de la Pepca ofreció declaraciones a los medios el pasado 18 de febrero en las que presuntamente lo acusaba de retardar de manera deliberada el proceso judicial que se sigue en contra de su defendido.
Conforme a las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre los años 2016 y 2020, período en el que se desempeñó como procurador general de la República.
Tanto el exprocurador como los demás coimputados son señalados por el órgano persecutor de cometer delitos graves como soborno, desfalco y estafa contra el Estado, lavado de activos, entre otros delitos.
Además de Rodríguez Sánchez, en el expediente figuran como procesados una veintena de exfuncionarios y particulares, entre los que se destacan Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos y César Nicolás Rizik Pimentel, entre otros.