Nacionales
El pais ya cuenta con nueva Cámara de Cuentas para periodo 2025-2029
Santo Domingo.- El bufete directivo de la Cámara de Cuentas fue escogido por el Senado de la República, el cual será presidido por Emma Polanco Melo de Mercedes, presidente; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente, así como los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
El presidente de la Comisión Especial que tenía a su cargo el estudio de la escogencia, senador Guillermo Lama, representante de la provincia Bahoruco, rindió un informe favorable al Pleno Senatorial sobre el proceso de estudio y análisis de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados para integrar los cinco miembros del órgano fiscalizador de los recursos del Estado dominicano, para el período 2025-2029.
Explicó que de la primera terna se escogió a Francisco Alberto Franco Soto; de la segunda a Emma Polanco Melo de Mercedes; de la tercera propuesta a Francisco Tamárez Florentino; de la cuarta terna a Ramón Méndez Acosta; y de la quinta, a Griselda Gómez Santana.
El legislador dijo que con esta escogencia se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, sobre la conformación del Bufete directivo de la Cámara de Cuentas, dispuesto en la Ley No. 10-04, del 20 de enero del 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y al reglamento interno del Senado de la República, en sus artículos 302, 303 y 304.
La Comisión Especial estuvo integrada, además, por los senadores Pedro Tineo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Moisés Ayala, María Mercedes Ortiz, Gustavo Lara, Omar Fernández, Franklin Romero, y Eduard Espiritusanto.
Según el informe, la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados fue apoderada de 234 expedientes de aspirantes a miembros de la entidad del órgano fiscalizador del Estado
Para escoger estas ternas, los diputados seleccionaron 214 postulantes que, según refiere el proyecto, cumplían con los requisitos constitucionales y legales con los cuales se elaboró la lista por la Cámara Baja. Sin embargo, la comisión entrevistó a 193 aspirantes que concluyeron el proceso.
Las ternas sometidas por la Cámara Baja están conformadas con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
En los trabajos de este martes, también fue presentado y sometido al Pleno Senatorial un informe disidente por el Bloque de la Fuerza del Pueblo, el cual fue rechazado por la mayoría de los senadores presentes.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, convocó a los senadores a la juramentación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el próximo miércoles 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, en el Salón Reinaldo Pared Pérez, en la cuarta planta del edificio del Congreso Nacional.
SESIÓN
En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentado por el senador Alexis Victoria Yeb.
La iniciativa establece el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.
En segunda lectura fue conocido el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde, al estadio de béisbol Paso Cibao, ubicado en la carretera de Hato Mayor-El Seibo, provincia Hato Mayor, presentada por el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo.
En única lectura los senadores aprobaron la resolución que solicita al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, el cumplimiento de la Ley 17-04, que crea el juzgado de paz del distrito municipal la Ciénaga, en el municipio San José de Ocoa, propuesta del ex senador José Antonio Castillo.
También, la resolución que solicita al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, José García Ramírez, que propicie la instalación de espacios de acogida diurnos para adultos mayores, en los municipios de la provincia San Pedro de Macorís, propuesta del pasado senador Franklin Isaías Peña Villalona, y que fue asumida por la actual senadora Aracelis Villanueva.
Además, la resolución mediante la cual se expresan condolencias a la feligresía católica por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, iniciativa de la senadora María Mercedes Ortiz.
El pleno senatorial aprobó también la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que instruya a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, la instalación de un Centro Comunitario de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), tipo C, en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, una propuesta de Secundino Velázquez Pimentel.
Los senadores aprobaron otra resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el distrito municipal San Francisco de Jacagua de la provincia Santiago, presentada por Daniel Enrique de Jesús Rivera.
Además, la resolución mediante la cual se aprueba el traslado del Pleno del Senado de la República al municipio de Moca, provincia Espaillat, el 2 de mayo de 2025 para celebrar una sesión extraordinaria, en conmemoración de la gesta de 1861 o Grito de Moca, presentado por el senador Carlos Manuel Gómez.
Otra iniciativa que fue favorecida fue la que solicita al director ejecutivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ángel Rafael Salazar Rodríguez, la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en la sección El Fundo, municipio Villa los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, presentado por el senador Antonio Marte.
Comisiones Especiales conformadas
En la sesión de este martes, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dejó conformadas dos comisiones especiales; la primera para el estudio y análisis del proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo. La misma será presidida por el senador Franklin Romero, e integrada por los senadores Pedro Catrain, presidente; además de Bernardo Alemán, Antonio Marte, Omar Fernández, Cristóbal Venerado, Carlos Gómez, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación, Dagoberto Rodríguez y Manuel Rodríguez.
En tanto que, para el estudio y ponderación del proyecto de ley que dispone la fusión del ministerio de Hacienda y el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e Instituye el ministerio de Hacienda y Economía, fue conformada la comisión presidida por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; e integrada por los senadores Moisés Ayala, Alexis Victoria, Ginnette Bournigal de Jiménez, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva, Eduard Espiritusanto, Secundino Velázquez, Julito Fulcar.
Minuto de silencio
En la sesión los senadores honraron la memoria por las 232 personas fallecidas en la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set del Distrito Nacional, donde falleció el hijo del exsenador por la provincia Santiago, Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y su esposa Alexandra Grullón.
Además, por el fallecimiento de Florinda Tineo, Gabriela Difó y Jeannette Tineo, sobrinas del senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo. También por alma de Isidro de Jesús Ramírez Jiménez, destacado líder municipal de Hato Mayor; Manuel Emilio Ramírez Pérez, exsenador en Elías Piña, y por Josefa Fernández Mosquete, educadora.
Asimismo, por la memoria de Francisco Ortega Canela, (Pachín), quien fue expresidente de la Cámara Alta y senador por la provincia Salcedo; José “Cheo” Tabar, ejemplo de filantropía y servicio en Salcedo; así como Patria Minaya, vicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer del Nordeste. Además, por el Abogado y ex procurador, José Ramón Luperón Valerio; y por Luz María Alcántara, madre del diputado Aquiles Ledesma Alcántara, del municipio Cabral, provincia Barahona.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.