Nacionales
Destituyen a presidente del Instituto Duartiano
Santo Domingo.- El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón fue destituido como presidente del Instituto Duartiano en una Asamblea General Extraordinaria de la entidad, tras considerar que sus declaraciones y conducta se apartaron de la línea institucional que ha mantenido desde su fundación en 1964, basada en el pensamiento político de Juan Pablo Duarte.
La decisión se tomó este sábado debido a que la posición del doctor Rodríguez Grullón, en su breve mandato de un mes, resultó «incompatible con el vehemente accionar de esta entidad patriótica en su resuelta lucha en defensa de la soberanía nacional, y de los derechos, seguridad y garantías del pueblo dominicano», según el comunicado emitido por el Instituto.
Las declaraciones que desataron la controversia fueron las del propio Rodríguez Grullón, quien expresó que «muchos dominicanos que no quieren saber de los haitianos, pero que esos nacionales no se irían y que, por consiguiente, los dominicanos estaban obligados a convivir con ellos», añadiendo que “necesitamos una política coherente con los haitianos y no debemos descartar en nuestro presupuesto, algún tipo de ayuda al desarrollo de Haití”.
El Instituto Duartiano, en contraposición, reafirmó su postura, señalando que la solidaridad dominicana se ha manifestado ampliamente, destinando más del 25 por ciento del presupuesto general a asistir a nacionales haitianos indocumentados en el territorio dominicano, lo que consideran perjudicial para la población pobre dominicana.
La línea institucional del Instituto Duartiano quedó establecida en el “Manifiesto Patriótico al País y al Mundo”, del 6 de agosto de 2022, donde se proclamó que «no hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití aquí en nuestro territorio». Este manifiesto, según el Instituto, representa el inicio de un movimiento de defensa de la dominicanidad y resistencia activa por parte del pueblo dominicano.
El Instituto Duartiano aclaró que «los dominicanos no han fomentado jamás odio contra el pueblo haitiano, ni contra ningún otro pueblo», pero que no pueden permitir que se les siga agrediendo, desconociendo sus derechos y libertades, ni ocupando su territorio.
La destitución del doctor Rodríguez Grullón se produce tras el rechazo de diversos sectores patrióticos a sus posturas, lo que llevó a la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.
En la misma asamblea, se eligió la nueva junta directiva nacional para el periodo 2025-2027, integrada por Wilson Gómez Ramírez, presidente; Jacinto Esteban Pichardo Vicioso, vicepresidente; Rafaela Mesa Simon, secretario general; José Pila Moreno Duarte, tesorero y Víctor César Zabala Sánchez, gobernador.
Son vocales Robinson Cuello Chanlatte, Dulce Ros, Julia Danitza Feliz Feliz, Eduardo Gautreaux de Windt y Carmen Herrera Medrano.
La nueva directiva asume el compromiso de continuar la defensa de los valores patrios y la soberanía nacional, en línea con los principios del Instituto Duartiano.
Sobre el Instituto Duartiano:
El Instituto Duartiano es un organismo oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964. La Ley número 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía.
Su objetivo es promover la difusión de los ideales, la vida y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los gloriosos acontecimientos históricos del país.
Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo, espíritu de servicio y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como la soñó el padre de la Patria.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.