Nacionales
Destituyen a presidente del Instituto Duartiano
Santo Domingo.- El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón fue destituido como presidente del Instituto Duartiano en una Asamblea General Extraordinaria de la entidad, tras considerar que sus declaraciones y conducta se apartaron de la línea institucional que ha mantenido desde su fundación en 1964, basada en el pensamiento político de Juan Pablo Duarte.
La decisión se tomó este sábado debido a que la posición del doctor Rodríguez Grullón, en su breve mandato de un mes, resultó «incompatible con el vehemente accionar de esta entidad patriótica en su resuelta lucha en defensa de la soberanía nacional, y de los derechos, seguridad y garantías del pueblo dominicano», según el comunicado emitido por el Instituto.
Las declaraciones que desataron la controversia fueron las del propio Rodríguez Grullón, quien expresó que «muchos dominicanos que no quieren saber de los haitianos, pero que esos nacionales no se irían y que, por consiguiente, los dominicanos estaban obligados a convivir con ellos», añadiendo que “necesitamos una política coherente con los haitianos y no debemos descartar en nuestro presupuesto, algún tipo de ayuda al desarrollo de Haití”.
El Instituto Duartiano, en contraposición, reafirmó su postura, señalando que la solidaridad dominicana se ha manifestado ampliamente, destinando más del 25 por ciento del presupuesto general a asistir a nacionales haitianos indocumentados en el territorio dominicano, lo que consideran perjudicial para la población pobre dominicana.
La línea institucional del Instituto Duartiano quedó establecida en el “Manifiesto Patriótico al País y al Mundo”, del 6 de agosto de 2022, donde se proclamó que «no hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití aquí en nuestro territorio». Este manifiesto, según el Instituto, representa el inicio de un movimiento de defensa de la dominicanidad y resistencia activa por parte del pueblo dominicano.
El Instituto Duartiano aclaró que «los dominicanos no han fomentado jamás odio contra el pueblo haitiano, ni contra ningún otro pueblo», pero que no pueden permitir que se les siga agrediendo, desconociendo sus derechos y libertades, ni ocupando su territorio.
La destitución del doctor Rodríguez Grullón se produce tras el rechazo de diversos sectores patrióticos a sus posturas, lo que llevó a la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.
En la misma asamblea, se eligió la nueva junta directiva nacional para el periodo 2025-2027, integrada por Wilson Gómez Ramírez, presidente; Jacinto Esteban Pichardo Vicioso, vicepresidente; Rafaela Mesa Simon, secretario general; José Pila Moreno Duarte, tesorero y Víctor César Zabala Sánchez, gobernador.
Son vocales Robinson Cuello Chanlatte, Dulce Ros, Julia Danitza Feliz Feliz, Eduardo Gautreaux de Windt y Carmen Herrera Medrano.
La nueva directiva asume el compromiso de continuar la defensa de los valores patrios y la soberanía nacional, en línea con los principios del Instituto Duartiano.
Sobre el Instituto Duartiano:
El Instituto Duartiano es un organismo oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964. La Ley número 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía.
Su objetivo es promover la difusión de los ideales, la vida y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los gloriosos acontecimientos históricos del país.
Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo, espíritu de servicio y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como la soñó el padre de la Patria.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.