Opinión
Mandela, Mujica y Carter: tres grandes humanistas
Por Danilo Cruz Pichardo
La gran mayoría de los que incursionan en la actividad política es con el objetivo del lucro social, la vanidad, tener sentimientos de grandeza y que se le rinda culto a su persona. Regularmente predican lo que no practican. Verdaderos simuladores. Y no faltan aquellos que se valen de métodos maquiavélicos para aferrarse al poder y aplastar a sus opositores, violándoles derechos que son universales, como la libertad de expresión (para solo citar uno).
No es que se llenan de soberbia al llegar al poder, que su forma de ser cambió, como suele decir la gente. Sencillamente es desde un cargo público que sale a relucir la verdadera personalidad de un sujeto, que estuvo fingiendo desde la oposición y solo esperaba dotarse de poder para descargar todas sus pasiones y prejuicios políticos, sociales y personalescontra los demás, inclusive contra antiguos colaboradores.
Estamos en un mundo político donde todos admiran la práctica de personajes como Nelson Mandela, José (Pepe) Mujica y Jimmy Carter, tres antiguos presidentes de Sudáfrica, Uruguay y Estados Unidos, pero pocos son capaces de emular su ejemplo de desprendimiento por lo material, no robar, acabar con los privilegios tradicionales hacia los poderosos, luchar a favor de los más débiles o vulnerables sociales, procurar justicia e igualdad entre todos sus conciudadanos y ampliar las libertades y todos los derechos humanos. Ese sería el mejor legado que dejaría un estadista, razón por la cual, al abandonar el poder, pasan a ser personajes universales y paradigmáticos.
¿Cuántos presidentes ha tenido Sudáfrica, Estados Unidos y el pequeño Uruguay? ¿A cuálesusted conoce? De seguro que sí ha escuchado hablar de estos tres gigantes, los cuales ejercieron la actividad política para servir a sus respectivos pueblos, sin albergar rencores ni odios contra ningún sector, ni siquiera contra aquellos que fueron sus verdugos en el pasado.
Nelson Mandela fue abogado, pensador y filántropo, que estuvo preso durante más de 27 años, 1962-1990, por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero a su salida de la cárcel se convirtió en un símbolo contra la segregación racial y abogó por la libertad y la igualdad, resultando ser electo presidente de ese país en 1994. Desde el poder acabó con la discriminación, perdonó a sus adversarios e impulsó la reconciliación nacional. Antes de morir repartió su herencia de unos cuatro millones de dólares, generados mayormente por la venta de sus libros, entre familiares, su partido, el Consejo Nacional Africano y escuelas que él ayudaba. Hoy es un referente político en el ámbito mundial.
José Alberto (Pepe) Mujica Cordano fue un agricultor y revolucionario uruguayo que inicialmente concibió la lucha guerrillera para derrocar la dictadura gubernamental de su país. Permaneció 14 años en prisión y al salir renunció de los Tupamaros y del utópico marxismo leninismo, haciendo vida política en el Frente Amplio, alcanzando una diputación, después una senaduría y finalmente la presidencia de ese país en las elecciones de 2009. Al asumir el poder en el 2010 se negó a usar corbata, a cambiar su carro cepillo y la modesta casa donde siempre residió.
En su gobierno se despenalizó el aborto y la marihuana, se aprobó el matrimonio igualitario, se elevó el salario y amplió las libertades. El 90% de su sueldo como presidente, que ascendía a 12 mil dólares, los distribuía entre entidades benéficas. Salió del poder con el mismo vehículo y la misma casa como llegó. Nunca se consideró un hombre pobre, sino austero y condenó siempre la acumulación de riquezas materiales, la cual no da felicidad. Todo lo que hablaba tenía fundamento, era un pensador. Lo que más lejos tenían los uruguayos es que uno de los suyos sería en el futuro un ejemplar referente político, pese a que fue subestimado en la campaña electoral de 2009.
Finalmente, está el caso de Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos durante el período 1977-1981, el cual no pudo reelegirse al ser considerado “blandito” por los conservadores. Es que este hombre era un cristiano de verdad, contrario a matar seres humanos, nunca dio órdenes de bombardeo contra ninguna nación del mundo, partidario del respeto a los derechos de losciudadanos, opuesto a las dictaduras y a los fraudes electorales. Llevó siempre una vida modesta, residiendo en la misma casa y atendiendo a su granja.
En República Dominicana hemos tenido líderes políticos que se pueden calificar de modelos, por lo menos en término moral. Con defectos y virtudes (uno con más defectos que virtudes que otros), pero Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez no dejaron fortunas económicas, lo que revela cierta honradez y desprendimiento de lo material.
Por lo menos ese es un dato digno de resaltar, sin entrar en otras facetas de la vida política de estos gigantes. La gran sorpresa ha estado en los discípulos políticos de los tres, naturalmente sin generalizar. Y no es que cambiaron, siempre fueron así, sencillamente no les interesó las ens
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.