Opinión
Mandela, Mujica y Carter: tres grandes humanistas
Por Danilo Cruz Pichardo
La gran mayoría de los que incursionan en la actividad política es con el objetivo del lucro social, la vanidad, tener sentimientos de grandeza y que se le rinda culto a su persona. Regularmente predican lo que no practican. Verdaderos simuladores. Y no faltan aquellos que se valen de métodos maquiavélicos para aferrarse al poder y aplastar a sus opositores, violándoles derechos que son universales, como la libertad de expresión (para solo citar uno).
No es que se llenan de soberbia al llegar al poder, que su forma de ser cambió, como suele decir la gente. Sencillamente es desde un cargo público que sale a relucir la verdadera personalidad de un sujeto, que estuvo fingiendo desde la oposición y solo esperaba dotarse de poder para descargar todas sus pasiones y prejuicios políticos, sociales y personalescontra los demás, inclusive contra antiguos colaboradores.
Estamos en un mundo político donde todos admiran la práctica de personajes como Nelson Mandela, José (Pepe) Mujica y Jimmy Carter, tres antiguos presidentes de Sudáfrica, Uruguay y Estados Unidos, pero pocos son capaces de emular su ejemplo de desprendimiento por lo material, no robar, acabar con los privilegios tradicionales hacia los poderosos, luchar a favor de los más débiles o vulnerables sociales, procurar justicia e igualdad entre todos sus conciudadanos y ampliar las libertades y todos los derechos humanos. Ese sería el mejor legado que dejaría un estadista, razón por la cual, al abandonar el poder, pasan a ser personajes universales y paradigmáticos.
¿Cuántos presidentes ha tenido Sudáfrica, Estados Unidos y el pequeño Uruguay? ¿A cuálesusted conoce? De seguro que sí ha escuchado hablar de estos tres gigantes, los cuales ejercieron la actividad política para servir a sus respectivos pueblos, sin albergar rencores ni odios contra ningún sector, ni siquiera contra aquellos que fueron sus verdugos en el pasado.
Nelson Mandela fue abogado, pensador y filántropo, que estuvo preso durante más de 27 años, 1962-1990, por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero a su salida de la cárcel se convirtió en un símbolo contra la segregación racial y abogó por la libertad y la igualdad, resultando ser electo presidente de ese país en 1994. Desde el poder acabó con la discriminación, perdonó a sus adversarios e impulsó la reconciliación nacional. Antes de morir repartió su herencia de unos cuatro millones de dólares, generados mayormente por la venta de sus libros, entre familiares, su partido, el Consejo Nacional Africano y escuelas que él ayudaba. Hoy es un referente político en el ámbito mundial.
José Alberto (Pepe) Mujica Cordano fue un agricultor y revolucionario uruguayo que inicialmente concibió la lucha guerrillera para derrocar la dictadura gubernamental de su país. Permaneció 14 años en prisión y al salir renunció de los Tupamaros y del utópico marxismo leninismo, haciendo vida política en el Frente Amplio, alcanzando una diputación, después una senaduría y finalmente la presidencia de ese país en las elecciones de 2009. Al asumir el poder en el 2010 se negó a usar corbata, a cambiar su carro cepillo y la modesta casa donde siempre residió.
En su gobierno se despenalizó el aborto y la marihuana, se aprobó el matrimonio igualitario, se elevó el salario y amplió las libertades. El 90% de su sueldo como presidente, que ascendía a 12 mil dólares, los distribuía entre entidades benéficas. Salió del poder con el mismo vehículo y la misma casa como llegó. Nunca se consideró un hombre pobre, sino austero y condenó siempre la acumulación de riquezas materiales, la cual no da felicidad. Todo lo que hablaba tenía fundamento, era un pensador. Lo que más lejos tenían los uruguayos es que uno de los suyos sería en el futuro un ejemplar referente político, pese a que fue subestimado en la campaña electoral de 2009.
Finalmente, está el caso de Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos durante el período 1977-1981, el cual no pudo reelegirse al ser considerado “blandito” por los conservadores. Es que este hombre era un cristiano de verdad, contrario a matar seres humanos, nunca dio órdenes de bombardeo contra ninguna nación del mundo, partidario del respeto a los derechos de losciudadanos, opuesto a las dictaduras y a los fraudes electorales. Llevó siempre una vida modesta, residiendo en la misma casa y atendiendo a su granja.
En República Dominicana hemos tenido líderes políticos que se pueden calificar de modelos, por lo menos en término moral. Con defectos y virtudes (uno con más defectos que virtudes que otros), pero Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez no dejaron fortunas económicas, lo que revela cierta honradez y desprendimiento de lo material.
Por lo menos ese es un dato digno de resaltar, sin entrar en otras facetas de la vida política de estos gigantes. La gran sorpresa ha estado en los discípulos políticos de los tres, naturalmente sin generalizar. Y no es que cambiaron, siempre fueron así, sencillamente no les interesó las ens
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.