Opinión
Mandela, Mujica y Carter: tres grandes humanistas
Por Danilo Cruz Pichardo
La gran mayoría de los que incursionan en la actividad política es con el objetivo del lucro social, la vanidad, tener sentimientos de grandeza y que se le rinda culto a su persona. Regularmente predican lo que no practican. Verdaderos simuladores. Y no faltan aquellos que se valen de métodos maquiavélicos para aferrarse al poder y aplastar a sus opositores, violándoles derechos que son universales, como la libertad de expresión (para solo citar uno).
No es que se llenan de soberbia al llegar al poder, que su forma de ser cambió, como suele decir la gente. Sencillamente es desde un cargo público que sale a relucir la verdadera personalidad de un sujeto, que estuvo fingiendo desde la oposición y solo esperaba dotarse de poder para descargar todas sus pasiones y prejuicios políticos, sociales y personalescontra los demás, inclusive contra antiguos colaboradores.
Estamos en un mundo político donde todos admiran la práctica de personajes como Nelson Mandela, José (Pepe) Mujica y Jimmy Carter, tres antiguos presidentes de Sudáfrica, Uruguay y Estados Unidos, pero pocos son capaces de emular su ejemplo de desprendimiento por lo material, no robar, acabar con los privilegios tradicionales hacia los poderosos, luchar a favor de los más débiles o vulnerables sociales, procurar justicia e igualdad entre todos sus conciudadanos y ampliar las libertades y todos los derechos humanos. Ese sería el mejor legado que dejaría un estadista, razón por la cual, al abandonar el poder, pasan a ser personajes universales y paradigmáticos.
¿Cuántos presidentes ha tenido Sudáfrica, Estados Unidos y el pequeño Uruguay? ¿A cuálesusted conoce? De seguro que sí ha escuchado hablar de estos tres gigantes, los cuales ejercieron la actividad política para servir a sus respectivos pueblos, sin albergar rencores ni odios contra ningún sector, ni siquiera contra aquellos que fueron sus verdugos en el pasado.
Nelson Mandela fue abogado, pensador y filántropo, que estuvo preso durante más de 27 años, 1962-1990, por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero a su salida de la cárcel se convirtió en un símbolo contra la segregación racial y abogó por la libertad y la igualdad, resultando ser electo presidente de ese país en 1994. Desde el poder acabó con la discriminación, perdonó a sus adversarios e impulsó la reconciliación nacional. Antes de morir repartió su herencia de unos cuatro millones de dólares, generados mayormente por la venta de sus libros, entre familiares, su partido, el Consejo Nacional Africano y escuelas que él ayudaba. Hoy es un referente político en el ámbito mundial.
José Alberto (Pepe) Mujica Cordano fue un agricultor y revolucionario uruguayo que inicialmente concibió la lucha guerrillera para derrocar la dictadura gubernamental de su país. Permaneció 14 años en prisión y al salir renunció de los Tupamaros y del utópico marxismo leninismo, haciendo vida política en el Frente Amplio, alcanzando una diputación, después una senaduría y finalmente la presidencia de ese país en las elecciones de 2009. Al asumir el poder en el 2010 se negó a usar corbata, a cambiar su carro cepillo y la modesta casa donde siempre residió.
En su gobierno se despenalizó el aborto y la marihuana, se aprobó el matrimonio igualitario, se elevó el salario y amplió las libertades. El 90% de su sueldo como presidente, que ascendía a 12 mil dólares, los distribuía entre entidades benéficas. Salió del poder con el mismo vehículo y la misma casa como llegó. Nunca se consideró un hombre pobre, sino austero y condenó siempre la acumulación de riquezas materiales, la cual no da felicidad. Todo lo que hablaba tenía fundamento, era un pensador. Lo que más lejos tenían los uruguayos es que uno de los suyos sería en el futuro un ejemplar referente político, pese a que fue subestimado en la campaña electoral de 2009.
Finalmente, está el caso de Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos durante el período 1977-1981, el cual no pudo reelegirse al ser considerado “blandito” por los conservadores. Es que este hombre era un cristiano de verdad, contrario a matar seres humanos, nunca dio órdenes de bombardeo contra ninguna nación del mundo, partidario del respeto a los derechos de losciudadanos, opuesto a las dictaduras y a los fraudes electorales. Llevó siempre una vida modesta, residiendo en la misma casa y atendiendo a su granja.
En República Dominicana hemos tenido líderes políticos que se pueden calificar de modelos, por lo menos en término moral. Con defectos y virtudes (uno con más defectos que virtudes que otros), pero Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez no dejaron fortunas económicas, lo que revela cierta honradez y desprendimiento de lo material.
Por lo menos ese es un dato digno de resaltar, sin entrar en otras facetas de la vida política de estos gigantes. La gran sorpresa ha estado en los discípulos políticos de los tres, naturalmente sin generalizar. Y no es que cambiaron, siempre fueron así, sencillamente no les interesó las ens
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.