Opinión
Cuarto Poder en riesgo
Por Hamlet Hermann
Por más de 200 años se ha estado llamando a la prensa y a los medios de comunicación “El Cuarto Poder”. El atributo surge por considerarse que la información publicada constituía el contrapoder de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.
Esto fue relativamente válido dentro de algunos regímenes “democráticos”, no así en los gobiernos autoritarios que, a la franca, violaban los derechos humanos y censuraban las escasas libertades. Sin riesgo de equivocación, en República Dominicana, plagada su historia de regímenes despóticos, quizás hubo completa libertad de prensa en algunos meses de los años 1963 y 1965. Los más liberales convivían entonces, minoritariamente, con la tradicional prensa de origen trujillista y oligárquica donde se reciclaban el poder económico y los intereses extranjeros. Luego, ocasionalmente, existieron islotes progresistas y cuestionadores del sistema, que surgían y se sumergían hasta desaparecer para siempre en función de las mareas políticas y las oleadas represivas.
Para mal o para bien, el Cuarto Poder fue por mucho tiempo la forma de expresión de aquellos cuyas visiones políticas y económicas no estaban representadas en los otros tres poderes. Se sumaron a estos esfuerzos, valientes periodistas con el apoyo de algunos propietarios de medios, para lograr que el Cuarto Poder no desapareciera.
En décadas recientes, la consolidación de la televisión como el más importante medio de comunicación, revivió el sofisma de que ver es comprender. La engañosa ilusión de ser espectador de los hechos mientras ocurren, hace creer que se está participando y comprendiendo el suceso. Ahora, la importancia de las informaciones es valorada en función del tiempo que medie entre el hecho y la difusión. El televidente nunca se enterará de lo que quedó en el cuarto de edición. La aparente instantaneidad es la excelencia y permite como ninguna otra forma un adoctrinamiento político constante, invisible y clandestino.
Con el avance de la globalización económica, el contenido democrático y universal para beneficio de los ciudadanos ha ido perdiendo su sentido en los medios. Y se ha ido instaurando una solapada “censura democrática” ejercida al tiempo que adormece. Gracias a los avances tecnológicos, los datos circulan en inconmensurables cantidades, tan infectada de prejuicios que se torna incomprensible e imposible de transformar en información útil y verdadera. Además, esos volúmenes de datos que aparentan veracidad impiden en muchos casos percibir qué aspectos se están ocultando. El ciudadano es saturado con tantos datos dispersos que llega a convertirse en un ignorante de la información verídica.
Al mismo tiempo, el sistema de los medios mantiene un amplio sector de “comunicadores”, generosamente pagados, destinados a escribir lo que los otros poderes necesitan que se pregone. Son especialistas en levitación, en redactar criterios que queden en el aire sin la debida relación con la realidad. Eso sí, en constante complicidad con la politiquería reinante, en gran medida desprestigiada. Entre sí se leen y se congratulan por lo bien que funcionan las bisagras que llevan en el lomo. “Un pequeño grupo de periodistas, siempre presentes, cuyo poder está respaldado por la ley del silencio.
El espacio en la prensa para los artículos de fondo, aquellos que ayudan al lector a comprender la cantidad enorme de datos que llegan, ha ido disminuyendo cediéndole paso a la ineludible publicidad que financia la empresa de comunicación. Mientras, los sutiles controles sobre el espacio que ocupan estos analistas aumentan. La gratuidad por su esfuerzo se ha establecido para la inmensa mayoría de los colaboradores sin que haya otra opción. El único incentivo es el estímulo por sentirse publicado y llegando a ciertos lectores. Dichosos aquellos que pueden mantener por largo tiempo un espacio obtenido por la gracia de los Directores y propietarios del medio, más que por su calidad.
No en balde los sectores económicos y los grupos políticos se desvelan por adquirir el control de los medios de comunicación. En República Dominicana la prensa está todavía en manos de corporaciones económicas y financieras que tienen ahora como socios importantes al grupo que gobernó este país en la década reciente. Así, prácticamente, monopolizan la interpretación de los acontecimientos y la difusión de éstos.
Cuidemos con tino que la prensa nunca deje de ser el Cuarto Poder.
Artículo de opinión publicado originalmente en el periódico HOY
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.