Opinión
Cuarto Poder en riesgo
Por Hamlet Hermann
Por más de 200 años se ha estado llamando a la prensa y a los medios de comunicación “El Cuarto Poder”. El atributo surge por considerarse que la información publicada constituía el contrapoder de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.
Esto fue relativamente válido dentro de algunos regímenes “democráticos”, no así en los gobiernos autoritarios que, a la franca, violaban los derechos humanos y censuraban las escasas libertades. Sin riesgo de equivocación, en República Dominicana, plagada su historia de regímenes despóticos, quizás hubo completa libertad de prensa en algunos meses de los años 1963 y 1965. Los más liberales convivían entonces, minoritariamente, con la tradicional prensa de origen trujillista y oligárquica donde se reciclaban el poder económico y los intereses extranjeros. Luego, ocasionalmente, existieron islotes progresistas y cuestionadores del sistema, que surgían y se sumergían hasta desaparecer para siempre en función de las mareas políticas y las oleadas represivas.
Para mal o para bien, el Cuarto Poder fue por mucho tiempo la forma de expresión de aquellos cuyas visiones políticas y económicas no estaban representadas en los otros tres poderes. Se sumaron a estos esfuerzos, valientes periodistas con el apoyo de algunos propietarios de medios, para lograr que el Cuarto Poder no desapareciera.
En décadas recientes, la consolidación de la televisión como el más importante medio de comunicación, revivió el sofisma de que ver es comprender. La engañosa ilusión de ser espectador de los hechos mientras ocurren, hace creer que se está participando y comprendiendo el suceso. Ahora, la importancia de las informaciones es valorada en función del tiempo que medie entre el hecho y la difusión. El televidente nunca se enterará de lo que quedó en el cuarto de edición. La aparente instantaneidad es la excelencia y permite como ninguna otra forma un adoctrinamiento político constante, invisible y clandestino.
Con el avance de la globalización económica, el contenido democrático y universal para beneficio de los ciudadanos ha ido perdiendo su sentido en los medios. Y se ha ido instaurando una solapada “censura democrática” ejercida al tiempo que adormece. Gracias a los avances tecnológicos, los datos circulan en inconmensurables cantidades, tan infectada de prejuicios que se torna incomprensible e imposible de transformar en información útil y verdadera. Además, esos volúmenes de datos que aparentan veracidad impiden en muchos casos percibir qué aspectos se están ocultando. El ciudadano es saturado con tantos datos dispersos que llega a convertirse en un ignorante de la información verídica.
Al mismo tiempo, el sistema de los medios mantiene un amplio sector de “comunicadores”, generosamente pagados, destinados a escribir lo que los otros poderes necesitan que se pregone. Son especialistas en levitación, en redactar criterios que queden en el aire sin la debida relación con la realidad. Eso sí, en constante complicidad con la politiquería reinante, en gran medida desprestigiada. Entre sí se leen y se congratulan por lo bien que funcionan las bisagras que llevan en el lomo. “Un pequeño grupo de periodistas, siempre presentes, cuyo poder está respaldado por la ley del silencio.
El espacio en la prensa para los artículos de fondo, aquellos que ayudan al lector a comprender la cantidad enorme de datos que llegan, ha ido disminuyendo cediéndole paso a la ineludible publicidad que financia la empresa de comunicación. Mientras, los sutiles controles sobre el espacio que ocupan estos analistas aumentan. La gratuidad por su esfuerzo se ha establecido para la inmensa mayoría de los colaboradores sin que haya otra opción. El único incentivo es el estímulo por sentirse publicado y llegando a ciertos lectores. Dichosos aquellos que pueden mantener por largo tiempo un espacio obtenido por la gracia de los Directores y propietarios del medio, más que por su calidad.
No en balde los sectores económicos y los grupos políticos se desvelan por adquirir el control de los medios de comunicación. En República Dominicana la prensa está todavía en manos de corporaciones económicas y financieras que tienen ahora como socios importantes al grupo que gobernó este país en la década reciente. Así, prácticamente, monopolizan la interpretación de los acontecimientos y la difusión de éstos.
Cuidemos con tino que la prensa nunca deje de ser el Cuarto Poder.
Artículo de opinión publicado originalmente en el periódico HOY
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.