Nacionales
Se activan labores en el Congreso Nacional en recta final de la legislatura.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se encuentra en una fase de intensos debates y posiciones divergentes debido al estudio de proyectos de leyes que no ha sido posible que tengan un consenso, lo cual data del pasado 27 de febrero, día en el cual fueron reanudados los trabajos legislativos.
Sin embargo, de manera repentina, restando tan solo dos meses para la culminación de la actual legislatura, los presidentes de ambas cámaras del órgano constitucional anunciaron la agilización de varias piezas que se han mantenido en un “pin-pong” legislativo durante años.
El pleno del Senado de la República decidió, en la sesión ordinaria celebrada este martes, designar una comisión especial para estudiar una propuesta entregada el pasado 17 de septiembre por el representante Dagoberto Rodríguez para regular el uso del agua en el país.
“Hemos tomado la iniciativa de empujar para ver de qué manera nosotros podemos en esta misma legislatura darle estos proyectos de ley (estancados en las secretarías y comisiones legislativas) tan importantes para el pueblo dominicano”, informó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, antes de iniciar la sesión.
No obstante, continúa registrándose un escenario que ralentiza el procedimiento de aprobar las propuestas de ley, así lo evidenciaron las declaraciones del congresista De los Santos.
“Lo que pasa es que se tiene la situación de que en ocasiones se aprueban proyectos aquí (en el Senado) que perimen en la Cámara de Diputados…”, exclamó.
Al parecer, el panorama en las dos salas legislativas refleja una unificación de criterios, ya que el también presidente de la cámara baja, diputado Alfredo Pacheco, ha emitido las mismas declaraciones.
“Hemos estado trabajando en el último mes en la enumeración de una gran cantidad de leyes que pretendemos darle al país para este periodo legislativo que concluye el 27 de julio”, dijo Pacheco al ser entrevistado el pasado lunes en un medio de comunicación, indicando que las comisiones coordinaras de los senadores y diputados se reunirán para acelerar este proceso.
“Hay tiempo suficiente”
Pacheco mencionó alrededor de 20 proyectos que pertenecen a la lista de prioridades. Estos son las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Código Penal, Código Procesal Penal, de Alquilares, modificación a la Ley de Trata.
Además, la aprobación de leyes que unifican el Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), al igual que la unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, la ley que crea el Ministerio de Justicia, reforma a la Ley de Residuos Sólidos, creación de la ley de Alimentación Escolar, Fiscalización y Control del Congreso, Ciberseguridad, Expresión y Difusión de Pensamiento, Deportes, Candidaturas Independientes, Alerta Amber sobre personas desaparecidas y el Código de Trabajo.
A pesar de que muchas de estas propuestas legislativas permanecen desde hace años en el Poder Legislativo por las divisiones cuando son sometidas a estudios, el periodo restante dispuesto por la Carta Magna para el conocimiento de la piezas es más que suficiente, según considera Pacheco.
“Faltan aproximadamente dos meses, y tenemos el tiempo necesario para aterrizar en ese propósito: reducir la mora legislativa (aprobar una lista de leyes pendientes). Pero, tengo que decir con mucha responsabilidad que la reforma a la Ley de Seguridad Social y la creación del Código de Agua veo muy difícil que podamos aprobarla ahora», indicó el representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Código de Agua
El proyecto que será estudiado por la comisión especial que preside el senador Rogelio Genao coloca en el apartado de “bienes de dominio público” a todas las aguas del territorio nacional superficiales o subterráneas, ríos, lagos, lagunas, cauces, corrientes de aguas y embalses, “las aguas utilizadas provenientes del uso de las aguas públicas, acuíferos, aguas minerales y del mar.
Este conjunto de leyes pretende establecer los parámetros de utilización del agua en los casos de operaciones hidrológicas, tratamiento de aguas residuales, entre otras planificaciones empresariales y públicas.
Por esta razón aclara que “todos los prestadores de servicios hídricos, sean públicos o privados, de capital estatal, privado o mixto” están sujetos a las normativas establecidas, las cuales contemplan sanciones de hasta tres mil salarios mínimos a quienes vulneren este recurso natural en el territorio nacional.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.