Nacionales
Se activan labores en el Congreso Nacional en recta final de la legislatura.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se encuentra en una fase de intensos debates y posiciones divergentes debido al estudio de proyectos de leyes que no ha sido posible que tengan un consenso, lo cual data del pasado 27 de febrero, día en el cual fueron reanudados los trabajos legislativos.
Sin embargo, de manera repentina, restando tan solo dos meses para la culminación de la actual legislatura, los presidentes de ambas cámaras del órgano constitucional anunciaron la agilización de varias piezas que se han mantenido en un “pin-pong” legislativo durante años.
El pleno del Senado de la República decidió, en la sesión ordinaria celebrada este martes, designar una comisión especial para estudiar una propuesta entregada el pasado 17 de septiembre por el representante Dagoberto Rodríguez para regular el uso del agua en el país.
“Hemos tomado la iniciativa de empujar para ver de qué manera nosotros podemos en esta misma legislatura darle estos proyectos de ley (estancados en las secretarías y comisiones legislativas) tan importantes para el pueblo dominicano”, informó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, antes de iniciar la sesión.
No obstante, continúa registrándose un escenario que ralentiza el procedimiento de aprobar las propuestas de ley, así lo evidenciaron las declaraciones del congresista De los Santos.
“Lo que pasa es que se tiene la situación de que en ocasiones se aprueban proyectos aquí (en el Senado) que perimen en la Cámara de Diputados…”, exclamó.
Al parecer, el panorama en las dos salas legislativas refleja una unificación de criterios, ya que el también presidente de la cámara baja, diputado Alfredo Pacheco, ha emitido las mismas declaraciones.
“Hemos estado trabajando en el último mes en la enumeración de una gran cantidad de leyes que pretendemos darle al país para este periodo legislativo que concluye el 27 de julio”, dijo Pacheco al ser entrevistado el pasado lunes en un medio de comunicación, indicando que las comisiones coordinaras de los senadores y diputados se reunirán para acelerar este proceso.
“Hay tiempo suficiente”
Pacheco mencionó alrededor de 20 proyectos que pertenecen a la lista de prioridades. Estos son las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Código Penal, Código Procesal Penal, de Alquilares, modificación a la Ley de Trata.
Además, la aprobación de leyes que unifican el Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), al igual que la unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, la ley que crea el Ministerio de Justicia, reforma a la Ley de Residuos Sólidos, creación de la ley de Alimentación Escolar, Fiscalización y Control del Congreso, Ciberseguridad, Expresión y Difusión de Pensamiento, Deportes, Candidaturas Independientes, Alerta Amber sobre personas desaparecidas y el Código de Trabajo.
A pesar de que muchas de estas propuestas legislativas permanecen desde hace años en el Poder Legislativo por las divisiones cuando son sometidas a estudios, el periodo restante dispuesto por la Carta Magna para el conocimiento de la piezas es más que suficiente, según considera Pacheco.
“Faltan aproximadamente dos meses, y tenemos el tiempo necesario para aterrizar en ese propósito: reducir la mora legislativa (aprobar una lista de leyes pendientes). Pero, tengo que decir con mucha responsabilidad que la reforma a la Ley de Seguridad Social y la creación del Código de Agua veo muy difícil que podamos aprobarla ahora», indicó el representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Código de Agua
El proyecto que será estudiado por la comisión especial que preside el senador Rogelio Genao coloca en el apartado de “bienes de dominio público” a todas las aguas del territorio nacional superficiales o subterráneas, ríos, lagos, lagunas, cauces, corrientes de aguas y embalses, “las aguas utilizadas provenientes del uso de las aguas públicas, acuíferos, aguas minerales y del mar.
Este conjunto de leyes pretende establecer los parámetros de utilización del agua en los casos de operaciones hidrológicas, tratamiento de aguas residuales, entre otras planificaciones empresariales y públicas.
Por esta razón aclara que “todos los prestadores de servicios hídricos, sean públicos o privados, de capital estatal, privado o mixto” están sujetos a las normativas establecidas, las cuales contemplan sanciones de hasta tres mil salarios mínimos a quienes vulneren este recurso natural en el territorio nacional.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.