Nacionales
Se activan labores en el Congreso Nacional en recta final de la legislatura.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se encuentra en una fase de intensos debates y posiciones divergentes debido al estudio de proyectos de leyes que no ha sido posible que tengan un consenso, lo cual data del pasado 27 de febrero, día en el cual fueron reanudados los trabajos legislativos.
Sin embargo, de manera repentina, restando tan solo dos meses para la culminación de la actual legislatura, los presidentes de ambas cámaras del órgano constitucional anunciaron la agilización de varias piezas que se han mantenido en un “pin-pong” legislativo durante años.
El pleno del Senado de la República decidió, en la sesión ordinaria celebrada este martes, designar una comisión especial para estudiar una propuesta entregada el pasado 17 de septiembre por el representante Dagoberto Rodríguez para regular el uso del agua en el país.
“Hemos tomado la iniciativa de empujar para ver de qué manera nosotros podemos en esta misma legislatura darle estos proyectos de ley (estancados en las secretarías y comisiones legislativas) tan importantes para el pueblo dominicano”, informó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, antes de iniciar la sesión.
No obstante, continúa registrándose un escenario que ralentiza el procedimiento de aprobar las propuestas de ley, así lo evidenciaron las declaraciones del congresista De los Santos.
“Lo que pasa es que se tiene la situación de que en ocasiones se aprueban proyectos aquí (en el Senado) que perimen en la Cámara de Diputados…”, exclamó.
Al parecer, el panorama en las dos salas legislativas refleja una unificación de criterios, ya que el también presidente de la cámara baja, diputado Alfredo Pacheco, ha emitido las mismas declaraciones.
“Hemos estado trabajando en el último mes en la enumeración de una gran cantidad de leyes que pretendemos darle al país para este periodo legislativo que concluye el 27 de julio”, dijo Pacheco al ser entrevistado el pasado lunes en un medio de comunicación, indicando que las comisiones coordinaras de los senadores y diputados se reunirán para acelerar este proceso.
“Hay tiempo suficiente”
Pacheco mencionó alrededor de 20 proyectos que pertenecen a la lista de prioridades. Estos son las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Código Penal, Código Procesal Penal, de Alquilares, modificación a la Ley de Trata.
Además, la aprobación de leyes que unifican el Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), al igual que la unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, la ley que crea el Ministerio de Justicia, reforma a la Ley de Residuos Sólidos, creación de la ley de Alimentación Escolar, Fiscalización y Control del Congreso, Ciberseguridad, Expresión y Difusión de Pensamiento, Deportes, Candidaturas Independientes, Alerta Amber sobre personas desaparecidas y el Código de Trabajo.
A pesar de que muchas de estas propuestas legislativas permanecen desde hace años en el Poder Legislativo por las divisiones cuando son sometidas a estudios, el periodo restante dispuesto por la Carta Magna para el conocimiento de la piezas es más que suficiente, según considera Pacheco.
“Faltan aproximadamente dos meses, y tenemos el tiempo necesario para aterrizar en ese propósito: reducir la mora legislativa (aprobar una lista de leyes pendientes). Pero, tengo que decir con mucha responsabilidad que la reforma a la Ley de Seguridad Social y la creación del Código de Agua veo muy difícil que podamos aprobarla ahora», indicó el representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Código de Agua
El proyecto que será estudiado por la comisión especial que preside el senador Rogelio Genao coloca en el apartado de “bienes de dominio público” a todas las aguas del territorio nacional superficiales o subterráneas, ríos, lagos, lagunas, cauces, corrientes de aguas y embalses, “las aguas utilizadas provenientes del uso de las aguas públicas, acuíferos, aguas minerales y del mar.
Este conjunto de leyes pretende establecer los parámetros de utilización del agua en los casos de operaciones hidrológicas, tratamiento de aguas residuales, entre otras planificaciones empresariales y públicas.
Por esta razón aclara que “todos los prestadores de servicios hídricos, sean públicos o privados, de capital estatal, privado o mixto” están sujetos a las normativas establecidas, las cuales contemplan sanciones de hasta tres mil salarios mínimos a quienes vulneren este recurso natural en el territorio nacional.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.