Nacionales
Se activan labores en el Congreso Nacional en recta final de la legislatura.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se encuentra en una fase de intensos debates y posiciones divergentes debido al estudio de proyectos de leyes que no ha sido posible que tengan un consenso, lo cual data del pasado 27 de febrero, día en el cual fueron reanudados los trabajos legislativos.
Sin embargo, de manera repentina, restando tan solo dos meses para la culminación de la actual legislatura, los presidentes de ambas cámaras del órgano constitucional anunciaron la agilización de varias piezas que se han mantenido en un “pin-pong” legislativo durante años.
El pleno del Senado de la República decidió, en la sesión ordinaria celebrada este martes, designar una comisión especial para estudiar una propuesta entregada el pasado 17 de septiembre por el representante Dagoberto Rodríguez para regular el uso del agua en el país.
“Hemos tomado la iniciativa de empujar para ver de qué manera nosotros podemos en esta misma legislatura darle estos proyectos de ley (estancados en las secretarías y comisiones legislativas) tan importantes para el pueblo dominicano”, informó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, antes de iniciar la sesión.
No obstante, continúa registrándose un escenario que ralentiza el procedimiento de aprobar las propuestas de ley, así lo evidenciaron las declaraciones del congresista De los Santos.
“Lo que pasa es que se tiene la situación de que en ocasiones se aprueban proyectos aquí (en el Senado) que perimen en la Cámara de Diputados…”, exclamó.
Al parecer, el panorama en las dos salas legislativas refleja una unificación de criterios, ya que el también presidente de la cámara baja, diputado Alfredo Pacheco, ha emitido las mismas declaraciones.
“Hemos estado trabajando en el último mes en la enumeración de una gran cantidad de leyes que pretendemos darle al país para este periodo legislativo que concluye el 27 de julio”, dijo Pacheco al ser entrevistado el pasado lunes en un medio de comunicación, indicando que las comisiones coordinaras de los senadores y diputados se reunirán para acelerar este proceso.
“Hay tiempo suficiente”
Pacheco mencionó alrededor de 20 proyectos que pertenecen a la lista de prioridades. Estos son las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Código Penal, Código Procesal Penal, de Alquilares, modificación a la Ley de Trata.
Además, la aprobación de leyes que unifican el Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), al igual que la unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, la ley que crea el Ministerio de Justicia, reforma a la Ley de Residuos Sólidos, creación de la ley de Alimentación Escolar, Fiscalización y Control del Congreso, Ciberseguridad, Expresión y Difusión de Pensamiento, Deportes, Candidaturas Independientes, Alerta Amber sobre personas desaparecidas y el Código de Trabajo.
A pesar de que muchas de estas propuestas legislativas permanecen desde hace años en el Poder Legislativo por las divisiones cuando son sometidas a estudios, el periodo restante dispuesto por la Carta Magna para el conocimiento de la piezas es más que suficiente, según considera Pacheco.
“Faltan aproximadamente dos meses, y tenemos el tiempo necesario para aterrizar en ese propósito: reducir la mora legislativa (aprobar una lista de leyes pendientes). Pero, tengo que decir con mucha responsabilidad que la reforma a la Ley de Seguridad Social y la creación del Código de Agua veo muy difícil que podamos aprobarla ahora», indicó el representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Código de Agua
El proyecto que será estudiado por la comisión especial que preside el senador Rogelio Genao coloca en el apartado de “bienes de dominio público” a todas las aguas del territorio nacional superficiales o subterráneas, ríos, lagos, lagunas, cauces, corrientes de aguas y embalses, “las aguas utilizadas provenientes del uso de las aguas públicas, acuíferos, aguas minerales y del mar.
Este conjunto de leyes pretende establecer los parámetros de utilización del agua en los casos de operaciones hidrológicas, tratamiento de aguas residuales, entre otras planificaciones empresariales y públicas.
Por esta razón aclara que “todos los prestadores de servicios hídricos, sean públicos o privados, de capital estatal, privado o mixto” están sujetos a las normativas establecidas, las cuales contemplan sanciones de hasta tres mil salarios mínimos a quienes vulneren este recurso natural en el territorio nacional.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.