Nacionales
Se activan labores en el Congreso Nacional en recta final de la legislatura.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se encuentra en una fase de intensos debates y posiciones divergentes debido al estudio de proyectos de leyes que no ha sido posible que tengan un consenso, lo cual data del pasado 27 de febrero, día en el cual fueron reanudados los trabajos legislativos.
Sin embargo, de manera repentina, restando tan solo dos meses para la culminación de la actual legislatura, los presidentes de ambas cámaras del órgano constitucional anunciaron la agilización de varias piezas que se han mantenido en un “pin-pong” legislativo durante años.
El pleno del Senado de la República decidió, en la sesión ordinaria celebrada este martes, designar una comisión especial para estudiar una propuesta entregada el pasado 17 de septiembre por el representante Dagoberto Rodríguez para regular el uso del agua en el país.
“Hemos tomado la iniciativa de empujar para ver de qué manera nosotros podemos en esta misma legislatura darle estos proyectos de ley (estancados en las secretarías y comisiones legislativas) tan importantes para el pueblo dominicano”, informó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, antes de iniciar la sesión.
No obstante, continúa registrándose un escenario que ralentiza el procedimiento de aprobar las propuestas de ley, así lo evidenciaron las declaraciones del congresista De los Santos.
“Lo que pasa es que se tiene la situación de que en ocasiones se aprueban proyectos aquí (en el Senado) que perimen en la Cámara de Diputados…”, exclamó.
Al parecer, el panorama en las dos salas legislativas refleja una unificación de criterios, ya que el también presidente de la cámara baja, diputado Alfredo Pacheco, ha emitido las mismas declaraciones.
“Hemos estado trabajando en el último mes en la enumeración de una gran cantidad de leyes que pretendemos darle al país para este periodo legislativo que concluye el 27 de julio”, dijo Pacheco al ser entrevistado el pasado lunes en un medio de comunicación, indicando que las comisiones coordinaras de los senadores y diputados se reunirán para acelerar este proceso.
“Hay tiempo suficiente”
Pacheco mencionó alrededor de 20 proyectos que pertenecen a la lista de prioridades. Estos son las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Código Penal, Código Procesal Penal, de Alquilares, modificación a la Ley de Trata.
Además, la aprobación de leyes que unifican el Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), al igual que la unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, la ley que crea el Ministerio de Justicia, reforma a la Ley de Residuos Sólidos, creación de la ley de Alimentación Escolar, Fiscalización y Control del Congreso, Ciberseguridad, Expresión y Difusión de Pensamiento, Deportes, Candidaturas Independientes, Alerta Amber sobre personas desaparecidas y el Código de Trabajo.
A pesar de que muchas de estas propuestas legislativas permanecen desde hace años en el Poder Legislativo por las divisiones cuando son sometidas a estudios, el periodo restante dispuesto por la Carta Magna para el conocimiento de la piezas es más que suficiente, según considera Pacheco.
“Faltan aproximadamente dos meses, y tenemos el tiempo necesario para aterrizar en ese propósito: reducir la mora legislativa (aprobar una lista de leyes pendientes). Pero, tengo que decir con mucha responsabilidad que la reforma a la Ley de Seguridad Social y la creación del Código de Agua veo muy difícil que podamos aprobarla ahora», indicó el representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Código de Agua
El proyecto que será estudiado por la comisión especial que preside el senador Rogelio Genao coloca en el apartado de “bienes de dominio público” a todas las aguas del territorio nacional superficiales o subterráneas, ríos, lagos, lagunas, cauces, corrientes de aguas y embalses, “las aguas utilizadas provenientes del uso de las aguas públicas, acuíferos, aguas minerales y del mar.
Este conjunto de leyes pretende establecer los parámetros de utilización del agua en los casos de operaciones hidrológicas, tratamiento de aguas residuales, entre otras planificaciones empresariales y públicas.
Por esta razón aclara que “todos los prestadores de servicios hídricos, sean públicos o privados, de capital estatal, privado o mixto” están sujetos a las normativas establecidas, las cuales contemplan sanciones de hasta tres mil salarios mínimos a quienes vulneren este recurso natural en el territorio nacional.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.