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Partidos buscan evitar publicación de encuestas políticas antes de proclama preelectoral
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de conocer la opinión de los partidos políticos, las firmas encuestadoras y los medios de comunicación, la Junta Central Electoral (JCE) realizó este jueves una audiencia para conocer la opinión sobre el proyecto de reglamento que establece el procedimiento de registro y la publicación de encuestas en materia electoral.
Seis de los nueve partidos políticos mayoritarios y minoritarios presentes en la reunión manifestaron, de manera individual, ante el pleno de la JCE su preocupación por el descontrol registrado en el país con la publicación de encuestas políticas y sondeos electorales fuera de los procesos electorales.
Es por esta razón que los representantes de las entidades políticas coincidieron en la necesidad que existe en República Dominicana de permitir únicamente la emisión de estos mecanismos de medición cuando sea realizada la proclama electoral, a partir del primer domingo de julio del año anterior a los sufragios.
La lista de quienes pidieron a la JCE cumplir con esta cláusula la integran la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN).
Además, los dirigentes de estas agrupaciones políticas solicitaron la adición al reglamento de un régimen sancionatorio con penalidades graduales y proporcionales que sancione la difusión de encuestas falsas, manipuladas o divulgadas a destiempo, el uso de empresas no registradas ante la JCE, la omisión de los datos obligatorios en su publicación.
Consideran necesario colocar dentro de las penalidades los castigos que disponen los artículos 305, 306 y 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Así como también los castigos contenidos a partir del artículo 40 y de la Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos.
“Que vayan desde amonestaciones públicas, multas, suspensión o exclusión del registro de firmas encuestadoras”, indicaron de manera reiterativa los delegados políticos de los partidos antes mencionados. Para la inhabilitación del permiso entiende fundamental que esta decisión de la JCE sea sometida a la opinión de los partidos políticos.
El vocero del Partido Demócrata Institucional (PDI), Leonardo Suero, le sugirió a la JCE tomar una medida cautelar administrativa en la cual le informe a la empresa, que viole esta disposición, su suspensión, hasta el siguiente proceso electoral.
“Para que nos evitemos que estén tratando de acomodar la mente del dominicano, que este tipo de bombardeo subliminal lo que busca es que un candidato salga primero”, dijo Suero. No obstante, el pleno del órgano electoral no informó sobre la admisión de esta moción.
Su posición, según explicó, es una respuesta a las constantes mediciones que publican emisoras radiales y medios de comunicación, sin importar que sean desarrolladas fuera de la contienda electoral.
“No voy a mencionar emisora, pero aquí todos la conocemos… viven haciendo encuestas de manera recurrente, inmiscuyéndose en activismo político. No vayan a creer que esas emisoras hacen esas encuestas por dinero para mantener una tendencia política”, afirmó.
¿qúe dice la ley?
El artículo 216 de la Ley 20-23 solo prohíbe la la publicación y difusión de sondeos o encuestas
electorales los ocho días anteriores
al de la votación.
“Boca de Urna”
“Se prohíbe el proselitismo 48 horas antes del proceso electoral. Entonces, ¿Cómo es posible que le permitamos a las encuestas (hacer estos sondeos) dentro del proceso de votación? Debemos reglamentarlo so pena de que quien lo haga también tenga sanciones”, dijo Suero pidiendo también la prohibición de conocer los resultados sobre las encuestas “boca de urna” durante las votaciones.
“Que el resultado de las encuestas boca de urna sea privado de los contratantes, so pena de sanción. Solo la JCE puede emitir resultados públicos el día de las elecciones, garantizando la integridad y certeza del proceso electoral”, afirmó Tania Báez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Registro ante la JCE
Por otro lado, las organizaciones políticas recomendaron al órgano electoral fortalecer los requisitos que deben cumplir de manera obligatoria las firmas encuestadoras en República Dominicana.
Para esto, propusieron habilitar un apartado en la página web de la JCE en la que de forma actualizada se presenten los trabajos de encuestas realizadas, conjuntamente con la ficha técnica que detallará la descripción de la muestra, estratificación en caso de que aplique, temporalidad en el trabajo de campo, cuestionario integro de aplicación, datos del patrocinador e informe final con los resultados, margen de error y nivel de confianza, cobertura geográfica, fecha y método de levantamiento, entre otros.
Recomiendan crear una comisión técnica consultiva permanente integrada por los representantes de partidos políticos, universidades y expertos en encuestas con el objetivo de darle seguimiento a la aplicación del reglamento y proponer mejoras continuas.
Julián Burgos del Partido Humanista Dominicano (PHD) entiende que la “restricción” colocada en el artículo 7 del reglamento elaborado por la JCE para evitar las encuestas en línea, telefónicas y digitales podrían obstaculizar la aplicación de técnicas actuales. Significando, además, una afectación al principio constitucional de libertad empresarial, consignado en artículo de 50 de la Carta Magna.
“Nuestra sugerencia es permitir el uso de metodología mixta, telefónica, en línea, digitales, entre otras, bajo criterio técnico estricto, auditable y debidamente documentado, sin comprometer el rigor metodológico ni la representatividad”, expresó Burgos.
Por igual, demandó a la JCE aclarar que la supervisión dictada en la propuesta de reglamento no implica la validación de los resultados, sino una verificación exclusiva de las condiciones técnicas y formales.
Opinión de las firmas
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, con 16 empresas agrupadas en el territorio nacional, aprovechó su oportunidad de intervención para reafirmar su compromiso en contra de las informaciones falsas.
“Queremos combatir la desinformación, pero rechazamos la definición de las encuestas electorales como un instrumento de propaganda. Son instrumentos científicos para divulgar la opinión pública, no para dirigirla”, declaró Maijo Gutiérrez, representante del gremio.
Sin embargo, también compartieron sus observaciones, expresando que es necesario colocar “bien claro” que la regulación no es a la ejecución de las encuestas políticas, sino a su publicación y mal uso.
“Que haga una distinción entre lo que son las encuestas internas y las encuestas públicas difundidas por medios, redes y particulares”.
Asimismo, manifestaron su voluntad de pertenecer a una comisión mixta para darle seguimiento continuo al reglamento con la revisión de metodologías, validación a los estándares de calidad, actualización de la normativa, atender controversias técnicas con objetividad, fortalecer la confianza pública en los estudios profesionales, proteger el prestigio de la investigación seria frente a la manipulación de datos, implementar campañas informativas sobre las encuestas con rigor científico.
“Estaríamos dispuestos a hacer capacitaciones periódicas sobre la correcta lectura e interpretación de las encuestas dirigidas a candidatos, partidos, medios de comunicación y público en general, así como establecer protocolos para su divulgación”, destacó Gutiérrez.
“Más tiempo”
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Unión Demócrata Cristiana (PUDC) y el Partido Cívico Renovador (PCR) requirieron ante el órgano electoral extender el plazo del proceso de diálogo para continuar analizando la pieza, lo que les permitirá compartir sus conclusiones.
El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, prolongó hasta el próximo 19 de junio a las 4:00 de la tarde el tiempo hábil que tendrá la secretaria general para recibir los documentos de los partidos políticos, medios de comunicación, firmas encuestadoras y cualquier ciudadano interesado en compartir su opinión sobre el particular.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.