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Partidos buscan evitar publicación de encuestas políticas antes de proclama preelectoral
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de conocer la opinión de los partidos políticos, las firmas encuestadoras y los medios de comunicación, la Junta Central Electoral (JCE) realizó este jueves una audiencia para conocer la opinión sobre el proyecto de reglamento que establece el procedimiento de registro y la publicación de encuestas en materia electoral.
Seis de los nueve partidos políticos mayoritarios y minoritarios presentes en la reunión manifestaron, de manera individual, ante el pleno de la JCE su preocupación por el descontrol registrado en el país con la publicación de encuestas políticas y sondeos electorales fuera de los procesos electorales.
Es por esta razón que los representantes de las entidades políticas coincidieron en la necesidad que existe en República Dominicana de permitir únicamente la emisión de estos mecanismos de medición cuando sea realizada la proclama electoral, a partir del primer domingo de julio del año anterior a los sufragios.
La lista de quienes pidieron a la JCE cumplir con esta cláusula la integran la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN).
Además, los dirigentes de estas agrupaciones políticas solicitaron la adición al reglamento de un régimen sancionatorio con penalidades graduales y proporcionales que sancione la difusión de encuestas falsas, manipuladas o divulgadas a destiempo, el uso de empresas no registradas ante la JCE, la omisión de los datos obligatorios en su publicación.
Consideran necesario colocar dentro de las penalidades los castigos que disponen los artículos 305, 306 y 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Así como también los castigos contenidos a partir del artículo 40 y de la Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos.
“Que vayan desde amonestaciones públicas, multas, suspensión o exclusión del registro de firmas encuestadoras”, indicaron de manera reiterativa los delegados políticos de los partidos antes mencionados. Para la inhabilitación del permiso entiende fundamental que esta decisión de la JCE sea sometida a la opinión de los partidos políticos.
El vocero del Partido Demócrata Institucional (PDI), Leonardo Suero, le sugirió a la JCE tomar una medida cautelar administrativa en la cual le informe a la empresa, que viole esta disposición, su suspensión, hasta el siguiente proceso electoral.
“Para que nos evitemos que estén tratando de acomodar la mente del dominicano, que este tipo de bombardeo subliminal lo que busca es que un candidato salga primero”, dijo Suero. No obstante, el pleno del órgano electoral no informó sobre la admisión de esta moción.
Su posición, según explicó, es una respuesta a las constantes mediciones que publican emisoras radiales y medios de comunicación, sin importar que sean desarrolladas fuera de la contienda electoral.
“No voy a mencionar emisora, pero aquí todos la conocemos… viven haciendo encuestas de manera recurrente, inmiscuyéndose en activismo político. No vayan a creer que esas emisoras hacen esas encuestas por dinero para mantener una tendencia política”, afirmó.
¿qúe dice la ley?
El artículo 216 de la Ley 20-23 solo prohíbe la la publicación y difusión de sondeos o encuestas
electorales los ocho días anteriores
al de la votación.
“Boca de Urna”
“Se prohíbe el proselitismo 48 horas antes del proceso electoral. Entonces, ¿Cómo es posible que le permitamos a las encuestas (hacer estos sondeos) dentro del proceso de votación? Debemos reglamentarlo so pena de que quien lo haga también tenga sanciones”, dijo Suero pidiendo también la prohibición de conocer los resultados sobre las encuestas “boca de urna” durante las votaciones.
“Que el resultado de las encuestas boca de urna sea privado de los contratantes, so pena de sanción. Solo la JCE puede emitir resultados públicos el día de las elecciones, garantizando la integridad y certeza del proceso electoral”, afirmó Tania Báez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Registro ante la JCE
Por otro lado, las organizaciones políticas recomendaron al órgano electoral fortalecer los requisitos que deben cumplir de manera obligatoria las firmas encuestadoras en República Dominicana.
Para esto, propusieron habilitar un apartado en la página web de la JCE en la que de forma actualizada se presenten los trabajos de encuestas realizadas, conjuntamente con la ficha técnica que detallará la descripción de la muestra, estratificación en caso de que aplique, temporalidad en el trabajo de campo, cuestionario integro de aplicación, datos del patrocinador e informe final con los resultados, margen de error y nivel de confianza, cobertura geográfica, fecha y método de levantamiento, entre otros.
Recomiendan crear una comisión técnica consultiva permanente integrada por los representantes de partidos políticos, universidades y expertos en encuestas con el objetivo de darle seguimiento a la aplicación del reglamento y proponer mejoras continuas.
Julián Burgos del Partido Humanista Dominicano (PHD) entiende que la “restricción” colocada en el artículo 7 del reglamento elaborado por la JCE para evitar las encuestas en línea, telefónicas y digitales podrían obstaculizar la aplicación de técnicas actuales. Significando, además, una afectación al principio constitucional de libertad empresarial, consignado en artículo de 50 de la Carta Magna.
“Nuestra sugerencia es permitir el uso de metodología mixta, telefónica, en línea, digitales, entre otras, bajo criterio técnico estricto, auditable y debidamente documentado, sin comprometer el rigor metodológico ni la representatividad”, expresó Burgos.
Por igual, demandó a la JCE aclarar que la supervisión dictada en la propuesta de reglamento no implica la validación de los resultados, sino una verificación exclusiva de las condiciones técnicas y formales.
Opinión de las firmas
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, con 16 empresas agrupadas en el territorio nacional, aprovechó su oportunidad de intervención para reafirmar su compromiso en contra de las informaciones falsas.
“Queremos combatir la desinformación, pero rechazamos la definición de las encuestas electorales como un instrumento de propaganda. Son instrumentos científicos para divulgar la opinión pública, no para dirigirla”, declaró Maijo Gutiérrez, representante del gremio.
Sin embargo, también compartieron sus observaciones, expresando que es necesario colocar “bien claro” que la regulación no es a la ejecución de las encuestas políticas, sino a su publicación y mal uso.
“Que haga una distinción entre lo que son las encuestas internas y las encuestas públicas difundidas por medios, redes y particulares”.
Asimismo, manifestaron su voluntad de pertenecer a una comisión mixta para darle seguimiento continuo al reglamento con la revisión de metodologías, validación a los estándares de calidad, actualización de la normativa, atender controversias técnicas con objetividad, fortalecer la confianza pública en los estudios profesionales, proteger el prestigio de la investigación seria frente a la manipulación de datos, implementar campañas informativas sobre las encuestas con rigor científico.
“Estaríamos dispuestos a hacer capacitaciones periódicas sobre la correcta lectura e interpretación de las encuestas dirigidas a candidatos, partidos, medios de comunicación y público en general, así como establecer protocolos para su divulgación”, destacó Gutiérrez.
“Más tiempo”
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Unión Demócrata Cristiana (PUDC) y el Partido Cívico Renovador (PCR) requirieron ante el órgano electoral extender el plazo del proceso de diálogo para continuar analizando la pieza, lo que les permitirá compartir sus conclusiones.
El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, prolongó hasta el próximo 19 de junio a las 4:00 de la tarde el tiempo hábil que tendrá la secretaria general para recibir los documentos de los partidos políticos, medios de comunicación, firmas encuestadoras y cualquier ciudadano interesado en compartir su opinión sobre el particular.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.