Nacionales
Aplazan para el 7 de julio audiencia contra acusados de operación Gaviota
Santo Domingo.– Fue aplazado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para el 7 de julio la continuación de la audiencia preliminar contra los acusados del supuesto entramado de estafa piramidal conocido como operación Gaviota
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión porque el tribunal está conociendo resoluciones sobre peticiones de la defensa y del Ministerio Público.
La operación Gaviota supuestamente operaba a través de la firma Investor Winner, y según la acusación, captó más de 3,000 millones de pesos, con un esquema de operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
En junio del año pasado se realizaron allanamientos en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional, donde fueron arrestadas varias personas y se incautaron «evidencias» vinculadas a la investigación.
Según el Ministerio Público, la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas, a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Nacionales
Acción ante el TC busca que consumo de drogas sea tratado como problema de salud y no con cárcel
Affe Gutiérrez plantea diferenciar jurídicamente al consumidor del narcotraficante y sostiene que la persecución penal dificulta la rehabilitación y reinserción social de jóvenes
Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC) quedó apoderado para decidir sobre una acción que procura cambiar el tratamiento penal que recibe el simple consumo de drogas en República Dominicana, bajo el argumento de que los consumidores deben ser considerados personas necesitadas de atención sanitaria y rehabilitación, en lugar de ser enviados a prisión.
La iniciativa fue presentada por Affe Gutiérrez, quien fundamenta su planteamiento, entre otros aspectos, en su experiencia durante los dos años que permaneció privado de libertad y en las condiciones que, según relata, observó entre jóvenes consumidores que ingresaban a los centros penitenciarios.
Gutiérrez presentó este miércoles sus conclusiones ante el Tribunal Constitucional durante una audiencia pública en la que fueron conocidas 23 acciones directas de inconstitucionalidad. Su expediente quedó en estado de fallo.
Una discusión entre sanción penal y política sanitaria
El planteamiento parte de una distinción fundamental: consumir drogas y comercializarlas no constituyen, a juicio del accionante, conductas que deban recibir idéntica respuesta del Estado.
Gutiérrez sostiene que existen narcotraficantes, distribuidores y consumidores, y considera a estos últimos víctimas de un problema que requiere principalmente políticas de salud, rehabilitación y reinserción.
Según relató, durante su permanencia en prisión pudo observar las consecuencias que producía el consumo entre algunos internos. Aseguró que mientras determinadas personas tenían capacidad económica para adquirir sustancias, otras accedían a drogas mezcladas con componentes peligrosos, llegando algunas de ellas a presentar condiciones graves de salud.
Esa experiencia constituye uno de los elementos que, conforme a sus declaraciones, lo llevaron a cuestionar la efectividad de encarcelar a personas por conductas relacionadas con el consumo.
Invoca dignidad, salud y proporcionalidad
La acción presentada ante el TC se sustenta, según explicó Gutiérrez, en principios como la objetividad y la proporcionalidad, así como en los derechos a la dignidad humana y a la salud.
Su argumento cuestiona que el Derecho penal sea utilizado contra una persona cuando la conducta atribuida, según su tesis, produce fundamentalmente un daño sobre el propio consumidor.
Desde esa perspectiva, considera que la intervención estatal debería concentrarse en combatir el narcotráfico y la comercialización de sustancias ilícitas, mientras el consumidor debería recibir asistencia dirigida a su recuperación.
La propuesta, por tanto, no persigue la despenalización del tráfico ni de la distribución de drogas.
Las consecuencias de pasar por el sistema penal
Otro de los aspectos planteados por Gutiérrez es el impacto que puede provocar un expediente penal en la vida de un joven después de abandonar un centro penitenciario.
Advirtió que una causa penal abierta puede convertirse posteriormente en una barrera para obtener empleo y reconstruir la vida personal y profesional, dificultando precisamente el proceso de reinserción que debería perseguirse.
Desde esa óptica, entiende que someter al consumidor al sistema penal puede generar consecuencias que se prolongan más allá de la eventual privación de libertad.
¿Consumidor o traficante?
Uno de los puntos sensibles de cualquier eventual diferenciación se encuentra en establecer cuándo una persona posee sustancias para consumo y cuándo participa en actividades de distribución.
Gutiérrez entiende que las autoridades cuentan con elementos para realizar esa distinción. Puso como ejemplo el caso de una persona encontrada en flagrante delito con numerosas porciones individualizadas, circunstancia que, según argumentó, podría indicar una actividad de comercialización y no simplemente consumo.
El planteamiento abre así una discusión jurídica que trasciende el caso particular: hasta dónde debe llegar la intervención del Derecho penal frente al consumo de sustancias y en qué momento debe ceder espacio a las políticas públicas de salud.
Tribunal Constitucional tendrá la última palabra
Tras la presentación de las conclusiones, el expediente fue dejado en estado de fallo.
Corresponderá ahora al pleno del Tribunal Constitucional determinar la suerte de la acción y pronunciarse sobre los argumentos constitucionales planteados.
La decisión podría adquirir especial relevancia por las implicaciones que el tema presenta en materia de política criminal, salud pública, dignidad humana, proporcionalidad, reinserción social y alcance de la potestad punitiva del Estado.
El debate, en consecuencia, no se limita a determinar qué hacer frente a una persona que consume drogas. También plantea una cuestión de mayor profundidad: si la respuesta estatal frente al consumidor debe comenzar en un tribunal o en el sistema de salud.
Ernesto Rodríguez García considera necesaria la modernización de la Ley 590-16 para consolidar los cambios en la institución; también defendió la exigencia de declaraciones juradas a mandos policiales.
Santo Domingo.– El proceso de transformación de la Policía Nacional requiere avanzar hacia una actualización de su marco jurídico que permita consolidar institucionalmente la reforma, afirmó este miércoles el nuevo director general del organismo, mayor general Ernesto Rodríguez García.
El funcionario hizo el planteamiento durante una visita de cortesía al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde destacó la importancia que tendría para la institución la modernización de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.
Rodríguez García reconoció que la reforma policial ya se encuentra en marcha, pero entiende que necesita el respaldo de una legislación actualizada para garantizar un mejor desenvolvimiento de la institución.
La eventual aprobación de las modificaciones legales dependerá del Congreso Nacional, escenario en el que actualmente existen iniciativas relacionadas con la reforma de la normativa que regula el funcionamiento policial.
Declaraciones juradas para los mandos
Otro de los temas abordados por el director policial fue la disposición mediante la cual ordenó a directores y comandantes departamentales presentar sus declaraciones juradas de patrimonio ante la Cámara de Cuentas.
La medida fue adoptada luego de su juramentación como director de la Policía Nacional, ocurrida el pasado 17 de agosto.
Los oficiales alcanzados por la disposición cuentan con un plazo de 30 días, computado a partir del 22 de agosto, que concluirá el próximo 21 de septiembre.
La institución advirtió que el incumplimiento de la disposición podría generar la destitución de las funciones correspondientes y la aplicación de sanciones.
Rodríguez García sostuvo ante los periodistas que el cumplimiento de esa obligación forma parte de las responsabilidades vinculadas a la condición de servidores públicos y manifestó que se encuentra a la espera de que los funcionarios policiales cumplan con lo establecido en el memorando emitido.
Visitas al Congreso
Como parte de su recorrido por el Poder Legislativo, el nuevo director policial también acudió al Senado de la República, donde sostuvo un encuentro con el presidente de esa cámara, Ricardo de los Santos.
La prensa no tuvo acceso a esa reunión.
Rodríguez García estuvo acompañado durante las visitas por el subdirector de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo, y el inspector general, general Martín Miguel Tapia.
Reforma legal permanece pendiente
La modificación del marco jurídico de la Policía Nacional ha atravesado un prolongado proceso legislativo.
De acuerdo con los antecedentes suministrados, el Poder Ejecutivo depositó el 8 de diciembre de 2025 una propuesta de más de 300 artículos dirigida a reformar la legislación policial.
La iniciativa permaneció alrededor de siete meses bajo estudio de una comisión del Senado y fue aprobada por esa cámara el pasado 10 de julio.
Sin embargo, la conclusión de la legislatura el 26 de julio impidió que la Cámara de Diputados dispusiera del tiempo necesario para estudiar y completar el conocimiento de la pieza.
Como consecuencia, el proyecto quedó perimido y deberá ser introducido nuevamente para continuar el procedimiento legislativo.
Actualmente existen dos proyectos de ley relacionados con la materia que serán objeto de análisis por una comisión bicameral del Congreso Nacional.
La actualización legislativa se presenta así como uno de los asuntos pendientes dentro del proceso de reforma policial, en momentos en que la nueva dirección de la institución procura impulsar medidas orientadas al fortalecimiento de los controles internos, la transparencia y la responsabilidad de sus mandos.
Un conflicto que trasciende el incidente
Santo Domingo, R.D.-Aunque el momento de mayor tensión estuvo marcado por el enfrentamiento verbal entre Pacheco y Báez, el episodio deja abierta una discusión de mayor alcance sobre la representación proporcional de los bloques partidarios y los criterios utilizados para distribuir las comisiones legislativas.
Las comisiones constituyen espacios fundamentales dentro del funcionamiento del Congreso, debido a que en ellas se estudian, analizan y discuten numerosos proyectos antes de ser sometidos a conocimiento del pleno.
El desacuerdo entre oficialistas y opositores deberá resolverse para completar la integración de estos órganos y normalizar los trabajos correspondientes al nuevo período legislativo.