Nacionales
Aplazan para el 7 de julio audiencia contra acusados de operación Gaviota
Santo Domingo.– Fue aplazado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para el 7 de julio la continuación de la audiencia preliminar contra los acusados del supuesto entramado de estafa piramidal conocido como operación Gaviota
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión porque el tribunal está conociendo resoluciones sobre peticiones de la defensa y del Ministerio Público.
La operación Gaviota supuestamente operaba a través de la firma Investor Winner, y según la acusación, captó más de 3,000 millones de pesos, con un esquema de operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
En junio del año pasado se realizaron allanamientos en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional, donde fueron arrestadas varias personas y se incautaron «evidencias» vinculadas a la investigación.
Según el Ministerio Público, la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas, a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
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38 plazas disponibles para fiscales, procuradores especializados y abogados del Estado tiene el Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-Un concurso interno convocó el Consejo Superior del Ministerio Público para cubrir 38 plazas de titularidades de fiscalías, procuradurías regionales, procuradurías especializadas y abogados del Estado, cuyos períodos de designación están vencidos.
Las vacantes están distribuidas en diferentes demarcaciones del país e incluyen 22 plazas de procuradores fiscales titulares, seis de procuradores generales de corte, seis titulares de procuradurías regionales, cuatro de procuradores especializados y cuatro de abogados del Estado.
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 133-11, corresponde al Consejo Superior del Ministerio Público realizar concursos internos para la selección de funciones directivas y otros cargos dentro de la institución.
Las seis procuradurías regionales disponibles están ubicadas en San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Duarte, Santiago, Montecristi y Barahona.
En cuanto a las procuradurías especializadas, las vacantes corresponden a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pegase), la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales y la Procuraduría Especializada Antidrogas.
La circular fue remitida este lunes 22 de junio a las distintas dependencias del Ministerio Público. No obstante, aún no se ha informado la fecha para la recepción de expedientes de los postulantes ni el inicio de las evaluaciones.
La convocatoria será difundida a través de periódicos y de los canales de comunicación internos y externos de la Procuraduría General de la República (PGR). Una vez publicada, los interesados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para formalizar su inscripción en el concurso.
Santo Domingo, R.D.-Mediante la sentencia TC/0431/26 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y otras entidades contra la decisión que declaró inadmisible la acción de amparo respecto al Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
Tras analizar el recurso, la alta corte lo declaró admisible en cuanto a la forma, al verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales establecidos en la Ley núm. 137-11.
Sin embargo, en cuanto al fondo, el tribunal rechazó el recurso y confirmó la sentencia dictada previamente por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Según el TC, la pretensión de revocar un pacto administrativo y la solicitud de astreintes por retardo corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa, que cuenta con las facultades necesarias para valorar el conflicto y dictar medidas cautelares.
La sentencia, emitida el 15 de junio de 2026, enfatiza que la acción de amparo no debe ser utilizada como sustituto de las vías ordinarias cuando estas últimas ofrecen un nivel de exhaustividad superior para resolver conflictos complejos.
La controversia se originó cuando la FJT y una coalición de organizaciones presentaron un amparo contra el Consejo Económico y Social (CES) y otras instituciones estatales.
En marzo de 2021, la Primera Sala del TSA declaró inadmisible dicha acción al considerar que existía otra vía judicial efectiva: el recurso contencioso-administrativo.
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El 23 de julio Corte de Apelación decidirá si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol
Santo Domingo, R.D.-Fue fijada para el proximo 23 de julio a las once de la manada la lectura por parte de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la lectura de la resolución que determinará si se envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández.
El imputado está acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, donde falleció una mujer y varias personas resultaron heridas.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz e integrado por Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez Rosa, tomó la decisión tras dejar en estado de fallo los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, representado por el procurador de Corte José Manuel Águilo, y por el abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
Tras la notificación oficial de este fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio, quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente, apelaron la decisión. El recurso se sometió dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
El proceso judicial se deriva de una sangrienta tragedia ocurrida en julio de 2025 en el ensanche Naco de la capital, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca. Balance de la tragedia: El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir.
Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol (padre del agresor), la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.