Los jueces revisan las decisiones dictadas en primera instancia mientras el órgano acusador busca aumentar las penas y obtener condenas contra imputados que fueron descargados

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La corte continúa este martes el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, proceso mediante el cual condenados, el Ministerio Público y otras partes procuran la revisión de decisiones adoptadas en primera instancia.

Las audiencias se desarrollan los martes, en horario aproximado de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, como parte de una fase judicial que deberá determinar si las decisiones recurridas son confirmadas, modificadas o revocadas conforme a los argumentos y pruebas sometidos por las partes.

El Ministerio Público mantiene su pretensión de que sean incrementadas algunas de las condenas impuestas y que se establezca responsabilidad penal respecto de personas que resultaron descargadas en primera instancia.

El órgano persecutor ha sostenido durante el proceso que el entramado investigado habría ocasionado al Estado dominicano un perjuicio económico superior a RD$5,000 millones, planteamiento que corresponde a la tesis de la acusación.

Tribunal retoma audiencia tras aplazamiento

La corte está integrada por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, quienes tienen a su cargo la revisión de los recursos interpuestos contra la sentencia.

La audiencia anterior fue aplazada a solicitud de la defensa de José Idelfonso Correa, luego de que fuera presentado un certificado médico indicando que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica.

Superado ese aplazamiento, el tribunal retoma el conocimiento de los recursos y continuará escuchando los planteamientos de las diferentes partes involucradas.

Ministerio Público mantiene petición de penas mayores

En representación del Ministerio Público participan Wilson Camacho, director general de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.

La acusación busca que la jurisdicción de alzada modifique parcialmente las decisiones adoptadas en primera instancia.

Entre sus pretensiones se encuentra conseguir penas superiores para determinados condenados, además de revertir los descargos pronunciados respecto de otros procesados.

Las defensas, por su parte, ejercen los recursos y medios correspondientes para cuestionar aquellos aspectos de la sentencia que consideran desfavorables a sus representados.

Los principales procesados

Entre las personas que recibieron condenas en primera instancia figura Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público ha señalado como principal responsable del entramado investigado.

También fueron condenados Magaly Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

La etapa de apelación no constituye un nuevo juicio desde cero, sino una revisión jurisdiccional de los aspectos de la sentencia que han sido impugnados por las partes, conforme a las reglas del proceso penal.

Un proceso que continúa abierto

El denominado caso Antipulpo ha sido uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor dimensión económica presentados en los últimos años en República Dominicana.

Sin embargo, el proceso todavía no ha concluido definitivamente.

La corte deberá ponderar individualmente los argumentos contenidos en los recursos, las respuestas de las demás partes y los fundamentos de la sentencia recurrida antes de adoptar sus decisiones.

Por tanto, será la jurisdicción de apelación la que determine cuáles condenas permanecen, cuáles podrían ser modificadas y qué decisión corresponde respecto de las personas descargadas cuya absolución fue recurrida por el Ministerio Público.

Dos mujeres presuntamente contactaban a las víctimas en establecimientos de diversión y las acompañaban a hoteles o apartamentos, donde supuestamente les suministraban una sustancia para dejarlas inconscientes y sustraer sus pertenencias

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra tres ciudadanos colombianos investigados por su presunta participación en varios robos cometidos contra hombres que habrían sido sedados antes de ser despojados de dinero, prendas, dispositivos electrónicos y tarjetas bancarias.

Los imputados son Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, conocida como Andrea o Tati, y Laura Valentina Villegas, alias Tatiana.

La petición de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por la fiscal Roxanna Campusano, de la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco.

Según la acusación preliminar, los hechos investigados se habrían producido entre finales de agosto y los primeros días de septiembre de 2026 en diferentes sectores del Distrito Nacional.

Contactaban a hombres en establecimientos de diversión

De acuerdo con la versión presentada por el Ministerio Público, las dos mujeres supuestamente identificaban y contactaban a hombres en centros de diversión y posteriormente los acompañaban a apartamentos u hoteles.

La investigación sostiene que, una vez en esos lugares, las víctimas habrían recibido una sustancia todavía no identificada que les provocaba pérdida del conocimiento.

Presuntamente, esa situación era aprovechada para sustraer teléfonos celulares, computadoras, relojes, joyas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, entre otros objetos de valor.

Varias denuncias correspondientes a hechos ocurridos entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre sirvieron de punto de partida para las investigaciones.

Compras con tarjetas sustraídas condujeron la investigación

Las autoridades comenzaron a rastrear operaciones comerciales presuntamente efectuadas con algunas de las tarjetas bancarias denunciadas como robadas.

Como parte de las pesquisas fueron examinadas grabaciones de cámaras de seguridad de establecimientos comerciales.

El Ministerio Público sostiene que en algunas de esas imágenes aparecen las imputadas realizando compras en compañía de Diego Armando González.

Las investigaciones condujeron posteriormente a las autoridades hasta un apartamento localizado en el Residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este, donde el 11 de septiembre fue ejecutado un allanamiento.

Incautan dispositivos, dinero y otras evidencias

Durante el operativo, fiscales y agentes policiales ocuparon teléfonos celulares, computadoras, tabletas, relojes, gafas, prendas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos y comprobantes de diferentes transacciones.

Entre los objetos incautados figura además un gotero que contenía un líquido cuya composición no ha sido determinada, por lo que deberá ser sometido a análisis.

La Fiscalía considera que parte de los artículos encontrados podría estar relacionada con los hechos denunciados, aspecto que deberá ser establecido durante el proceso judicial.

Investigan compra de cinco iPhone por más de RD$623 mil

Uno de los elementos señalados por el órgano acusador corresponde a las operaciones presuntamente realizadas con las tarjetas de las víctimas.

Según el expediente, con una de las tarjetas denunciadas como sustraída se habrían comprado cinco teléfonos iPhone 17 Pro Max por un monto superior a RD$623,000.

Las autoridades también investigan adquisiciones de prendas y otros artículos de alto valor realizadas en establecimientos comerciales.

Los comprobantes y facturas encontrados durante el allanamiento forman parte de las evidencias presentadas por el Ministerio Público para sustentar su solicitud de medida de coerción.

Audiencia será este miércoles

La audiencia para conocer la medida de coerción estaba pautada inicialmente para el 13 de septiembre, pero fue aplazada por el juez Rigoberto Sena.

El conocimiento de la solicitud quedó fijado para este miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal deberá evaluar los argumentos y elementos presentados por el Ministerio Público y las defensas.

La Fiscalía atribuye provisionalmente a los tres imputados infracciones relacionadas con robo agravado, conforme a disposiciones de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal dominicano.

La solicitud de prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los tribunales determinar, conforme avance el proceso y a partir de las pruebas sometidas, la eventual responsabilidad penal de los imputados.

El Consejo Nacional de la Magistratura entra en una nueva etapa del proceso de selección; tras la depuración de los expedientes será divulgada la lista definitiva de candidatos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Alrededor de 60 personas han sido postuladas o han presentado sus aspiraciones para ocupar una de las seis plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dentro del proceso que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para completar la matrícula del alto tribunal.

El período destinado a las postulaciones realizadas por terceros y organizaciones concluyó el pasado jueves 10 de septiembre, mientras que este martes 15 venció el plazo establecido para las inscripciones de los interesados en participar directamente en el proceso.

El CNM había establecido oficialmente ambas fechas dentro del calendario correspondiente a esta etapa de selección.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, explicó que la relación definitiva de aspirantes deberá pasar primero por un proceso de revisión y depuración antes de ser presentada oficialmente.

De acuerdo con el calendario informado, se prevé que la lista definitiva pueda darse a conocer este viernes.

Ciudadanía podrá presentar objeciones

Una vez publicada la relación definitiva de candidatos, se abrirá un período de 72 horas para que ciudadanos y organizaciones presenten objeciones contra cualquiera de las postulaciones.

Los aspirantes que sean objetados dispondrán posteriormente de un plazo similar para responder a los señalamientos formulados en su contra.

Superada esa etapa, corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura ponderar las objeciones y respuestas antes de avanzar hacia las entrevistas de los candidatos.

Seis posiciones disponibles en la Suprema

El proceso busca cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, cantidad confirmada oficialmente por el CNM luego de concluir la evaluación de desempeño de los magistrados cuyo período correspondía revisar.

Cuatro de las posiciones quedaron disponibles luego de que Luis Henry Molina, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández y María Gerinelda Garabito Ramírez decidieran no continuar en sus funciones más allá del período correspondiente.

A estas se sumaron otras dos vacantes después de que el Consejo decidiera no confirmar en sus cargos a Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta.

En cambio, el CNM confirmó por un nuevo período de siete años a los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

Proceso deberá concluir en octubre

El Consejo Nacional de la Magistratura estableció un cronograma que comenzó en agosto y tiene previsto extenderse hasta el 23 de octubre de 2026, aunque el propio organismo ha advertido que las fechas pueden experimentar modificaciones conforme avance el proceso.

La selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte constituye una de las principales responsabilidades constitucionales del CNM, organismo encargado de designar a los jueces de esa alta corte y evaluar su desempeño.

Con el cierre de las inscripciones, el proceso entra ahora en una fase determinante: depurar las candidaturas, recibir las posibles objeciones de la ciudadanía y evaluar públicamente los perfiles de quienes aspiran a integrar el máximo órgano del Poder Judicial dominicano.