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Peritos piden demoler el Jet Set y encuentran el punto de inicio del colapso.
Santo Domingo. Las autoridades recibieron el informe técnico pericial judicial de la comisión experta nombrada para analizar el desplome del techo del Jet Set, la cual encontró el punto exacto donde comenzó el colapso, la inexistencia de solicitud de permisos para hacer mejoras y una corrosión avanzada en los elementos de soporte de la estructura, la cual recomiendan sea demolida por completo.
El reporte, al cual El Informe con Alicia Ortega, de Noticias SIN, tuvo acceso, arroja luz sobre las verdaderas causas del colapso del techo del centro de espectáculos Jet Set, ocurrido el pasado 7 de abril, y que dejó 235 muertos y más de 180 heridos.
El documento, elaborado por un equipo de expertos estructurales y forenses, concluye que la tragedia fue consecuencia directa de una combinación de deficiencias en el diseño estructural, intervenciones no autorizadas en la infraestructura original y una falta sistemática de mantenimiento.
Los expertos fueron los ingenieros civiles Leonardo De Jesus Reyes Madera, Eduardo A. Fierro (Estados Unidos) y Máximo José Corominas Quezada. Usaron técnicas especializadas y sometieron a pruebas de resistencia en el Laboratorio de Estructura de la Onesvie.
El análisis técnico determinó que el colapso de la cubierta del Jet Set no fue un hecho fortuito, sino el resultado de múltiples factores acumulados a lo largo de los años:
Hallaron deficiencias de origen. La estructura del techo presentaba una serie de errores en el diseño desde su construcción original, con una distribución irregular de las cargas y una capacidad estructural por debajo de los estándares requeridos para un edificio de uso público con alta concentración de personas.
También hubo modificaciones sin supervisión técnica. El equipo pericial identificó intervenciones estructurales realizadas en al menos dos ocasiones (en 2008 y 2019) sin las debidas licencias ni supervisión profesional. Estas modificaciones incluyeron la adición de luminarias, estructuras suspendidas y sistemas de climatización que aumentaron significativamente el peso muerto sobre el techo.
«No se obtuvo información oficial de parte de las instituciones competentes (MOPC y MIVED) relativo a intervenciones previas correspondientes al local comercial donde operaba específicamente el Jet Set Club al momento del siniestro. Durante su etapa como discoteca, el edificio fue intervenido en varias ocasiones. En el año 2010 se realizó una remodelación general, que incluyó mejoras en la infraestructura, sistemas de climatización y adecuaciones estéticas orientadas a la funcionalidad de la recreación nocturna…», sostiene el documento.
«Cinco años más tarde, en 2015, se llevaron a cabo nuevas adecuaciones. Estas incluyeron la instalación de un escenario renovado en la parte oeste En la (ver Imagen 7), sistemas de iluminación profesional, una pista de baile actualizada y nuevas áreas de bar. También se construyó una zona VIP ubicada en un segundo nivel En la (ver Imagen 8), lo que implicó modificaciones estructurales verificadas por el levantamiento físico. De igual manera, se añadieron anexos funcionales sobre la cubierta del edificio: casetas técnicas, equipos de climatización y ductos», expresan los expertos.
El inmueble presentaba un estado de corrosión avanzada. Las inspecciones revelaron un avanzado estado de deterioro en los elementos metálicos de soporte, como vigas y uniones soldadas, provocados por filtraciones de agua no tratadas durante años. “La corrosión redujo drásticamente la capacidad resistente de la estructura”, establece el informe.
A ello se sumó la falta de mantenimiento, pues no se encontraron registros de inspecciones estructurales periódicas ni de intervenciones de mantenimiento preventivo. La acumulación de residuos y humedad en la cubierta, sumada a la falta de drenaje adecuado, agravó las condiciones del sistema portante.
Negligencia operativa y responsabilidades compartidas
El informe no sólo señala fallas estructurales, sino también una cadena de negligencias administrativas.
Los expertos sostienen que los responsables de la operación del Jet Set, incluyendo sus propietarios y personal técnico, “no tomaron las medidas mínimas para garantizar la seguridad del inmueble”, a pesar de señales previas de deterioro como grietas, filtraciones y ruidos en la estructura.
Aunque el colapso ocurrió durante un evento multitudinario, el informe afirma que “la tragedia pudo haberse evitado si se hubieran seguido protocolos básicos de seguridad y mantenimiento edilicio”.
Sostiene que el techo fue sometido a una carga imposible de soportar con el paso de los años, lo cual se incremente en tiempo reciente.
«El techo del edificio del Jet Set Club ha sido observado mediante una serie de imágenes satelitales tomadas entre los años 2011 y 2025, obtenidas a través de la plataforma Google Earth. El análisis cronológico de estas imágenes evidencia una ocupación constante pero progresivamente creciente de la cubierta del edificio. Desde los primeros registros, ya en el año 2011, se observan 7 elementos visibles, como equipos mecánicos aislados o pequeñas unidades técnicas, lo que indica que el techo ha sido utilizado desde el 2011 con fines operativos. En los años siguientes, esta tendencia se mantiene sin cambios significativos, en 2012 y 2013», expresan los expertos.
«A partir de 2014, se registra un aumento a 9 elementos, y en 2015 la cantidad asciende de forma notable a 12 unidades, evidenciando una expansión más intensa del uso técnico de la cubierta. Para el año 2016, el número de equipos se estabiliza en 14 elementos, cifra que se mantiene constante a lo largo de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, aunque con variaciones en la distribución, el tamaño y el tipo de equipos instalados. Durante estos años, también se observan cambios visibles en la superficie del techo, lo cual sugiere la aplicación de impermeabilización o recubrimientos reflectivos, así como la reorganización de los equipos ya existentes», sostiene el escrito.
«En el período más reciente, entre 2022 y 2025, el número de elementos sobre el techo alcanza su punto máximo con 17 instalaciones visibles, incluyendo casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de mayor volumen y tinacos para suministro de agua, lo que refuerza el uso intensivo del techo como área operativa auxiliar. Esta evolución progresiva, tanto en cantidad como en diversidad de componentes, ha generado un aumento en la sobrecarga funcional de la cubierta, asociada a la instalación continua de equipos y sistemas técnicos. A su vez, ha transformado visualmente la fisonomía del techo, consolidando su papel como parte activa del funcionamiento general del edificio», indica.
Recomendaciones de los expertos
Como parte del documento, los peritos realizaron una serie de recomendaciones orientadas tanto a la prevención de futuras tragedias como a la necesidad de reformar los mecanismos de control en edificaciones de uso público. Entre las sugerencias se incluyen:
Demoler el resto del edificio, no reparación, solo «demolición y reconstrucción».
La implementación obligatoria de inspecciones estructurales cada cinco años para locales de alta concurrencia.
La creación de una base de datos nacional de edificaciones, donde se registren modificaciones y mantenimientos.
La exigencia de contar con un ingeniero estructural residente para obras o reformas de cierta magnitud.
Sanciones más severas para propietarios y técnicos que incumplan normas de seguridad edilicia.
Implicaciones judiciales
Este informe es una pieza clave en el proceso judicial que enfrentan los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, gerente y administradora del Jet Set. La Fiscalía ha sustentado su solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario, respectivamente, en los hallazgos del documento, acusándolos de homicidio involuntario y lesiones involuntarias múltiples.
La contundencia del informe pericial refuerza la tesis del Ministerio Público de que hubo una conducta negligente y reiterada por parte de la administración del centro nocturno, lo que agrava la responsabilidad penal.
Una tragedia que pudo evitarse
El caso del Jet Set ha reabierto el debate sobre la seguridad de las edificaciones comerciales en el país.
Mientras familiares de las víctimas claman justicia, expertos y legisladores comienzan a discutir posibles reformas legales que garanticen el cumplimiento estricto de las normas estructurales y de mantenimiento.
Este informe no solo ofrece respuestas técnicas, sino que también sirve como espejo para una sociedad que, con demasiada frecuencia, posterga la seguridad en nombre del espectáculo.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.