Análisis Noticiosos
América Latina frente a la inteligencia artificial: ¿motor de productividad o generadora de desigualdad?
Las nuevas tecnologías prometen aumentar la productividad y transformar millones de empleos en América Latina, pero la región aún enfrenta barreras estructurales. Un reciente informe del Banco Mundial para la región advierte: el impacto ya es real, y el costo de no actuar podría ser alto
Contento pero escéptico. Así se siente Alfredo Sasso, empresario del sector inmobiliario en Costa Rica, ante el avance de las herramientas de inteligencia artificial generativa en el día a día de su inmobiliaria, ubicada en la ciudad de San José. “Este es un negocio muy difícil de automatizar”, precisa ante la consulta, y enfatiza en la importancia que el cliente le da a la atención personal y humana de quien le asiste en la operación. “Eso no lo puede reemplazar ninguna máquina”, sentencia.
Estas dudas contrastan con la adopción de la inteligencia artificial generativa (GenAI), como ChatGPT, Copilot o Gemini, entre muchas otras plataformas que se extienden con rapidez en el continente. Un reciente informe del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo destaca que hasta un 14% de los empleos podrían volverse más productivos cambiando las reglas de juego para miles de empresas, como la de Alfredo. De hecho, Costa Rica, junto con República Dominicana, México y Colombia, se posiciona como uno de los países de la región con mayores oportunidades económicas al introducir estas tecnologías.
Sasso equilibra su incredulidad inicial con algunas ayudas que ya utiliza para promocionar su negocio: “Tareas como las descripciones de los hogares antes demoraban 15 minutos y ahora lo hago en segundos”. Para él, el ahorro de tiempo es “considerable”, aunque enfatiza en la necesidad del control y la revisión humana para cualquier material generado por la IA.
Pawel Gmyrek, Hernan Winkler y Santiago Garganta, los tres autores del estudio, señalan que los trabajadores asalariados y autónomos —como peluqueros, vendedores, arquitectos y también agentes inmobiliarios— son algunos de los que tienen más probabilidades de beneficiarse del impacto de la GenAI.
La transformación de las actividades, como las que menciona Sasso, se enfrenta con desafíos persistentes que desde hace tiempo lastran el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, los autores señalan que hasta la mitad de los trabajos que podrían ser más productivos gracias a la GenAI —alrededor de 17 millones de empleos— se ven obstaculizados por brechas en el acceso digital y la infraestructura. Esto significa que millones de personas podrían quedar fuera de los beneficios de esta revolución tecnológica, no por falta de capacidad, sino por falta de infraestructura básica.
“El impacto final de estas herramientas dependerá de múltiples variables difíciles de pronosticar, como por ejemplo el ritmo de adopción de la IA y el desarrollo de habilidades complementarias a esta tecnología”, precisa Hernan Winkler, economista sénior del Banco Mundial y uno de los expertos a cargo del reporte. Este especialista insiste en la relación directa entre la solidez del mercado laboral y el combate contra la pobreza y la reducción de la desigualdad, pese a lo prematuro de los debates.
América Latina, claramente, no está sola frente a este avance tecnológico. Las herramientas digitales como GenAI son cruciales para generar nuevas oportunidades económicas y mejorar servicios como la educación y la salud en todo el mundo. Su avance a un ritmo nunca antes visto hace que el costo de no actuar crezca cada día. Para la región, esta puede ser una llave que desbloquee todo su potencial tras décadas de bajo crecimiento económico.
¿Delegar o automatizar?
Aunque la inteligencia artificial podría ser una vía crucial para aumentar la productividad en los mercados emergentes, también podría agravar las brechas existentes entre los trabajadores. Pese a la progresiva acumulación de capital humano, las economías locales no han logrado avanzar en materia de productividad, quedando rezagadas frente a otras regiones.
Entre el 26 % y el 38 % de los empleos en América Latina y el Caribe podría verse expuesto a la GenAI, señala el informe, lo que pone más presión al mercado laboral. En particular, entre el 2 % al 5 % de los trabajos corren el riesgo de ser automatizados por completo. Los servicios de banca, finanzas y seguros, seguidos por la administración pública, son algunos de los sectores con mayor exposición a la automatización.
No se trata solo de simulaciones teóricas, sino que son procesos que ya están impactando en las firmas de la región. Lo sabe bien Darío Romero Vázquez, un joven ingeniero mexicano: “Ciertas tareas se han vuelto más fáciles: ya no tienes que buscar cómo hacer ciertas tareas, sino que la tecnología las realiza por sí sola”. Esto da lugar, asegura, a que los empleados se enfoquen más en cuestiones de estrategia y de negocios. “Esto no significa que vas a trabajar menos, sino que se triplica la carga en el día a día con cada vez más tareas”, afirma.
Este tipo de beneficios está limitado a ciertos sectores: solo entre el 7% y el 14% de los trabajadores de la región pueden beneficiarse del uso de la GenAI delegando tareas en esta tecnología.
Para Romero Vázquez, que trabaja desde hace tres años en instituciones financieras de primer nivel, el uso de estas tecnologías tendrá sin dudas un impacto en el mercado laboral. “Las empresas de tecnología grandes ya están recortando su plantilla a la espera de recibir beneficios del uso de la GenIA”, subraya. Las consecuencias de los nuevos estándares lo sufrirán más quienes menos experiencia tienen: “Los requisitos para un puesto junior (con menor experiencia) han aumentado: ahora se espera que sepas más antes de incorporarte”, comenta este ingeniero. Esta posibilidad puede amenazar la caída del desempleo juvenil, que se ha reducido en un 5% desde 2016 en la región.
Además, la automatización puede agigantar más las desigualdades de género. Si bien las mujeres latinoamericanas se adjudicaron el 54% de los nuevos trabajos creados en los últimos nueve años, las diferencias de sueldos se mantienen y, en promedio, ellas ganan un 22 % menos que sus contrapartes masculinas.
“Una proporción significativa de los empleos en riesgo de ser reemplazados por la IA corresponde a trabajos administrativos: precisamente uno de los sectores que impulsó el avance de las mujeres en el mercado laboral durante las últimas décadas, pero que ahora enfrenta una grave amenaza de automatización”, agrega Winkler.
La inteligencia artificial no es un destino inevitable, sino una herramienta que puede ampliar o reducir desigualdades. En América Latina, el desafío no es solo tecnológico, sino profundamente humano: decidir para qué, para quién y cómo se usa esta transformación. ¿Cómo prepararse, entonces? La receta no es nueva, y las mismas herramientas de GenAI responden con claridad: se necesita de una apuesta por la educación, el desarrollo económico y una red de protección social que acompañe la transformación.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.