Opinión
La tragedia silenciosa del parasitismo político
Por Isaías Ramos
En la República Dominicana asistimos, sin darnos plena cuenta, a una de las tragedias más grandes y vergonzosas de nuestra historia republicana: el secuestro del Estado por una clase política que no produce, no construye, no representa, pero sí devora sin pudor los recursos de un pueblo empobrecido, frustrado y traicionado.
Mientras miles de dominicanos sobreviven con salarios miserables, se acuestan sin cena o agonizan en pasillos de hospitales sin medicinas, los partidos políticos —todos, sin excepción— se han convertido en parásitos institucionales que chupan la savia vital de la nación. Reciben más de 5,000 millones de pesos del presupuesto nacional cada vez que hay elecciones. Y aún sin comicios, el Estado les transfiere, como si fueran empresas públicas, millones en «financiamiento ordinario» para mantener sus maquinarias de clientelismo, corrupción y simulación democrática.
Y por si fuera poco, ahora se pelean —sin pudor alguno— no por ideas, no por propuestas, sino por casillas y cheques.
La reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), que anuló las resoluciones 07-2025 y 08-2025 de la Junta Central Electoral (JCE), ha desatado una lucha descarnada por el orden en la boleta electoral y la repartición del financiamiento público.
Esta no es una disputa ideológica ni doctrinal. Es una guerra por el 20 % restante del pastel estatal, donde partidos que apenas obtuvieron el 1 % de los votos reclaman un pedazo mayor del botín. Se presentan como defensores de la democracia, pero en realidad compiten por el subsidio, porque de él depende su existencia.
Y mientras tanto, el pueblo observa en silencio, sabiendo una verdad que no cabe en ninguna sentencia:
“El pueblo no come casillas ni vive de resoluciones.”
¿Puede ser justo que mientras una madre llora por no tener leche para su hijo, un partido que no alcanza ni el 2 % de apoyo popular reclame millones del Estado? ¿Es moral que mientras el pueblo paga una tarifa eléctrica que lo desangra, se repartan fondos a estructuras políticas que no representan ni a sus propios miembros?
Pero hay algo aún más indignante.
No es justo, y mucho menos moral, que cada dominicano —sin importar su ideología— esté obligado a pagar impuestos que terminan alimentando la ambición y la codicia de una clase política a la que ni siquiera respalda.
Según sus propias encuestas, solo 1 de cada 5 dominicanos se siente representado por los partidos políticos.
¿Dónde está el respeto a las mayorías? ¿Dónde está la democracia si el pueblo paga, pero no elige?
En el Frente Cívico y Social lo decimos con claridad y sin rodeos:
Lo justo, lo ético y lo verdaderamente democrático sería que cada partido se financie con los aportes voluntarios de sus miembros y simpatizantes. Que el respaldo se exprese con convicción, no con dinero público.
Porque cuando la política depende del bolsillo del pueblo, pero no de su voluntad, ya no es política: es una farsa institucionalizada.
Pero esta lucha no es nueva.
Durante la última década, el país ha sido testigo de al menos seis cambios de criterio en la distribución del financiamiento público entre los partidos políticos, dictados por resoluciones administrativas de la JCE o sentencias contradictorias entre tribunales. En lugar de fortalecer el sistema, estos vaivenes legales han demostrado que las reglas del juego electoral en República Dominicana se adaptan no a la justicia, sino a la conveniencia política del momento.
Y lo más alarmante: el Congreso ha ignorado todas las recomendaciones para establecer un marco legal claro y definitivo. Prefieren el caos normativo, porque en el desorden florece el reparto silencioso y el clientelismo sin control.
¿Qué democracia puede construirse si ni siquiera la base financiera del sistema está cimentada en reglas justas y estables?
Hoy, el financiamiento estatal a los partidos no solo representa un derroche económico; es el símbolo más claro de la desconexión total entre política y pueblo. La política se volvió negocio. El poder, una franquicia. Y los partidos, simples vehículos de captura de rentas públicas.
Cada peso entregado a esos partidos es un peso que se le arrebata a la salud, a la educación, al agua potable, a la infraestructura, a los sueños de millones. Es el combustible de una democracia vacía, hueca, parasitaria.
Pero este pueblo no nació para alimentar a sus verdugos.
Este pueblo no está condenado a vivir eternamente bajo la tutela de una partidocracia insaciable.
Por eso el Frente Cívico y Social sostiene con firmeza que el cambio real no vendrá de los mismos de siempre, disfrazados de nuevos colores o nuevos logos. El cambio verdadero surgirá del pueblo empoderado, del ciudadano consciente, de la justicia social organizada, y de las candidaturas independientes, consagradas en el artículo 22, numeral 1 de la Constitución, como derecho legítimo de cada ciudadano y ciudadana a elegir y ser elegido sin intermediarios, sin partidos, sin pactos oscuros.
“Candidaturas donde no hay peajes, ni dueños del poder: solo pueblo eligiendo pueblo.”
Ya es hora de cortar el cordón umbilical que une el poder con el dinero público.
Ya es hora de cerrar el grifo de una democracia comprada, mantenida y pervertida.
Ya es hora de que el pueblo recupere lo que es suyo.
La patria no puede seguir siendo el botín de los peores.
La patria es nuestra causa, no su negocio.
La patria no se negocia, se defiende.
¡Despierta RD!
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.