Opinión
Pueblo Viejo: el contrato que ningún Estado debe volver a firmar
Por Isaías Ramos
Pueblo Viejo debe estudiarse como advertencia nacional sobre lo que ocurre cuando un Estado dueño del recurso firma desde la debilidad ética, patriótica, social e institucional; acepta fórmulas opacas y coloca el patrimonio de la Nación detrás de la rentabilidad privada.
Hubo inversión, empleos, exportaciones y pagos fiscales. Pero ¿puede llamarse desarrollo a un modelo donde la empresa cobra, deduce, recupera y asegura su rentabilidad primero, mientras el Estado espera y el pueblo queda expuesto al agua bajo sospecha, al pasivo ambiental y a la incertidumbre?
El contrato original nació en 2002, bajo Hipólito Mejía, con Placer Dome. Barrick entró en 2006, al adquirir Placer Dome. Pero el desequilibrio se agravó en 2009, bajo Leonel Fernández, cuando la Primera Enmienda colocó al Estado detrás de la recuperación de inversión y de una Tasa Interna de Retorno del 10% para la empresa. La renegociación de 2013, bajo Danilo Medina, corrigió parte del desastre, pero no la lección.
Ese diseño debe recordarse como el peor contrato minero conocido de nuestra historia. Su mayor gravedad fue permitir que la empresa recuperara primero la inversión reconocida y alcanzara una TIR del 10% antes de que el Estado participara plenamente mediante el PUN.
El país dueño del recurso aceptó esperar mientras la empresa aseguraba capital, rentabilidad y ventaja contractual. Eso no fue desarrollo; fue subordinación fiscal. Fue convertir el patrimonio nacional en plataforma de rentabilidad privada desproporcionada: la empresa cobraba primero, deducía primero, recuperaba primero y el pueblo quedaba esperando.
A eso se sumaron privilegios fiscales y exenciones tributarias. Cuando el pueblo pone el oro, el agua y el territorio, pero la empresa recibe exenciones, deducciones, estabilidad contractual y recuperación prioritaria, el contrato deja de parecer desarrollo y empieza a parecer privilegio estructurado y despojo contractual autorizado.
Según denunció Danilo Medina en 2013, de cada 100 dólares de exportación, 97 quedarían para Barrick y apenas 3 para el pueblo dominicano. Eso fue subordinación inaceptable para una nación dueña del yacimiento.
Si hubo que renegociar en 2013, fue porque el contrato era indefendible. Y sin una auditoría independiente e integral, sigue pendiente la pregunta esencial: ¿cuánto de esa “inversión” fue real, cuánto fue deducido y cuánto redujo lo que debía recibir el pueblo?
La trampa está en el lenguaje. Al pueblo se le habla de PUN y porcentajes, pero casi nunca se le explica la participación bruta equivalente por onza. El PUN no es 28.75% de cada onza exportada. Es 28.75% de un flujo neto, después de costos, deducciones, amortizaciones y fórmulas contractuales.
Si el Estado exigiera su parte en metal, el pueblo vería que no recibiría 28.75 onzas de cada 100 exportadas. En 2021, esa equivalencia pudo rondar 11 onzas por cada 100; en 2022, apenas 2. Por eso debe evaluarse por participación bruta real y auditada, no por porcentajes anunciados.
El peor contrato puede terminar haciendo que el pueblo cobre poco, condicionado o no cobre justamente nunca, mientras hereda agua bajo sospecha, pasivos ambientales y miseria territorial.
El artículo 67 es claro: todo contrato o permiso para explotar recursos naturales lleva incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, prevenir daños y restaurar el ambiente si resulta alterado. Además, prohíbe desechos tóxicos y peligrosos, e impone responsabilidad y reparación.
Entonces, ¿qué son los relaves? Los relaves —lodos y desechos mineros— no son sobrantes inocentes. Son residuos que quedan después de triturar roca y extraer oro; pueden contener metales pesados, químicos y materiales capaces de comprometer suelos, ríos y acuíferos. Si pueden liberar sustancias tóxicas o peligrosas, el Estado debe prevenirlos, auditarlos, exigir garantías reales y, si procede, impedirlos.
La Constitución entró al contrato. Aunque no la quieran ver, está ahí.
El artículo 14 es claro: el oro y los recursos mineros no renovables son patrimonio de la Nación, no propiedad privada de una empresa. El artículo 51 protege la propiedad privada, pero no privatiza el patrimonio de la Nación; una concesión permite aprovechar temporalmente un recurso bajo condiciones estrictas, no apropiarse de lo que pertenece al pueblo dominicano.
Por eso, en el Frente Cívico y Social entendemos que Pueblo Viejo debe ser auditado integralmente. No bastan conciliaciones de pagos ni estados financieros de la empresa. El país necesita una auditoría independiente, coordinada por el Estado, con firmas internacionales, universidades, laboratorios especializados y participación técnica nacional.
Esa auditoría debe responder: ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánto se recuperó? ¿Qué se dedujo? ¿Cuánta agua se usó? ¿Qué desechos quedan? ¿Qué garantías existen para cierre y post-cierre? ¿Qué pasivos cargará el pueblo?
Auditar no es atacar la inversión. Auditar es defender el Estado de Derecho. Si una auditoría demuestra deducciones indebidas, pagos incompletos, riesgos hídricos o pasivos no garantizados, el Estado tiene el deber constitucional de actuar.
Pueblo Viejo debe quedar como referencia mundial de lo indebido: cuando un Estado firma débilmente, la empresa extrae oro, pero el pueblo puede terminar pagando la factura ambiental, fiscal y soberana.
Ya basta de contratos que brillan para el mercado y oscurecen el territorio. Ya basta de porcentajes maquillados que confunden al pueblo. Ya basta de propaganda que disfraza como minería responsable lo que puede dejar lodos, químicos y pasivos ambientales. Ya basta de minería sin auditoría nacional independiente.
Primero la Constitución.
Primero el agua.
Primero la soberanía.
Primero el pueblo.
Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar con orden constitucional.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.