Comunidad en el exterior
P. RICO: Redadas migratorias ponen en jaque a dominicanos
Por Nicole Acevedo — NBC News
SAN JUAN.- En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido paralizador para muchos en el territorio estadounidense.
Casas y negocios lucen desolados, mientras un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”, según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.
La organización sin ánimo de lucro que Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.
Más de 300 familias ya han llamado para hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.
Muchos inmigrantes que residen en Puerto Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para los inmigrantes.
Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40 personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados y metidos en camionetas.
En sus 40 años viviendo en Puerto Rico, Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.
Para complicar las cosas, los detenidos son trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de inmigración.
No hay centros de detención permanentes en la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.
“Esposada como una criminal”
Aracely Terrero, una de al menos 732 inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.
Un agente de policía de la localidad costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.
Terrero tenía un visado y estaba en proceso de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
Las políticas de Puerto Rico limitan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, añadió Martínez.
Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas policiales la isla hace una década.
El caso de Terrero también puso de relieve lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.
“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico tras su liberación. “Fue un viaje muy difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así, con esposas, como una criminal”.
Críticas a la gobernadora
González-Ramos, la agente especial del HSI, dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar” los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.
Sin embargo, la gran redada del 27 de enero fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo estaba “centrado en lo que está pasando en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.
La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.
A medida que las autoridades de inmigración intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora proceden de la República Dominicana.
Los dominicanos constituyen la mayor parte de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados. Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.
González-Ramos había dicho que su oficina detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.
Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.
Tras una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón, una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin estatus migratorio.
González-Colón ha dicho que no desafiará las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos federales.
“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.
Frente a las bajas temperaturas de la ciudad de Nueva York, el metro arroja una grata calidez que va más allá de su sistema de calefacción… República Dominicana tiene presencia en el populoso sistema de transporte de esta metrópolis.
A partir de este miércoles, el Ministerio de Turismo desarrollará una campaña de promoción con la intención de fortalecer la visibilidad del destino en uno de los mercados predominantes del turismo nacional.
Con la activación Subway to Paradise, que permanecerá por más de 15 días, se inauguró en la icónica estación Grand Central, ubicada en la Avenida 42, uno de los puntos de mayor tránsito y visibilidad de la Gran Manzana.
- La agenda incluye la instalación de espacios culturales, gastronómicos y artísticos en diferentes niveles de la estación, así como la exhibición de elementos distintivos de la identidad dominicana.
Detalles sobre la activación en la estación Grand Central
La activación también incorpora cinco vagones del metro completamente forrados con imágenes de paisajes dominicanos, tanto en su interior como en su exterior, con el fin de mantener una presencia constante en las principales rutas de transporte de la ciudad.
Importancia del mercado neoyorquino para el turismo dominicano
El ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del mercado neoyorquino para la industria nacional, con una cantidad de visitantes de alrededor de 1.6 millones de personas.
«El mercado de la diáspora es extremadamente importante. Está comprobado que gasta más promedio que un turista», dijo.
Resaltó que el éxito de este volumen de visitantes radica en la importante presencia de la diáspora dominicana en el estado.
Comunidad en el exterior
Trabajadores de Nueva York exigen elevar a 30 dólares el salario mínimo de los camareros
Agencia Efe
Nueva York.- La asociación de trabajadores estadounidenses One Fair Wage inauguró este lunes la campaña ‘Make America Affordable Now‘ en Nueva York con la principal demanda de subir el salario mínimo de los camareros de 17 a 30 dólares la hora, una medida que también quiere ejecutar el alcalde electo de la ciudad, Zohran Mamdani.
¿Qué declararon los líderes y políticos sobre el salario mínimo?
El vicegobernador demócrata del estado de Nueva York y candidato a gobernador en 2026, Antonio Delgado, aseguró a EFE durante el evento que «el salario mínimo actual en Nueva York es un salario de pobreza«.
Los salarios mínimos de la camareros neoyorquinos crecieron de 16,5 dólares a 17 dólares recientemente. Sin embargo, el grupo One Fair Wage reclama que se apruebe la subida hasta los 30.
Delgado, de ascendencia latina, expresó que «estos salarios de pobreza afectan de manera desproporcionada a la comunidad inmigrante latina, ya que muchos trabajan en la industria de los restaurantes».
«Necesitamos llegar a 30 dólares para el año 2030. La mitad de las personas en el estado de Nueva York no ganan más de 30 dólares. Eso es mucha gente de todas las razas y orígenes», añadió.
Impacto y comparaciones con otras ciudades
Los líderes del comité ‘Make America Affordable Now‘ resaltaron que el salario de 30 dólares la hora «no es suficiente».
Por otro lado, desde One Fair Wage aseguran que en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) los trabajadores de hospitalidad cobrarán 30 dólares el próximo verano durante los Juegos Olímpicos, lo que «indica que en Nueva York no nos podemos quedar atrás», comentan. EFE
BUENOS AIRES.- Gilberto Ventura Ceballos, conocido como «el escapista», debido a que escapó tres veces de la cárcel -dos de ellas de máxima seguridad- fue un asesino serial dominicano que mató en Panamá a cinco jóvenes entre 2010 y 2011.
Nacido el 6 de julio de 1975 en Santo Domingo, Ventura Ceballos fue detenido por primera vez en su país de origen por secuestrar a un comerciante dominicano de origen asiático, además de otros casos por estafas y fraudes, remarcaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
Este asesino estuvo en la cárcel de Najayo en 2004, en la provincia de San Cristóbal, pero tras algunas semanas logró escapar hacia Panamá con una visa de turista y otra falsa.
Sobre su escape, las autoridades dominicanas nunca emitieron un comunicado para explicar las circunstancias de aquella huida.
Entre 2010 y 2011, con la ayuda de Alcibiades Méndez, Ventura Ceballos secuestró y asesinó a cinco adolescentes en La Chorrera.
Ellos fueron: Yessenia Argelis Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Maurio Liu Wong y Georgina del Carmen Lee Chen.
Los homicidios provocaron gran impacto en la ciudad y la Policía se dirigió hacia el lugar de los hechos hasta que encontró los cuerpos de los fallecidos bajo una residencia en el sector El Trapichito de la ciudad.
El criminal volvió a escaparse y regresó a República Dominicana, pero finalmente los uniformados lo detuvieron y lo extraditaron a Panamá en 2011, donde le dictaron la prisión preventiva.
Sin embargo, el 28 de diciembre de 2016, ayudado por varios cómplices, logró escapar del Centro Penitenciario La Joyita, ubicados en las afueras de la capital panameña.
Ventura Ceballos estuvo escondido alrededor de un año, donde finalmente fue apresado por la Policía en Jacó, Costa Rica, el 22 de septiembre de 2017.
El sujeto había llegado a Costa Rica con documentos falsos, con el nombre de Carlos Alberto Aguirre Valencia.
A la hora de describir el itinerario que hizo el homicida, se estableció que Ventura Ceballos llegó a la capital a través del Aeropuerto Marcos A Gelabert con esposas en las manos y los pies, y fue rápidamente puesto en una prisión de máxima seguridad en la sede de la Policía Nacional.
El 27 de septiembre de 2017 fue imputado por evasión de prisión y conspiración para cometer un delito y se suponía que su juicio debía comenzar el 26 de octubre, pero el Órgano Judicial lo pospuso para el 23 de noviembre.
El abogado del acusado, Rogelio Cruz, presentó una moción de habeas corpus ante el Órgano Judicial de Panamá, argumentando que la detención previa al juicio que su cliente había recibido era ilegal, y agregó que fue vilipendiado por los medios de comunicación.
Este movimiento fue criticado por Cristóbal Fu, el representante legal de los familiares de las víctimas, quien señaló que la moción probablemente fue presentada para detener el proceso.
El equipo de defensa presentó una solicitud de aplazamiento de tres meses a la Fiscalía, que fue denegada debido a su complejidad.
El abogado Cruz reclamó que necesitaba tiempo para analizar el expediente de 500 páginas, ya que no había podido acceder a él correctamente.
Antes de la llegada de Ventura Ceballos al tribunal, los familiares de las víctimas presentaron sus quejas sobre los constantes retrasos del procedimiento por parte de la defensa.
Cuando llegó el acusado, trató de asumir su propia defensa, un movimiento negado por el tribunal, y luego él mismo se declaró inocente de los cargos de asesinato.
El 29 de noviembre, se suspendió una segunda audiencia, ya que faltaba uno de los abogados defensores que representaban a una de las otras partes acusadas.
El 4 de diciembre el fiscal de Delito Organizado Miguel Tuñón solicitó una extensión de cuatro meses para investigar más a todos los sospechosos involucrados en el caso debido a su gran tamaño.
La petición fue aceptada por el juez, Francisco Carpintero.
El 22 de junio de 2018, el homicida fue encontrado culpable de todos los cargos y tanto él como su cómplice y les dieron 50 años de prisión por asesinar a los jóvenes.
La misma sentencia fue también dada a Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, quienes habían actuado como cómplices secundarios en tres de los asesinatos.
Una pena de 15 años le dieron a Bendibú Salazar y Roberto Antonio Mariscal por ser cómplices de homicidio, pero fueron absueltos de los cargos de secuestro.
Junto con todo esto, todos serían pasados a disponibilidad de sus funciones por un período de 10 años una vez que cumplan sus condenas.
El múltiple homicida volvió a escapar de prisión el 2 de febrero de 2020, esta vez del Centro Penitenciario La Mega Joya, pero los efectivos recapturaron al prófugo el 13 de febrero del mismo año, en el área de El Salao en Remedios, Provincia de Chiriquí.
Ventura Ceballos buscaba la manera de poder salir de la ciudad, pero hubo una extensa búsqueda a nivel nacional y finalmente lo apresaron miembros de operaciones de Inteligencia de la Policía Nacional.vqd6+w
La fuga de este criminal generó la renuncia de Rolando Mirones al frente del Ministerio de Seguridad Pública y la destitución de Carlos Romero del Ministerio de Gobierno.
El 28 de noviembre de 2020 se le redujo la condena de 50 a 30 años a Ventura Ceballos.