Comunidad en el exterior
P. RICO: Redadas migratorias ponen en jaque a dominicanos
Published
1 año agoon
By
LA REDACCIÓNPor Nicole Acevedo — NBC News
SAN JUAN.- En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido paralizador para muchos en el territorio estadounidense.
Casas y negocios lucen desolados, mientras un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”, según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.
La organización sin ánimo de lucro que Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.
Más de 300 familias ya han llamado para hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.
Muchos inmigrantes que residen en Puerto Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para los inmigrantes.
Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40 personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados y metidos en camionetas.
En sus 40 años viviendo en Puerto Rico, Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.
Para complicar las cosas, los detenidos son trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de inmigración.
No hay centros de detención permanentes en la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.
“Esposada como una criminal”
Aracely Terrero, una de al menos 732 inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.
Un agente de policía de la localidad costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.
Terrero tenía un visado y estaba en proceso de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
Las políticas de Puerto Rico limitan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, añadió Martínez.
Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas policiales la isla hace una década.
El caso de Terrero también puso de relieve lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.
“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico tras su liberación. “Fue un viaje muy difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así, con esposas, como una criminal”.
Críticas a la gobernadora
González-Ramos, la agente especial del HSI, dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar” los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.
Sin embargo, la gran redada del 27 de enero fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo estaba “centrado en lo que está pasando en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.
La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.
A medida que las autoridades de inmigración intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora proceden de la República Dominicana.
Los dominicanos constituyen la mayor parte de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados. Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.
González-Ramos había dicho que su oficina detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.
Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.
Tras una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón, una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin estatus migratorio.
González-Colón ha dicho que no desafiará las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos federales.
“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.
Comunidad en el exterior
Dominicana de 75 años muere tras presunta agresión de su sobrino en Nueva York
Published
1 día agoon
noviembre 16, 2026La víctima, identificada como Carmen Núñez, falleció en un hospital de El Bronx luego de sufrir una violenta agresión durante una discusión familiar. El sospechoso, de 35 años, fue detenido por las autoridades.
NUEVA YORK, EE. UU. – Una mujer dominicana de 75 años perdió la vida tras ser presuntamente agredida por su sobrino durante una discusión ocurrida en el interior de su apartamento, ubicado en el sector Hunts Point, en El Bronx, Nueva York.
La víctima fue identificada como Carmen Núñez, quien, según informaciones atribuidas al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), sufrió una violenta agresión durante un altercado con un familiar de 35 años.
De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre habría golpeado repetidamente a la señora contra una pared, provocándole lesiones que posteriormente ocasionaron su fallecimiento.
El incidente ocurrió en una vivienda situada en la calle Manida, próximo a la avenida Lafayette, donde residía la dominicana.
Falleció tras ser trasladada al hospital
Luego del hecho, Núñez fue trasladada de emergencia al Hospital Lincoln, en El Bronx, alrededor de las 12:45 de la madrugada del sábado, donde fue declarada muerta.
Agentes policiales que acudieron al lugar detuvieron al sobrino de la víctima, señalado como presunto responsable de la agresión.
Aunque las autoridades inicialmente no divulgaron su identidad, una vecina lo identificó ante medios estadounidenses como Joshua.
Hasta el momento de los reportes disponibles, no se habían ofrecido detalles sobre los posibles cargos que enfrentaría el detenido ni sobre las circunstancias que originaron la discusión familiar.
Vecinos lamentan la muerte de la dominicana
La noticia provocó consternación entre los residentes del edificio, quienes describieron a Carmen Núñez como una mujer solidaria, amable y apreciada por la comunidad.
Una vecina, entrevistada por el periódico New York Post, relató que salió al pasillo después de escuchar ruidos y observó al sobrino de la víctima con el rostro ensangrentado.
La mujer manifestó su sorpresa ante lo sucedido, asegurando que conocía al joven desde su infancia y que nunca había presenciado un comportamiento semejante.
También recordó que Núñez era considerada la madre del edificio, debido a su disposición para ayudar a los vecinos y mantener relaciones cercanas con quienes compartían su entorno residencial.
Otra residente, identificada como Phyllis, quien aseguró haber conocido a la dominicana durante aproximadamente 25 años, expresó profundo pesar por su fallecimiento.
La vecina explicó que durante la madrugada escuchó a una persona pedir ayuda, pero no llegó a intervenir, situación que ahora recuerda con tristeza.
Según su testimonio, Núñez era una persona generosa, siempre dispuesta a colaborar con quienes necesitaran apoyo.
Autoridades investigan las circunstancias del crimen
El caso quedó bajo investigación de las autoridades neoyorquinas, que deberán establecer las circunstancias exactas de la agresión y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La detención del sospechoso constituye una medida inicial dentro del proceso investigativo y no implica una declaración de culpabilidad.
La muerte de Carmen Núñez ha causado tristeza entre sus vecinos de El Bronx, quienes recuerdan a la dominicana como una mujer apreciada por su solidaridad, su trato humano y su cercanía con la comunidad.
Comunidad en el exterior
Dominicana es sentenciada a 27 meses de prisión en Estados Unidos por fraude con ayudas del desempleo
Published
6 días agoon
noviembre 11, 2026Karin L. Contreras deberá devolver más de 551 mil dólares tras declararse culpable de participar en una red que utilizaba identidades robadas para obtener fraudulentamente beneficios económicos durante la pandemia de covid-19.
WASHINGTON, Estados Unidos.– Una ciudadana dominicana fue condenada a 27 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude contra el programa de seguro de desempleo estadounidense, mediante el cual una organización obtuvo cientos de miles de dólares utilizando identidades ajenas durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
La sentenciada fue identificada como Karin L. Contreras, de 45 años, quien también deberá cumplir dos años de libertad supervisada después de finalizar su condena y restituir 551,675 dólares, según las informaciones del proceso judicial.
La Fiscalía federal había solicitado una pena de 41 meses de prisión, pero el tribunal impuso una condena menor.
Contreras se declaró culpable el pasado 10 de julio del delito de conspiración para cometer fraude electrónico, relacionado con actividades ilícitas desarrolladas entre junio de 2020 y marzo de 2021.
Utilizaban identidades robadas para obtener beneficios
De acuerdo con los documentos judiciales, la dominicana participó junto a otras personas en una operación destinada a conseguir fraudulentamente ayudas económicas del seguro de desempleo, mediante solicitudes presentadas con información personal sustraída a terceros.
El esquema aprovechaba los programas de asistencia económica habilitados durante la pandemia, cuando las autoridades estadounidenses ampliaron los mecanismos de protección financiera para trabajadores que habían perdido sus empleos.
A través de las solicitudes fraudulentas, los involucrados consiguieron que fueran emitidas tarjetas prepagadas cargadas con beneficios por un valor superior al millón de dólares.
Estas tarjetas permitían retirar dinero en efectivo mediante cajeros automáticos, facilitando el acceso a los fondos obtenidos ilegalmente.
Tarjetas eran enviadas cerca de su residencia
Las investigaciones establecieron que gran parte de las tarjetas emitidas como resultado de las solicitudes fraudulentas fueron enviadas por correo a una dirección ubicada en Washington D. C., próxima a la vivienda de Contreras.
Posteriormente, la acusada y otros participantes realizaban retiros de efectivo utilizando las tarjetas.
Según el expediente, muchas de las transacciones se efectuaban por cantidades de 1,000 dólares, correspondientes al límite diario permitido para las extracciones en los cajeros automáticos.
Las autoridades documentaron que, entre el primero y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó 12 tarjetas vinculadas con el esquema para retirar aproximadamente 23,000 dólares en distintos cajeros de Washington.
Fraude superó los 550 mil dólares
Aunque las tarjetas obtenidas mediante el esquema fueron cargadas con más de un millón de dólares en beneficios, las investigaciones determinaron que los participantes lograron apropiarse efectivamente de más de 550,000 dólares.
Como parte de la sentencia, Contreras deberá restituir 551,675 dólares por los perjuicios económicos ocasionados.
El caso evidencia las vulnerabilidades que enfrentaron determinados programas de asistencia gubernamental durante la pandemia, cuando el incremento de solicitudes y la necesidad de distribuir recursos con rapidez facilitaron la actuación de organizaciones dedicadas al fraude.
Las autoridades federales estadounidenses han desarrollado investigaciones sobre la utilización de identidades robadas, solicitudes falsas y mecanismos electrónicos para obtener recursos públicos destinados a personas afectadas económicamente por la emergencia sanitaria.
Cumplirá libertad supervisada tras salir de prisión
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia establece que la ciudadana dominicana permanecerá bajo supervisión de las autoridades federales durante dos años después de cumplir su condena.
La restitución económica impuesta constituye una obligación adicional dirigida a recuperar los fondos desviados mediante las operaciones fraudulentas.
El expediente pone de manifiesto las consecuencias penales que pueden enfrentar las personas involucradas en delitos financieros contra programas de asistencia pública en Estados Unidos.
Con esta condena, la justicia estadounidense responsabilizó penalmente a Contreras por su participación en una conspiración que utilizó información personal robada para desviar recursos destinados a trabajadores desempleados durante la crisis del coronavirus.
Fuente informativa: Almomento.net, publicación del 10 de noviembre de 2026, basada en informaciones del proceso judicial federal estadounidense.
Comunidad en el exterior
NY: Policía sigue sin pistas asesinato cuidadora y paciente
Published
1 semana agoon
noviembre 9, 2026Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- La Policía sigue sin pistas del asesinato el pasado jueves de una cuidadora dominicana y su paciente en el sector Harlem, del Alto Manhattan.
Las víctimas fueron identificadas como Elsa Espina Espinal, de 55 años, oriunda de Santo Domingo y residente en el Bronx, y Wilgen Elías Severino-Tatis, de 66, a quien asistía como cuidadora a domicilio.
Ambos fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza dentro de un apartamento del complejo residencial Gaylord White Houses, en East Harlem.
VÍNCULO CERCANO
Espina Espinal había desarrollado una relación cercana con Severino Tatis y su familia, quienes describieron el vínculo como el de una familia.
El hombre había sufrido un derrame cerebral y enfrentaba dificultades de movilidad, según explicó su sobrino, Brady Severino. Sus familiares señalaron que llevaba una vida tranquila, principalmente dentro de su hogar.
A UN MES DEL RETIRO
La cuidadora estaba a aproximadamente un mes de su retiro. Su hija, Elly Santana, explicó que la familia tenía prevista una cena en diciembre para celebrar esa nueva etapa y la recordó como una mujer trabajadora, dedicada a ayudar a los demás, que llegó a desempeñar hasta tres empleos simultáneamente.
INVESTIGACIÓN ABIERTA
El doble crimen ha causado consternación entre los residentes del complejo, donde vecinos recordaron con afecto a las víctimas y expresaron preocupación por la seguridad.
Hasta la noche del sábado 7 de noviembre, los investigadores no habían recuperado un arma ni determinado públicamente el motivo del ataque.
jt-am
