Comunidad en el exterior
P. RICO: Redadas migratorias ponen en jaque a dominicanos
Por Nicole Acevedo — NBC News
SAN JUAN.- En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido paralizador para muchos en el territorio estadounidense.
Casas y negocios lucen desolados, mientras un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”, según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.
La organización sin ánimo de lucro que Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.
Más de 300 familias ya han llamado para hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.
Muchos inmigrantes que residen en Puerto Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para los inmigrantes.
Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40 personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados y metidos en camionetas.
En sus 40 años viviendo en Puerto Rico, Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.
Para complicar las cosas, los detenidos son trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de inmigración.
No hay centros de detención permanentes en la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.
“Esposada como una criminal”
Aracely Terrero, una de al menos 732 inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.
Un agente de policía de la localidad costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.
Terrero tenía un visado y estaba en proceso de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
Las políticas de Puerto Rico limitan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, añadió Martínez.
Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas policiales la isla hace una década.
El caso de Terrero también puso de relieve lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.
“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico tras su liberación. “Fue un viaje muy difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así, con esposas, como una criminal”.
Críticas a la gobernadora
González-Ramos, la agente especial del HSI, dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar” los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.
Sin embargo, la gran redada del 27 de enero fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo estaba “centrado en lo que está pasando en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.
La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.
A medida que las autoridades de inmigración intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora proceden de la República Dominicana.
Los dominicanos constituyen la mayor parte de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados. Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.
González-Ramos había dicho que su oficina detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.
Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.
Tras una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón, una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin estatus migratorio.
González-Colón ha dicho que no desafiará las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos federales.
“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.
Comunidad en el exterior
Dominicana muere en El Bronx un día antes de viajar a RD; su hijo es acusado de homicidio
La víctima tenía previsto viajar junto a su hijo a República Dominicana el sábado 22 de agosto. Las autoridades de Nueva York mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Por Redacción internacional
NUEVA YORK.– Lo que debía convertirse en un esperado viaje familiar a República Dominicana terminó en tragedia para una familia dominicana residente en Nueva York, luego de que Josefa Soto fuera encontrada muerta en su apartamento de El Bronx apenas un día antes de emprender el viaje.
Soto tenía previsto trasladarse a territorio dominicano el sábado 22 de agosto junto a su hijo, Bob Johnny Guzmán, quien, según relató su padre, no había regresado al país desde que la familia se estableció en Nueva York.
Sin embargo, el viernes 21 de agosto, la mujer fue hallada sin vida en su residencia, ubicada en el quinto piso del 1236 Grand Concourse, en El Bronx.
Cuatro días después, el martes 25 de agosto, su hijo fue arrestado aproximadamente a media milla del lugar y posteriormente acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma, según las informaciones disponibles.
Investigación continúa abierta
Las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Soto todavía son objeto de investigación por parte de los detectives de Homicidios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Hasta el momento, el material disponible no establece oficialmente el motivo que habría provocado el hecho.
El esposo de la víctima y padre del acusado, Johny Guzmán, ofreció declaraciones sobre lo ocurrido y explicó que su hijo atravesaba crisis de salud mental y había recibido tratamiento en diferentes ocasiones.
Según su relato, durante períodos de mayor ansiedad el joven acostumbraba tomar una maleta y salir a caminar por la ciudad, llegando incluso a desaparecer en varias oportunidades.
Padre plantea una posible explicación
Guzmán considera que una situación similar pudo haberse presentado el día de la muerte de su esposa.
De acuerdo con su hipótesis, su hijo pudo haber intentado salir del apartamento con una maleta mientras Soto trataba de impedírselo, produciéndose entonces un enfrentamiento.
Se trata, sin embargo, de una apreciación del padre y no de una conclusión oficial de las autoridades, mientras continúa el proceso investigativo.
Un viaje que nunca pudo realizarse
La tragedia ocurrió precisamente cuando madre e hijo se preparaban para viajar a República Dominicana.
Según contó el viudo, Josefa Soto tenía especial interés en que su hijo pudiera regresar al país, debido a que no había tenido la oportunidad de hacerlo desde que se trasladaron a Nueva York.
El viaje estaba programado para el sábado 22 de agosto.
Pero un día antes, la familia quedó marcada por el inesperado fallecimiento de la mujer.
El doloroso hallazgo
Johny Guzmán también relató públicamente cómo se enteró de la tragedia.
Explicó que trabajaba cerca de su residencia y que durante la tarde del viernes acudió al apartamento para buscar una herramienta. Desde la parte inferior del edificio intentó comunicarse con su esposa para que le permitiera entrar.
El material suministrado termina en este punto del relato, por lo que no sería periodísticamente correcto completar los detalles del hallazgo sin disponer del resto de la información o de una fuente adicional que los confirme.
Mientras tanto, Bob Johnny Guzmán enfrenta las acusaciones formuladas en su contra y corresponderá a las autoridades y al proceso judicial establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de Josefa Soto.
Comunidad en el exterior
Batería de litio provoca incendio en barbería dominicana del Bronx; cinco personas resultan heridas
Dos de los afectados permanecieron en condición crítica tras el siniestro ocurrido en La Roka, establecimiento ubicado en Morris Heights. Un testigo logró rescatar a una mujer que se encontraba entre las llamas.
NUEVA YORK.– Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, durante un incendio que destruyó una barbería de propietarios dominicanos en El Bronx y que, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), se originó por una batería de iones de litio.
El siniestro se produjo alrededor de las 9:40 de la noche del jueves en la barbería La Roka, localizada en West Burnside Avenue, en el sector Morris Heights, donde reside una numerosa comunidad dominicana.
La emergencia fue declarada como un incendio de dos alarmas, lo que provocó la movilización de unidades del cuerpo de bomberos hacia el establecimiento para controlar las llamas y auxiliar a las personas afectadas.
Un hombre de 29 años y una mujer de 39 fueron trasladados de emergencia a un hospital en condición crítica. Otros tres hombres, de 49, 51 y 52 años, recibieron asistencia médica y se encontraban en condición estable, de acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades y difundidas por ABC7.
Barbería quedó destruida
La intensidad del fuego causó severos daños en el interior de La Roka, que quedó prácticamente destruida.
Las llamas también afectaron al restaurante chino Ming Wong, situado junto a la barbería. Una tienda dedicada a la reparación de teléfonos celulares ubicada en las proximidades no fue alcanzada directamente por el incendio, aunque su entrada sufrió daños y la puerta principal quedó rota.
Dos patinetas eléctricas resultaron igualmente afectadas y permanecieron dañadas en el exterior del establecimiento.
Durante la mañana del viernes, miembros del FDNY continuaban trabajando en el lugar para evaluar las consecuencias del siniestro y completar las investigaciones correspondientes.
Testigo acudió en auxilio de una mujer
En medio de la emergencia se produjo una acción que pudo resultar determinante para salvar una vida.
Un testigo identificado como Travis relató a Eyewitness News que decidió acercarse a la barbería después de escuchar los gritos desesperados de una mujer que se encontraba dentro del establecimiento.
Según explicó, la mujer tenía fuego en el cabello cuando logró sacarla del edificio y trasladarla al otro lado de la calle, donde permaneció a salvo mientras llegaban los servicios de emergencia.
El hombre describió además la presencia de una densa concentración de humo alrededor del establecimiento durante los momentos de mayor intensidad del incendio.
Batería de iones de litio, origen del fuego
Tras las investigaciones preliminares, el Departamento de Bomberos de Nueva York determinó que una batería de iones de litio fue la causa del incendio.
El incidente vuelve a colocar la atención sobre los riesgos asociados a este tipo de baterías cuando presentan desperfectos, sufren daños o se encuentran en condiciones que pueden provocar sobrecalentamiento.
El incendio causó importantes pérdidas materiales en los establecimientos afectados y dejó cinco personas lesionadas, mientras las autoridades continuaban evaluando sus consecuencias.
CONNECTICUT.- Las autoridades acusaron a dos dominicanos por la muerte de Frederick Werner, de 69 años, durante un allanamiento a su vivienda el pasado 3 de junio de 2026.
El hecho se registró poco antes de las 3:00 de la madrugada en el 871 de East Broadway, en Milford.
Según la orden judicial, dos hombres ingresaron por una puerta corrediza que conducía al dormitorio donde descansaban Werner y su pareja, Sandy Cooper, de 69 años. Werner falleció en el lugar y Cooper resultó herida.
Los acusados fueron identificados como Stuar López Reyes, de 25 años, arrestado en julio, e Iván Barias Florimón, de 24 años, detenido el 4 de agosto.
Ambos enfrentan cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asesinato durante la comisión de delito grave, allanamiento de morada, conspiración para cometer allanamiento, intento de asesinato, agresión en primer grado a víctima anciana y conspiración para cometer agresión en primer grado.
Permanecen detenidos bajo fianza de 3 millones de dólares cada uno.
PISTA CLAVE Y LÍNEA INVESTIGATIVA
De acuerdo con la declaración de Sandy Cooper, el caso podría estar vinculado al despido de una empleada de su negocio de bienes raíces, ocurrido el 25 de mayo.
La exempleada, identificada como Cynthia Infante, trabajó durante tres años como administradora de propiedades y asistente personal. La investigación señala que Barias Florimón alquilaba una habitación en la vivienda de la familia Infante en Bridgeport y realizaba trabajos de jardinería para el negocio de Ángel Infante. López Reyes es amigo de Barias Florimón.
Las personas mencionadas como relacionadas no han sido acusadas formalmente hasta el momento.
EVIDENCIAS PRESENTADAS
Según documentos judiciales, en la escena se recuperaron casquillos que, tras pruebas de balística, coincidieron con una pistola Glock de 9 milímetros incautada por la Policía de Nueva York el 6 de junio. El arma había sido reportada como robada en Stratford en 2022.
La orden judicial de 30 páginas incluye análisis de telefonía celular que ubicaría a los sospechosos en la zona, así como el rastreo de una Jeep Compass gris registrada a nombre de Ángel Infante, mediante lectores de placas y cámaras de vigilancia.
De acuerdo con el expediente, el vehículo fue captado con una placa trasera que habría sido sustraída horas antes en el Aeropuerto Tweed New Haven y que luego fue recuperada en una zona boscosa.
PROCESO MIGRATORIO
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que inició el proceso para revocar el estatus de residente permanente de ambos acusados.
Según el DHS, Barias Florimón ingresó a EE.UU. en 2007 como hijo de un residente permanente legal. López Reyes ingresó con visa en noviembre de 2016 y obtuvo la residencia permanente en octubre de 2022. Había sido arrestado previamente por cargos que derivaron en una condena por alteración del orden público.
«Tener una tarjeta de residencia permanente es un privilegio, no un derecho», indicó el DHS en un comunicado citado por Fox News Digital.
El caso continúa bajo investigación en los tribunales de Connecticut.