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Termina el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «muy pronto» comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que vincula con el narcotráfico. Además, advirtió de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia EE.UU.
«En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto», dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
FUERZAS ARMADAS DE EEUU ACTUARAN MUY PRONTO
El mandatario ya mencionó la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra contra supuestos narcotraficantes de Venezuela y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad».
Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.
ADVERTENCIA DE TRUMP A OTROS PAISES
Trump advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano «está sujeto a ataques», al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico.
«He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela», dijo.
FUERTES CRITICAS CONTRA GUSTAVO PETRO
En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.
Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de «grosero e ignorante con Colombia». También ha rechazado como «injerencia» el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.
an/am
WASHINGTON.- El secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro «no podrá burlarse de Donald Trump» si Estados Unidos retoma conversaciones directas con Caracas.
Aseguró que Maduro «rompió cada acuerdo que ha hecho» en la última década, incluidos los que —según él— negoció con la administración Biden.
Sostuvo que ese Gobierno accedió a liberar a sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico, así como a un colaborador financiero, a cambio del compromiso de celebrar elecciones libres y justas. «Nunca lo hizo. Les robaron las elecciones», afirmó Rubio a Fox News durante un análisis sobre la situación de Venezuela e Irán y la posibilidad de cambios de régimen en ambos países.
Según Rubio, «Maduro se burló de Joe Biden».
El secretario del Departamento de Estado republicano contrapuso ese escenario con lo que espera bajo el liderazgo de Donald Trump. «Ellos se burlaron de Joe Biden. No se van a burlar de Donald Trump», expresó en alusión a la firmeza que, a su juicio, tendría una eventual negociación encabezada por el expresidente.
Rubio describió a Trump como un líder dispuesto a dialogar «con quien sea», pero advirtió que tal apertura solo funciona «si del otro lado hay alguien con quien se pueda hacer un acuerdo». Aseguró que Trump ha hablado con Putin de Rusia, con Xi Jinping de China y con el presidente sirio; pero en el caso de Maduro, este ha roto todos los acuerdos alcanzados.
Insistió en que cualquier esfuerzo diplomático debe centrarse en impedir que Venezuela siga siendo —según dijo— un punto de apoyo para la influencia iraní y actividades contrarias a los intereses estadounidenses. «Si puedes traer estabilidad al hemisferio y evitar que Venezuela sea base de esas operaciones, sería ideal», señaló.
Aun así, subrayó que la principal dificultad no está en la voluntad de Washington, sino en la conducta del propio Maduro. «Ese es el problema fundamental», dijo. «No significa que no debamos intentarlo, pero no puedes confiar en él».
El presidente Donald Trump está dispuesto a revertir los estrictos estándares de ahorro de combustible de su predecesor Joe Biden, argumentando que la medida reducirá los precios de los automóviles, incluso cuando los críticos advierten que hará que los conductores paguen más en la gasolinera y acelerará el cambio climático.
El miércoles, Trump estará acompañado en la Oficina Oval por los directores ejecutivos de Ford y Stellantis, y un gerente de General Motors, para anunciar la reducción, con la presencia de los llamados «Tres Grandes» fabricantes de automóviles, lo que indica una aceptación crítica de la industria.
«Las regulaciones de eficiencia de combustible de Joe Biden habrían aumentado el costo de un vehículo nuevo en $1,000», dijo la Casa Blanca en X, y agregó que el restablecimiento de Trump ahorraría a los estadounidenses $109 mil millones.
ambientalistas respondieron
Los ambientalistas respondieron rápidamente, diciendo que la medida se destacaba incluso entre las muchas acciones anti-ecológicas de Trump debido a su impacto descomunal en los Estados Unidos dependientes del automóvil.
«Trump está demoliendo la medida más importante que cualquier nación haya tomado jamás para combatir el uso del petróleo, la contaminación que causa el calentamiento global y ayudar a los consumidores a ahorrar dinero en la gasolinera», declaró a la AFP Dan Becker, activista del Centro para la Diversidad Biológica que ha hecho campaña por políticas de vehículos ecológicos desde la década de 1980. «Esta es la gran medida».
El alcance total de la reversión no quedó claro de inmediato.
Pero la administración Trump ha señalado repetidamente su oposición a los aumentos de eficiencia promulgados bajo la administración Biden, que aumentó en un ocho por ciento para los años modelo 2024-2025 y en un 10 por ciento para 2026, con el objetivo de superar las 50 millas por galón para 2031.
En una propuesta de norma emitida en junio, el Departamento de Transporte de Trump argumentó que los funcionarios de Biden habían tenido en cuenta incorrectamente los vehículos eléctricos e híbridos al diseñar esos objetivos, diciendo que los estándares serían inalcanzables para los automóviles a gasolina y efectivamente forzarían un cambio en el mercado.
– La pelea por los vehículos eléctricos de Trump –
Trump ha criticado lo que él llama un «mandato» de vehículos eléctricos, un tema que lo ha puesto en desacuerdo con su intermitente aliado multimillonario Elon Musk, el CEO y mayor accionista de Tesla, que todavía tiene la mayor participación de mercado de vehículos eléctricos en los EE. UU. incluso cuando otras marcas están ganando terreno.
Los republicanos en el Congreso han derogado los créditos fiscales para las energías limpias en un importante proyecto de ley sobre impuestos y gastos, y han puesto la mira en la capacidad de California de establecer sus propios límites de emisiones de vehículos.
Pero aún no está claro si los ahorros derivados de la reducción de la inversión en vehículos eléctricos llegarán a los consumidores.
Si bien el abandono de los vehículos eléctricos permite a los fabricantes de automóviles retrasar o renunciar a miles de millones de dólares en nuevas inversiones, algunos de esos fondos se están destinando a nuevas iniciativas para agregar capacidad de construcción de automóviles en Estados Unidos a la luz de los aranceles de Trump.
reequipar fábricas
GM, por ejemplo, anunció en junio un gasto de 4.000 millones de dólares para reequipar fábricas en Michigan, Kansas y Tennessee.
GM, que ha dicho que espera un impacto arancelario de entre 3.500 y 4.500 millones de dólares en 2025, también ha otorgado una gran prioridad a la devolución del exceso de efectivo a los accionistas.
Gina McCarthy, ex alta funcionaria de Biden y Barack Obama, dijo que la medida en última instancia dañaría a la industria automotriz al retrasar su transición hacia vehículos eléctricos y empeorar el cambio climático.
«El resto del mundo seguirá innovando y creando coches más limpios que la gente quiera comprar y conducir, mientras nosotros nos vemos obligados a permanecer sentados en nuestros viejos coches, pagando más por la gasolina y emitiendo más emisiones».