Internacionales
Termina el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Internacionales
Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado
Washington, (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado.
Subrayó que «no hay investigaciones cerradas» y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.
«Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos», prometió Blanche, quien agregó que «jamás» dejarán de escuchar a las víctimas.
También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.
La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.
Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.
También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.
Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.
Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.
Internacionales
Más de 113 millones de personas en riesgo por el peor día de la ola de calor en Estados Unidos
Agencia EFE
Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo «mayor» o «extremo», especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).
La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de «calor y humedad anómalos» en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.
Además, emitió este miércoles un aviso de calor «mayor» que afecta a las 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.
Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso «extremo«, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.
El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.
Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.
En Texas, el NWS advierte de «acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días«, con riesgo de «peligrosas inundaciones repentinas».
Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.
El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.
Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.
Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.
Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.
El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.