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Sin las tres causales senadores aprueban en primera lectura nuevo Código Penal.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República tras una lectura íntegra de los 413 artículos, que se tomó casi cinco horas, aprobó en primera lectura el nuevo Código Penal Dominicano.
El anteproyecto de ley fue aprobado a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes en la sesión y se espera que sea aprobado en una segunda lectura el próximo martes por los senadores para luego enviar la pieza hacia la Cámara de Diputados para repetir el mismo procedimiento.
La aprobación sucedió luego de que la comisión bicameral encargada de estudiar el anteproyecto rindiera un informe favorable.
“La comisión bicameral estudió el contenido de la iniciativa y por su naturaleza concluyó que es una ley orgánica, en esta fusión, son incorporados principios penales modernos y con enfoque en la resocialización, en consonancia con el Código Procesal Penal. Entre estos principios se destacan el principio de proporcionalidad, de intervención mínima, lesividad y de humanidad, orientando así la legislación a la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Asimismo, se fortalece la lucha contra la impunidad corporativa al reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, refuerza los delitos contra el Estado y la administración pública, creando barreras normativas para corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros”, reseña el informe leído por el senador Santiago Zorrilla, quien fungió como presidente de la comisión.
Integración del cumulo de penas
El nuevo código integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión.
Las causales están fuera
La despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformación congénita quedaron fuera de la pieza aprobada por los senadores; mientras que se mantuvo que la interrupción del embarazo asistida contemple un castigo de prisión de dos a tres años, como estaba estipulado originalmente en el anteproyecto.
El hecho que de las causales se quedasen fuera de la pieza que se discute en la Cámara Alta del Congreso Nacional, generó el rechazo de varios movimientos.
Uno de esos grupos fue el Movimiento de Mujeres Trabajadores (MMT) calificaron el anteproyecto de ley como «Código Penal de la vergüenza» y que el mismo representa un «retroceso disfrazado de modernidad».
Nuevas tipificaciones
Zorrila expuso que la modificación contiene 72 nuevas tipificaciones que la pieza promulgada en 1884 no preveía.
De los nuevos tipos penales señalados se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas.
Además del trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.
De igual manera, se castigaría la participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras.
Presentarán modificaciones
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que durante la segunda lectura estarán sometiendo una modificación a la propuesta de articulo 393 que habla de “los atentados a los intereses fundamentales de la nación”.
“El vacío que hemos identificado es que sí bien está tipificado, no tiene la pena que se debería de dar luego de cometidos esos delitos”, expresó Fernández quien agregó que en caso de que se encuentren otros vacíos entre ahora y el momento de la segunda lectura, procederán a someter esas modificaciones.
Tras la participación de Fernández, el senador Moisés Ayala manifestó que por igual estaría sometiendo una modificación, aunque no especificó sobre que o cual articulo lo haría.
Durante su participación, el representante de Barahona en el hemiciclo manifestó que, aunque su posición personal es a favor de despenalizar el aborto en sus tres causales, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida fue necesario anteponer los intereses del país, ante los particulares.
En ese tenor, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instruyó a los legisladores a leer de manera “profunda” el proyecto de ley de modo que al momento de la segunda lectura se presenten “todas las modificaciones necesarias para lograr el mejor código posible”.
Senadores se regocijan
A pesar de esas sugerencias, Fernández destacó la labor de los senadores y de los miembros de la comisión bicameral, en aprobar una “necesaria” modificación al Código Penal.
En la misma actitud del vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, se expresaron los senadores Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Franklin Romero, entre otros.
Consenso con los diputados
Los senadores manifiestan que están confiados en que la pieza será aprobada sin mayores imprevistos por la Cámara de Diputados ya que la misma fue aprobada de manera “unánime” por una comisión bicameral de la cual 21 representantes de estos eran parte.
Durante la lectura del anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se hizo presente en el hemiciclo por un espacio de alrededor de una hora.
Lo que sigue
En la sesión del martes, los senadores esperan aprobar el nuevo código en segunda lectura para que luego este pase a manos de los diputados; en caso de que los legisladores de la Cámara Baja no realicen ninguna modificación a la pieza aprobada por los senadores, el anteproyecto sería enviado al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
La meta de los legisladores es lograr que el nuevo código sea aprobado antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.