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Sin las tres causales senadores aprueban en primera lectura nuevo Código Penal.

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Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República tras una lectura íntegra de los 413 artículos, que se tomó casi cinco horas, aprobó en primera lectura el nuevo Código Penal Dominicano.

El anteproyecto de ley fue aprobado a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes en la sesión y se espera que sea aprobado en una segunda lectura el próximo martes por los senadores para luego enviar la pieza hacia la Cámara de Diputados para repetir el mismo procedimiento.

La aprobación sucedió luego de que la comisión bicameral encargada de estudiar el anteproyecto rindiera un informe favorable.

“La comisión bicameral estudió el contenido de la iniciativa y por su naturaleza concluyó que es una ley orgánica, en esta fusión, son incorporados principios penales modernos y con enfoque en la resocialización, en consonancia con el Código Procesal Penal. Entre estos principios se destacan el principio de proporcionalidad, de intervención mínima, lesividad y de humanidad, orientando así la legislación a la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Asimismo, se fortalece la lucha contra la impunidad corporativa al reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, refuerza los delitos contra el Estado y la administración pública, creando barreras normativas para corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros”, reseña el informe leído por el senador Santiago Zorrilla, quien fungió como presidente de la comisión.

Integración del cumulo de penas

El nuevo código integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión.

Las causales están fuera

La despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformación congénita quedaron fuera de la pieza aprobada por los senadores; mientras que se mantuvo que la interrupción del embarazo asistida contemple un castigo de prisión de dos a tres años, como estaba estipulado originalmente en el anteproyecto.

El hecho que de las causales se quedasen fuera de la pieza que se discute en la Cámara Alta del Congreso Nacional, generó el rechazo de varios movimientos.

Uno de esos grupos fue el Movimiento de Mujeres Trabajadores (MMT) calificaron el anteproyecto de ley como «Código Penal de la vergüenza» y que el mismo representa un «retroceso disfrazado de modernidad».

Nuevas tipificaciones

Zorrila expuso que la modificación contiene 72 nuevas tipificaciones que la pieza promulgada en 1884 no preveía.

De los nuevos tipos penales señalados se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas.

Además del trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.

De igual manera, se castigaría la participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullyingbullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras.

Presentarán modificaciones

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que durante la segunda lectura estarán sometiendo una modificación a la propuesta de articulo 393 que habla de “los atentados a los intereses fundamentales de la nación”.

“El vacío que hemos identificado es que sí bien está tipificado, no tiene la pena que se debería de dar luego de cometidos esos delitos”, expresó Fernández quien agregó que en caso de que se encuentren otros vacíos entre ahora y el momento de la segunda lectura, procederán a someter esas modificaciones.

Tras la participación de Fernández, el senador Moisés Ayala manifestó que por igual estaría sometiendo una modificación, aunque no especificó sobre que o cual articulo lo haría.

Durante su participación, el representante de Barahona en el hemiciclo manifestó que, aunque su posición personal es a favor de despenalizar el aborto en sus tres causales, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida fue necesario anteponer los intereses del país, ante los particulares.

En ese tenor, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instruyó a los legisladores a leer de manera “profunda” el proyecto de ley de modo que al momento de la segunda lectura se presenten “todas las modificaciones necesarias para lograr el mejor código posible”.

Senadores se regocijan

A pesar de esas sugerencias, Fernández destacó la labor de los senadores y de los miembros de la comisión bicameral, en aprobar una “necesaria” modificación al Código Penal.

En la misma actitud del vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, se expresaron los senadores Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Franklin Romero, entre otros.

Consenso con los diputados

Los senadores manifiestan que están confiados en que la pieza será aprobada sin mayores imprevistos por la Cámara de Diputados ya que la misma fue aprobada de manera “unánime” por una comisión bicameral de la cual 21 representantes de estos eran parte.

Durante la lectura del anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se hizo presente en el hemiciclo por un espacio de alrededor de una hora.

Lo que sigue

En la sesión del martes, los senadores esperan aprobar el nuevo código en segunda lectura para que luego este pase a manos de los diputados; en caso de que los legisladores de la Cámara Baja no realicen ninguna modificación a la pieza aprobada por los senadores, el anteproyecto sería enviado al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

La meta de los legisladores es lograr que el nuevo código sea aprobado antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.

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Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032

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Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.

Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.

«Había entrado Punta Catalina, pero habían salido 400 megas por otros asuntos y esa inyección de Punta Catalina se la tragó el crecimiento. Bueno, inmediatamente hicimos solicitaciones por 2, 000 megas pero una planta termoléctrica dura cinco años de construcción, y ahora es que esas plantas en funcionamiento. Pero yo voy a dejar, hasta el 2032, pues vamos a hacer otra licitación, preparado el país para que no haya problemas», explicó Abinader.

El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.

«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.

Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en Intec

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez

Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.

«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.

El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.

Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.

«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.

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Creador de contenido es condenanado a seis meses de prisión por difamación.

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Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.

La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.

Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.

Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.

Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.

Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.

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Acuerdan aumento salarial para personal judicial .

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Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía  que incluye  la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.

Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.

En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.

El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.

La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.

El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.

Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.

Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.

En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.

En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.

El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.

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