Nacionales
Sin las tres causales senadores aprueban en primera lectura nuevo Código Penal.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República tras una lectura íntegra de los 413 artículos, que se tomó casi cinco horas, aprobó en primera lectura el nuevo Código Penal Dominicano.
El anteproyecto de ley fue aprobado a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes en la sesión y se espera que sea aprobado en una segunda lectura el próximo martes por los senadores para luego enviar la pieza hacia la Cámara de Diputados para repetir el mismo procedimiento.
La aprobación sucedió luego de que la comisión bicameral encargada de estudiar el anteproyecto rindiera un informe favorable.
“La comisión bicameral estudió el contenido de la iniciativa y por su naturaleza concluyó que es una ley orgánica, en esta fusión, son incorporados principios penales modernos y con enfoque en la resocialización, en consonancia con el Código Procesal Penal. Entre estos principios se destacan el principio de proporcionalidad, de intervención mínima, lesividad y de humanidad, orientando así la legislación a la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Asimismo, se fortalece la lucha contra la impunidad corporativa al reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, refuerza los delitos contra el Estado y la administración pública, creando barreras normativas para corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros”, reseña el informe leído por el senador Santiago Zorrilla, quien fungió como presidente de la comisión.
Integración del cumulo de penas
El nuevo código integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión.
Las causales están fuera
La despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformación congénita quedaron fuera de la pieza aprobada por los senadores; mientras que se mantuvo que la interrupción del embarazo asistida contemple un castigo de prisión de dos a tres años, como estaba estipulado originalmente en el anteproyecto.
El hecho que de las causales se quedasen fuera de la pieza que se discute en la Cámara Alta del Congreso Nacional, generó el rechazo de varios movimientos.
Uno de esos grupos fue el Movimiento de Mujeres Trabajadores (MMT) calificaron el anteproyecto de ley como «Código Penal de la vergüenza» y que el mismo representa un «retroceso disfrazado de modernidad».
Nuevas tipificaciones
Zorrila expuso que la modificación contiene 72 nuevas tipificaciones que la pieza promulgada en 1884 no preveía.
De los nuevos tipos penales señalados se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas.
Además del trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.
De igual manera, se castigaría la participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras.
Presentarán modificaciones
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que durante la segunda lectura estarán sometiendo una modificación a la propuesta de articulo 393 que habla de “los atentados a los intereses fundamentales de la nación”.
“El vacío que hemos identificado es que sí bien está tipificado, no tiene la pena que se debería de dar luego de cometidos esos delitos”, expresó Fernández quien agregó que en caso de que se encuentren otros vacíos entre ahora y el momento de la segunda lectura, procederán a someter esas modificaciones.
Tras la participación de Fernández, el senador Moisés Ayala manifestó que por igual estaría sometiendo una modificación, aunque no especificó sobre que o cual articulo lo haría.
Durante su participación, el representante de Barahona en el hemiciclo manifestó que, aunque su posición personal es a favor de despenalizar el aborto en sus tres causales, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida fue necesario anteponer los intereses del país, ante los particulares.
En ese tenor, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instruyó a los legisladores a leer de manera “profunda” el proyecto de ley de modo que al momento de la segunda lectura se presenten “todas las modificaciones necesarias para lograr el mejor código posible”.
Senadores se regocijan
A pesar de esas sugerencias, Fernández destacó la labor de los senadores y de los miembros de la comisión bicameral, en aprobar una “necesaria” modificación al Código Penal.
En la misma actitud del vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, se expresaron los senadores Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Franklin Romero, entre otros.
Consenso con los diputados
Los senadores manifiestan que están confiados en que la pieza será aprobada sin mayores imprevistos por la Cámara de Diputados ya que la misma fue aprobada de manera “unánime” por una comisión bicameral de la cual 21 representantes de estos eran parte.
Durante la lectura del anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se hizo presente en el hemiciclo por un espacio de alrededor de una hora.
Lo que sigue
En la sesión del martes, los senadores esperan aprobar el nuevo código en segunda lectura para que luego este pase a manos de los diputados; en caso de que los legisladores de la Cámara Baja no realicen ninguna modificación a la pieza aprobada por los senadores, el anteproyecto sería enviado al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
La meta de los legisladores es lograr que el nuevo código sea aprobado antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.