Opinión
¿Por qué al PRM no se le investiga por sus conexiones con Miguel Gutiérrez y Miky López?
Por Narciso Isa Conde
Abinader en su SEMANAL montó otro espectáculo mediático sobre el tema corrupción, destacando los dineros recuperados en los procesos abiertos, casi todos correspondiente a la corrupción danilista: 6,5OO millones de pesos.
No precisó cuánto les toca de esa suma a los abogados designados para esos fines, encabezados por el defensor del dueño del JET SET.
Olvidó toda la corrupción leonelista (solo Félix Bautista se robó 25 mil millones, la estafa de los Súper Tucanos sobrepasa los 80 millones de dólares y lo de Diandino no ha sido tocado), la corrupción oligárquica (EDE-HAINA/FONPER, SANSOUCI, ANTENA LATINA, contrato estafa de BARRICK GOLD, pasivos ambientales de FALCONDO, graves delitos ambientales y de todo tipo del empresariado (incluido el negocio turístico), ANTENA LATINA-BONETTI etc, etc, etc…
Olvidó a una gran parte de los ex generales asesinos y ladrones impunes.
Olvidó la narco-política impune.
Nuestro gobernador de colonia en particular se resiste a recordar en el capítulo de la narco-política lo que le corresponde de ese paquete a su PRM.
Y por eso en ese capítulo, que impacta de lleno al sistema tradicional de partidos, me voy a concentrar ahora haciéndome la pregunta y haciéndosela a ustedes:
¿Por qué no se investiga en ese renglón a altos dirigentes PRM y sus conexiones en casos muy relevantes?
VALIDEZ DE LA PREGUNTA
La pregunta es válida para Jenny Berenice y para Camacho, y es válida porque en el caso de Miguel Gutiérrez no se ha movido una paja en esa dirección, salvo la DEA que lo apresó en MIAMI y tiene secuestradas sus “confesiones premiadas”, relacionadas con los financiamientos al PRM en la campaña electoral del 2020.
Es válida también en el caso de Miky Pilarte y su familia porque nada se ha hecho para que el proceso judicial abierto, evidentemente “calimocho” y empantanado, incorpore a la investigación las conexiones con la cúpula del PRM de La Vega y en el nivel central, incluidos reiterados intercambios con Abinader, como candidato presidencial.
Recordemos que la narco-política, en relación con el PRM, hizo su primera escala judicial en la ciudad de La Vega, en los predios de la narco-familia López Pilarte, políticamente conectada con altos dirigentes del Partido de Gobierno.
El Ministerio Público de la Vega, finalizando la campaña electoral del 2020, inició el proceso y más tarde, en el marco del nuevo gobierno y de la nueva Procuraduría General de la República (PGR), la presión desatada forzó a investigaciones adicionales, que fueron alimentadas con la captura, en sucesivos allanamientos, de un voluminoso fardo de documentos muy comprometedores.
Estuvieron presos Miguel Arturo López (Micky), jefe de esa familia, su esposa, la Diputada-PRM Rosa María Pilarte, sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte (Regidor-PRM), María Pilarte (hermana de Rosa Amalia), Manuel Antonio Ynoa, esposo de esta última, y José Antonio Román empleado y testaferro de la familia. la d
De todos ellos solo fue procesada y condenada, a pena leve, la diputada Pilarte. Los demás siguen “encartados”, pero sueltos e impunes.
Estuvo -y continúa prófugo- Pablo Antonio Martínez Javier-, a quien se le sindica como jefe operativo de una gran red de tráfico de EXTASIS, conectada con las transacciones de lavado de dinero sucio a cargo de la familia López Pilarte.
Específicamente, Miguel López Florentino (Micky), manejó las relaciones directas con Pablo Antonio Martínez Javier.
La referida red fue golpeada a raíz de ser ocupadas 111,722 pastillas de esa variedad de droga, el mayor cargamento decomisado en el país.
La investigación en el caso de los López Pilarte reveló que las transacciones de lavado de activos detectadas, a cargo de las empresas carpetas operadas por la Diputada Pilarte, ascendieron, en un periodo no muy largo, a casi 4,500 millones de pesos.
Su candidatura, como la de su hijo, sustentadas políticamente por el PRM, y la propia campaña nacional de ese partido, recibieron parte de ese botín, protegido al extremo que Miguel Arturo López Florencio y su hijo Miguel Arturo López Pilarte aparecen en la nómina de la Policía Nacional.
Esto último algo muy común en el tratamiento protector que les dan los Estados Delincuentes a ciertos capos de la droga.
No hay que ser genio para deducir que, si este caso explotó una semana antes de las votaciones del 2020, fue porque la mafia política del anterior gobierno del PLD, presidido por Danilo Medina, no le perdonó a esa “familia” su apoyo financiero y su compromiso político con el PRM y con la candidatura presidencial Luis Abinader y optó por usarlo como recurso de campaña.
En aquella ocasión, ni la investigación ni la denuncia, concitaron respaldo en un electorado dominado por la idea de echar abajo el viejo y repudiado régimen del Partido de La Liberación Dominicana (PLD); presente, además, el enorme descrédito de un Ministerio Público al servicio del presidente de un gobierno que se había convertido en una corporación dictatorial mafiosa, impugnada por gran parte de la sociedad.
De todas maneras, después de la avalancha de Marcha Verde contra la corrupción era muy difícil obviar ese caso y optaron entonces por limitar los cargos al conjunto familiar, reducir presión y proteger la alta dirección del PRM.
Los cargos se centraron en “narco-tráfico y lavado de activos” y en la. denuncia se destacó la cantidad de vehículos ultra-lujosos en poder de la familia, dos helicópteros, uno de ellos matricula N130LG con el logo de Auto-Crédito y M. López, que figura en fotos publicadas en espacios digitales de la familia López Pilarte en las que aparece desmontandose de la nave y visitando su residencia el candidato presidencial del PRM.
ENTRADA DE ABINADER EN ESCENA
Está gráficamente confirmado que el Lic. Luis Abinader, siendo candidato a la Presidencia de la República, visitó no solo en esa ocasión la residencia de la referida familia, sino en varias oportunidades.
En las redes sociales aparecen varias fotos, que por la vestimenta que exhiben los participantes, evidencian se trató de visitas y tomas fotográficas en ocasiones diferentes: uso de un helicóptero identificado con los logos señalados, encuentros variados y toma de fotos en espacios físicos diferentes.
Esas visitas no fueron publicadas cuando se produjeron. Pero más tarde la “familia” visitada por el aspirante a Jefe de Estado, colocó las fotos en su Portal.
De todas maneras, en casos así es difícil alegar desconocimiento de las características de la familia López Pilarte, particularmente cuando en la ciudad de La Vega desde hace tiempo se conoce muy bien el origen turbio de su fortuna exhibida con descaro y la propia dirección local del PRM no podía alegar desconocimiento; menos aún después del impacto público de la captura del cargamento de éxtasis.
· Del silencio a una justificación inconsistente.
El presidente Luis Abinader guardó silencio sobre el caso hasta verse forzado a hablar sobre el tema el primero de mayo del 2O24 durante su comparecencia en el programa «La Propuesta de los Candidatos», un espaciodel Grupo de Comunicaciones Corripio.
En esa ocasión, de acuerdo a la reseña del reportero Javier Herrera del periódico HOY, Abinader declaró que en «en ese tiempo no había ningún sometimiento (contra López) y que él “utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó el helicóptero, mandaron ese (el de López), y ese utilicé por ese día. Ahora, esa persona que usted dice, ¿dónde está? Sometida; está sometida a la justicia».
El jefe de Estado puntualizó, además, que «son situaciones que se dan. Como una foto. Tú te puedes tomar una foto con cualquiera. Ahora, el hecho es a quién tú proteges; y aquí no se protege a nadie».
La inconsistencia de esa declaración salta a la vista.
Abinader no tiene méritos en el sometimiento de varios miembros de esa familia.
Ni hizo la denuncia como gobierno, ni aportó pruebas, sino que evadió y ocultó durante dos años sus vínculos con ellos.
Ese proceso se inició en la fiscalía de La Vega y se denunció antes de él ser presidente.
Pero, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial del PRM, no solo utilizó uno de los helicópteros de las empresas de Miky López, sino que se trasladó en él a la mansión del capo y la visitó y se reunió allí varias veces con él y dos de sus hijos.
Amalia Pilarte fue postulada por el PRM y salió diputada por La Vega y uno de sus hijos, regidor.
La conexión vegana del PRM con esa familia fue tan fuerte que durante la campaña electoral del 2020, la dirección provincial de ese partido, logró conectar directamente a los López Pilarte con su candidato presidencial.
Esa conexión fue obra de Kelvin Cruz, ex alcalde por el PRM y ahora Ministro de Deportes, lo que puede motivar que de parte de los López Pilarte le exijan alguna modalidad de defensa y de detención del proceso judicial en su contra.
Eso, a su vez, podría explicar que, siendo Alcalde de la Vega y vigente el proceso judicial, Kelvin Cruz defendiera a los López Pilarte, afirmando: «Yo soy de La Vega, conozco a esa familia y lo que yo conozco es que ellos no son personas narcotraficantes».
¿Transparencia? ¿Honestidad? ¿Cambio?
Y a pesar de todo esto, siguen sin consecuencias las espurias conexiones del PRM con Miky López y familia, y también con el ex diputado Miguel Gutiérrez y con el capo sureño Yamil Abreu (extraditado a EEUU); mientras adicionalmente siguen blindados los archivos de la DEA y del sistema judicial estadounidense en los casos de ambos camajanes.
Pero más allá de lo específico de los casos, todo esto nos remite al proceso de ganterización del capitalismo y sus Estados, con fuertes expresiones de narco-capitalismo y máxima perversión de la política dominante, convertida en negocio; en constante reciclamiento en nuestro país, gobierno tras gobierno, enclavados todos en un sistema que debe ser arrancado de raíz
Por Rommel Santos Díaz
El crimen organizado en torno al narcotráfico y la corrupción transnacional se ha convertido en un problema de primer orden para la región latinoamericana y del Caribe, aumentando la violencia y el conflicto que se constituyen en un serio obstáculo para el desarrollo y avance de los países de la región.
El rápido empeoramiento de la situación en los últimos años afecta gravemente a varios de los países de la región, constituyendo una amenaza concreta a la democracia y a los derechos humanos de la población latinoamericana y caribeña.
Es de conocimiento general que las organizaciones criminales han extendido sus estructuras y actividades más allá de los límites de cada país de la región, regionalización y globalización, razones por las cuales las respuestas nacionales resultan necesarias pero son insuficientes actualmente.
El carácter transnacional del crimen organizado en el siglo XXI hace imprescindible y perentorio el desarrollo de instrumentos jurídicos de cooperación internacional y de instituciones basadas en la integración regional que actúen complementariamente en apoyo de las fuerzas de seguridad y las justicias nacionales.
Se hace necesario y urgente que los estados nacionales signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios hagan efectivo el compromiso asumido antes sus propios ciudadanos y la comunidad internacional de combatir el crimen transnacional organizado.
Po todas las razones expuestas anteriormente se justifica la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado, de carácter complementario de las justicias nacionales y dedicada a la desarticulación de las cúpulas criminales que incurran en alguno de los delitos previstos por la Convención de Palermo y sus Protocolos.
Los estados de la región deben comprometerse a llevar a cabo todas las acciones posibles para apoyar esta iniciativa, comenzando por la convocatoria a la participación de los gobiernos de la región y por la aprobación de resoluciones parlamentarias de apoyo en cada uno de los países de latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, hacer un llamado a los parlamentarios de la República Dominicana, a los fines de que se pronuncien mediante la aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
(tercera parte)
Por Oscar López Reyes
Ser homosexual se ramifica como una tragedia personal y familiar torturante, y basta hacer referencia de un niño que le preguntaba a su madre, bajo llanto, ¿por qué salí así?, y la progenitora le respondía en forma salomónica, mientras a los cercanos ella les decía que no podía matar a su hijo. Otro jovencito de esa preferencia convulsionó en mi presencia, y cuando superó esa impactante crisis lo encaminé -sin deseo yo de comer ese día- hasta el especializado Instituto de la Familia, para un tratamiento en dos vertientes.
El tercer drama: El niño que se quejó de su talante, creció y se declaró homosexual, con el sobrenombre de Salvadora; instaló una sastrería, paseó en horas de la noche, a mediados de 1965, por calles del sector Villa Estela de Barahona junto a sus pares Bebejo y Tony, en una exhibición con recepción de aplausos y bufonadas con la lengua.
Los tres fueron los primeros en salir del clóset en esa ciudad. Después que sus dos compañeros de trajinar fallecieron y, cansado del rechazo social, Salvadora se convirtió a evangélico, y decidió vivir en el cementerio. Vecinos y amigos me ratifican que, desde ese momento, abandonó sus conocidas andanzas. Murió en el 2011, y fue sepultado en otro camposanto.
Cuarta tragedia sumatoria: La muerte a puñaladas -por extraviadas pasiones sentimentales y engaños monetarios en “sexo servicio”- de seis miembros de la comunicación, en Santo Domingo y Santiago:
1.- El director, guionista de cine y productor de televisión Jean Luis Jorge, acuchillado mortalmente el 13 de marzo de 2000, en su apartamento.
2.- El relacionista, articulista de diarios y catedrático Víctor Gulías, victimado de 32 puñaladas el 28 de marzo de 2007, en su apartamento.
3.- El productor televisivo Miguel Bretón Mieses (Micky Bretón), ultimado de varias estocadas el 4 de noviembre de 2009, en un motel.
4.- El gerente de ventas de El Nacional, William Cordero Acevedo, encontrado en ropa interior, en un charco de sangre, el 24 de enero de 2012, en su apartamento.
5.- El presentador de noticias Claudio Nasco, fallecido violentamente el 13 de diciembre de 2013, en una cabaña. A propósito de ese asesinato, el diseñador de “Los grandes espectáculos”, Jorge David Pérez (Jorge Diep, finado el 28 de octubre de 2018) reveló en un tribunal que desde que optó seguir a Cristo se retiró de la homosexualidad.
6.- El coreógrafo y maquillista Víctor Daniel Erarte (Vitico), ahorcado con saña el 30 de octubre de 2022, en su residencia de Santiago.
Cual que sea la clasificación de la comunidad LGBTQI+: Lesbiana, Gais, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual o Pansexual, o tratase de una raíz epigenética o la predilección de género o identidad, ese engendro se empotra con barullo en el individuo, lo domina en la absoluta perdición y lo rinde en sus deseos sin límites, acatando la voluntad del atraído, en una triste y alarmante vulnerabilidad lujuriosa.
Ese desenfreno -fogoso y anárquico – sin techo en su accionar particular y comunitario, que arruina la moral pública, echa sus pétalos en el cerebro y, conforme a investigaciones científicas, abruma en variadas estructurales del hipotálamo vinculadas con el sexo biológico y la orientación sexual. Estas matizan que el tamaño y el número de células de núcleos hipotalámicos son desiguales entre hombres homosexuales y heterosexuales.
Según esos estudios, la diferenciación hipotalámica posnacimiento (“desarrollo biológico en el que las células madres se convierten en neuronas para regular el sueño, el hambre, la sed, la temperatura y el equilibrio hormonal” en unión de componentes ambientales y psicosociales pueden tener una profunda influencia en la determinación sexual del cerebro. Y puntualizan que, en una muestra de cerebros de hombres homosexuales, se localiza una zona del hipotálamo, llamada Núcleo Supraquiasmático (NSQ) –el marcapasos o reloj del cerebro- que contiene el doble de células que el NSQ de un grupo heterosexual.
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad mental, ni una cuestión emocional, causado, en la homosexualidad de los varones, por una predisposición innata, coaligada esencialmente con “las variantes genéticas del receptor de andrógenos ubicadas en el cromosoma X”.
Deriva en acoso sexual, vestirse de mujer, violar a niños, abandonar la Iglesia, casarse con una persona del mismo sexo, sufrir depresión con intentos suicidas, consumir bebidas alcohólicas y drogas y, en tenebrosos celos y odios irracionales, son ahorcados y degollados con objetos punzantes en matorrales, residencias, moteles, calles y otros territorios. Ese ejercicio está tipificado, igual que la prostitución, de alto riesgo, por su exposición al salvajismo corporal, a contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH) y otras contraídas por el contacto carnal, así como la estigmatización y marginalización social.
¡Qué horizonte más lastimero y compasivo! Obliga, incuestionablemente, al auxilio en endocrinología, psiquiatría, psicología, urología, ginecología, genética y otras especialidades de la salud, conforme a las normas internacionales. En psiquiatría, sí, aunque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Levantando o no la bandera arcoíris, son incontables las personas -unos pertenecen a los movimientos de exgais (sostienen que ya no los son) y otros al de los ex-ex gais (se retiraron y regresaron), que se han esforzado para variar su orientación sexual. Han acudido a terapias de beber agua bendita, a los rezos de plegarias, a la hipnosis, el exorcismo y a los antidepresivos.
Indistintamente, han apelado a la administración de hormonas, a las terapias por conversión o reparativa, el choque farmacológico, el análisis aplicado de conducta, el tratamiento por electrochoque, terapia grupal, psicoanálisis, terapia Afirmativa LGBTIQ+ y de contexto específico.
Además de las terapias pseudocientíficas e ilegales buscando curar a homosexuales, también han sobresalido tratamientos quirúrgicos, como la vasectomía, la histerectomía, la castración, la cirugía del nervio pudendo, la ablación de clítoris, la ooforectomía y la lobotomía.
El consenso médico aclara que no existe evidencia experimental de que esos tratamientos, que todavía están en uso, sean efectivos para cambiar la orientación sexual, pero sí que son fraudes crueles, degradantes, dañinos y peligrosos en cuanto a que provocan percances psicológicos, espirituales, relacionales, económicos, profesionales o laborales, físicos y sexuales. Estos métodos han sido calificados como “charlatanería”, porque están prohibidos y se apartan de los sistemas éticos de salud mental.
Los métodos y técnicas empleados, y confrontados en una cosa y la otra, persiguiendo el fin preconcebido, igualmente han sido útiles para crear 6 sistemas lógicos y deductivos sobre la homosexualidad: 1) Teorías psicodinámicas, 2) Postulado del determinismo biológico y sanación genética, 3) Inferencias endocrinólogas, 4) Observaciones neurobiológicas, 5) Principios de diversidad biológica y disidencia sexual, y 6) Teoría de la homosexualidad en otras especies.
Una buena psicoterapia y la Biblia son aproximativas para surcar en ese pantano. Las descripciones precedentes invitan a preparar profesionales enfocados en el acompañamiento y la más apropiada y efectiva asistencia sanitaria de los integrantes de esa población endeble, para cuya gestión han sido fundadas numerosas instituciones y grupos delineados.
¿Cuáles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (ahora Asociación de Psiquiatras LGTBQ), Human Rights Watch, la Unesco, el Fondo Mama Cash, QuRight Action Internacional y el Fondo para la Igualdad Global.
¿Y en República Dominicana? Operan la estatal Conavihsida y las privadas Trans Siempre Amigos (Transsa), el Voluntariado GLBT Dominicano, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (Odhpt), el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y otras entidades. Ahorita, ¿surgirá en RD un equipo de psiquiatras para explorar, como respuesta facultativa, las vivencias, la ansiedad, la depresión y otras patologías mentales del Colectivo LGBTQI+?
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Febrero no es un mes cualquiera.
Febrero es memoria.
Es advertencia.
Es juramento.
En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un gesto romántico: fue coraje frente al abuso, la expoliación y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es recordar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.
Hoy, al iniciar este Mes de la Patria, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control democrático y transparencia.
En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma lógica: el control de lo estratégico envuelto en lenguaje técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.
Por un lado, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un lado y defensa del interés nacional del otro. En la práctica, activos estratégicos, contratos y poder.
Pero la Patria exige memoria, no espectáculo.
Conviene recordar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 años la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete años antes del vencimiento original. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es legítimo preguntar por qué adelantar una negociación de tan largo alcance y por qué no abrir un debate nacional amplio que blindara el interés público.
Nadie puede erigirse en justiciero de un contrato que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.
Si el Presidente aspira a autoridad moral, hay dos pruebas simples: publicar el estado del pago de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el contrato renovado y sus anexos. La Patria no se defiende con gestos: se defiende con documentos.
Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.
La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control democrático, se debilita la fiscalización y se encierra lo público en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.
El riesgo se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién gana y quién paga.
Esto no es un error aislado. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; riesgo ciudadano, beneficio concentrado; control democrático debilitado y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, legal y silenciosa. No oprime de golpe; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.
Este modelo no es abstracto. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de largo plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate público suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y económico opera sin control democrático real, el resultado rara vez es desarrollo inclusivo.
Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La libertad no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es actuar.
Desde hace años, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año clave: el punto en que este modelo puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El riesgo es que una minoría se quede con “el santo y la limosna”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y patria como casa común.
Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.
Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea reducido a empresa y la Patria a negocio; de exigir orden con justicia, desarrollo con igualdad y progreso con dignidad; y de recordar que el Estado Social y Democrático de Derecho no es un lema, sino un mandato constitucional.
Este momento exige valentía moral y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría real y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.
Porque cuando la Patria se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar hacia otro lado.
Despierta RD!