Opinión
¿Por qué al PRM no se le investiga por sus conexiones con Miguel Gutiérrez y Miky López?
Por Narciso Isa Conde
Abinader en su SEMANAL montó otro espectáculo mediático sobre el tema corrupción, destacando los dineros recuperados en los procesos abiertos, casi todos correspondiente a la corrupción danilista: 6,5OO millones de pesos.
No precisó cuánto les toca de esa suma a los abogados designados para esos fines, encabezados por el defensor del dueño del JET SET.
Olvidó toda la corrupción leonelista (solo Félix Bautista se robó 25 mil millones, la estafa de los Súper Tucanos sobrepasa los 80 millones de dólares y lo de Diandino no ha sido tocado), la corrupción oligárquica (EDE-HAINA/FONPER, SANSOUCI, ANTENA LATINA, contrato estafa de BARRICK GOLD, pasivos ambientales de FALCONDO, graves delitos ambientales y de todo tipo del empresariado (incluido el negocio turístico), ANTENA LATINA-BONETTI etc, etc, etc…
Olvidó a una gran parte de los ex generales asesinos y ladrones impunes.
Olvidó la narco-política impune.
Nuestro gobernador de colonia en particular se resiste a recordar en el capítulo de la narco-política lo que le corresponde de ese paquete a su PRM.
Y por eso en ese capítulo, que impacta de lleno al sistema tradicional de partidos, me voy a concentrar ahora haciéndome la pregunta y haciéndosela a ustedes:
¿Por qué no se investiga en ese renglón a altos dirigentes PRM y sus conexiones en casos muy relevantes?
VALIDEZ DE LA PREGUNTA
La pregunta es válida para Jenny Berenice y para Camacho, y es válida porque en el caso de Miguel Gutiérrez no se ha movido una paja en esa dirección, salvo la DEA que lo apresó en MIAMI y tiene secuestradas sus “confesiones premiadas”, relacionadas con los financiamientos al PRM en la campaña electoral del 2020.
Es válida también en el caso de Miky Pilarte y su familia porque nada se ha hecho para que el proceso judicial abierto, evidentemente “calimocho” y empantanado, incorpore a la investigación las conexiones con la cúpula del PRM de La Vega y en el nivel central, incluidos reiterados intercambios con Abinader, como candidato presidencial.
Recordemos que la narco-política, en relación con el PRM, hizo su primera escala judicial en la ciudad de La Vega, en los predios de la narco-familia López Pilarte, políticamente conectada con altos dirigentes del Partido de Gobierno.
El Ministerio Público de la Vega, finalizando la campaña electoral del 2020, inició el proceso y más tarde, en el marco del nuevo gobierno y de la nueva Procuraduría General de la República (PGR), la presión desatada forzó a investigaciones adicionales, que fueron alimentadas con la captura, en sucesivos allanamientos, de un voluminoso fardo de documentos muy comprometedores.
Estuvieron presos Miguel Arturo López (Micky), jefe de esa familia, su esposa, la Diputada-PRM Rosa María Pilarte, sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte (Regidor-PRM), María Pilarte (hermana de Rosa Amalia), Manuel Antonio Ynoa, esposo de esta última, y José Antonio Román empleado y testaferro de la familia. la d
De todos ellos solo fue procesada y condenada, a pena leve, la diputada Pilarte. Los demás siguen “encartados”, pero sueltos e impunes.
Estuvo -y continúa prófugo- Pablo Antonio Martínez Javier-, a quien se le sindica como jefe operativo de una gran red de tráfico de EXTASIS, conectada con las transacciones de lavado de dinero sucio a cargo de la familia López Pilarte.
Específicamente, Miguel López Florentino (Micky), manejó las relaciones directas con Pablo Antonio Martínez Javier.
La referida red fue golpeada a raíz de ser ocupadas 111,722 pastillas de esa variedad de droga, el mayor cargamento decomisado en el país.
La investigación en el caso de los López Pilarte reveló que las transacciones de lavado de activos detectadas, a cargo de las empresas carpetas operadas por la Diputada Pilarte, ascendieron, en un periodo no muy largo, a casi 4,500 millones de pesos.
Su candidatura, como la de su hijo, sustentadas políticamente por el PRM, y la propia campaña nacional de ese partido, recibieron parte de ese botín, protegido al extremo que Miguel Arturo López Florencio y su hijo Miguel Arturo López Pilarte aparecen en la nómina de la Policía Nacional.
Esto último algo muy común en el tratamiento protector que les dan los Estados Delincuentes a ciertos capos de la droga.
No hay que ser genio para deducir que, si este caso explotó una semana antes de las votaciones del 2020, fue porque la mafia política del anterior gobierno del PLD, presidido por Danilo Medina, no le perdonó a esa “familia” su apoyo financiero y su compromiso político con el PRM y con la candidatura presidencial Luis Abinader y optó por usarlo como recurso de campaña.
En aquella ocasión, ni la investigación ni la denuncia, concitaron respaldo en un electorado dominado por la idea de echar abajo el viejo y repudiado régimen del Partido de La Liberación Dominicana (PLD); presente, además, el enorme descrédito de un Ministerio Público al servicio del presidente de un gobierno que se había convertido en una corporación dictatorial mafiosa, impugnada por gran parte de la sociedad.
De todas maneras, después de la avalancha de Marcha Verde contra la corrupción era muy difícil obviar ese caso y optaron entonces por limitar los cargos al conjunto familiar, reducir presión y proteger la alta dirección del PRM.
Los cargos se centraron en “narco-tráfico y lavado de activos” y en la. denuncia se destacó la cantidad de vehículos ultra-lujosos en poder de la familia, dos helicópteros, uno de ellos matricula N130LG con el logo de Auto-Crédito y M. López, que figura en fotos publicadas en espacios digitales de la familia López Pilarte en las que aparece desmontandose de la nave y visitando su residencia el candidato presidencial del PRM.
ENTRADA DE ABINADER EN ESCENA
Está gráficamente confirmado que el Lic. Luis Abinader, siendo candidato a la Presidencia de la República, visitó no solo en esa ocasión la residencia de la referida familia, sino en varias oportunidades.
En las redes sociales aparecen varias fotos, que por la vestimenta que exhiben los participantes, evidencian se trató de visitas y tomas fotográficas en ocasiones diferentes: uso de un helicóptero identificado con los logos señalados, encuentros variados y toma de fotos en espacios físicos diferentes.
Esas visitas no fueron publicadas cuando se produjeron. Pero más tarde la “familia” visitada por el aspirante a Jefe de Estado, colocó las fotos en su Portal.
De todas maneras, en casos así es difícil alegar desconocimiento de las características de la familia López Pilarte, particularmente cuando en la ciudad de La Vega desde hace tiempo se conoce muy bien el origen turbio de su fortuna exhibida con descaro y la propia dirección local del PRM no podía alegar desconocimiento; menos aún después del impacto público de la captura del cargamento de éxtasis.
· Del silencio a una justificación inconsistente.
El presidente Luis Abinader guardó silencio sobre el caso hasta verse forzado a hablar sobre el tema el primero de mayo del 2O24 durante su comparecencia en el programa «La Propuesta de los Candidatos», un espaciodel Grupo de Comunicaciones Corripio.
En esa ocasión, de acuerdo a la reseña del reportero Javier Herrera del periódico HOY, Abinader declaró que en «en ese tiempo no había ningún sometimiento (contra López) y que él “utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó el helicóptero, mandaron ese (el de López), y ese utilicé por ese día. Ahora, esa persona que usted dice, ¿dónde está? Sometida; está sometida a la justicia».
El jefe de Estado puntualizó, además, que «son situaciones que se dan. Como una foto. Tú te puedes tomar una foto con cualquiera. Ahora, el hecho es a quién tú proteges; y aquí no se protege a nadie».
La inconsistencia de esa declaración salta a la vista.
Abinader no tiene méritos en el sometimiento de varios miembros de esa familia.
Ni hizo la denuncia como gobierno, ni aportó pruebas, sino que evadió y ocultó durante dos años sus vínculos con ellos.
Ese proceso se inició en la fiscalía de La Vega y se denunció antes de él ser presidente.
Pero, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial del PRM, no solo utilizó uno de los helicópteros de las empresas de Miky López, sino que se trasladó en él a la mansión del capo y la visitó y se reunió allí varias veces con él y dos de sus hijos.
Amalia Pilarte fue postulada por el PRM y salió diputada por La Vega y uno de sus hijos, regidor.
La conexión vegana del PRM con esa familia fue tan fuerte que durante la campaña electoral del 2020, la dirección provincial de ese partido, logró conectar directamente a los López Pilarte con su candidato presidencial.
Esa conexión fue obra de Kelvin Cruz, ex alcalde por el PRM y ahora Ministro de Deportes, lo que puede motivar que de parte de los López Pilarte le exijan alguna modalidad de defensa y de detención del proceso judicial en su contra.
Eso, a su vez, podría explicar que, siendo Alcalde de la Vega y vigente el proceso judicial, Kelvin Cruz defendiera a los López Pilarte, afirmando: «Yo soy de La Vega, conozco a esa familia y lo que yo conozco es que ellos no son personas narcotraficantes».
¿Transparencia? ¿Honestidad? ¿Cambio?
Y a pesar de todo esto, siguen sin consecuencias las espurias conexiones del PRM con Miky López y familia, y también con el ex diputado Miguel Gutiérrez y con el capo sureño Yamil Abreu (extraditado a EEUU); mientras adicionalmente siguen blindados los archivos de la DEA y del sistema judicial estadounidense en los casos de ambos camajanes.
Pero más allá de lo específico de los casos, todo esto nos remite al proceso de ganterización del capitalismo y sus Estados, con fuertes expresiones de narco-capitalismo y máxima perversión de la política dominante, convertida en negocio; en constante reciclamiento en nuestro país, gobierno tras gobierno, enclavados todos en un sistema que debe ser arrancado de raíz
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026