Opinión
¿Por qué al PRM no se le investiga por sus conexiones con Miguel Gutiérrez y Miky López?
Por Narciso Isa Conde
Abinader en su SEMANAL montó otro espectáculo mediático sobre el tema corrupción, destacando los dineros recuperados en los procesos abiertos, casi todos correspondiente a la corrupción danilista: 6,5OO millones de pesos.
No precisó cuánto les toca de esa suma a los abogados designados para esos fines, encabezados por el defensor del dueño del JET SET.
Olvidó toda la corrupción leonelista (solo Félix Bautista se robó 25 mil millones, la estafa de los Súper Tucanos sobrepasa los 80 millones de dólares y lo de Diandino no ha sido tocado), la corrupción oligárquica (EDE-HAINA/FONPER, SANSOUCI, ANTENA LATINA, contrato estafa de BARRICK GOLD, pasivos ambientales de FALCONDO, graves delitos ambientales y de todo tipo del empresariado (incluido el negocio turístico), ANTENA LATINA-BONETTI etc, etc, etc…
Olvidó a una gran parte de los ex generales asesinos y ladrones impunes.
Olvidó la narco-política impune.
Nuestro gobernador de colonia en particular se resiste a recordar en el capítulo de la narco-política lo que le corresponde de ese paquete a su PRM.
Y por eso en ese capítulo, que impacta de lleno al sistema tradicional de partidos, me voy a concentrar ahora haciéndome la pregunta y haciéndosela a ustedes:
¿Por qué no se investiga en ese renglón a altos dirigentes PRM y sus conexiones en casos muy relevantes?
VALIDEZ DE LA PREGUNTA
La pregunta es válida para Jenny Berenice y para Camacho, y es válida porque en el caso de Miguel Gutiérrez no se ha movido una paja en esa dirección, salvo la DEA que lo apresó en MIAMI y tiene secuestradas sus “confesiones premiadas”, relacionadas con los financiamientos al PRM en la campaña electoral del 2020.
Es válida también en el caso de Miky Pilarte y su familia porque nada se ha hecho para que el proceso judicial abierto, evidentemente “calimocho” y empantanado, incorpore a la investigación las conexiones con la cúpula del PRM de La Vega y en el nivel central, incluidos reiterados intercambios con Abinader, como candidato presidencial.
Recordemos que la narco-política, en relación con el PRM, hizo su primera escala judicial en la ciudad de La Vega, en los predios de la narco-familia López Pilarte, políticamente conectada con altos dirigentes del Partido de Gobierno.
El Ministerio Público de la Vega, finalizando la campaña electoral del 2020, inició el proceso y más tarde, en el marco del nuevo gobierno y de la nueva Procuraduría General de la República (PGR), la presión desatada forzó a investigaciones adicionales, que fueron alimentadas con la captura, en sucesivos allanamientos, de un voluminoso fardo de documentos muy comprometedores.
Estuvieron presos Miguel Arturo López (Micky), jefe de esa familia, su esposa, la Diputada-PRM Rosa María Pilarte, sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte (Regidor-PRM), María Pilarte (hermana de Rosa Amalia), Manuel Antonio Ynoa, esposo de esta última, y José Antonio Román empleado y testaferro de la familia. la d
De todos ellos solo fue procesada y condenada, a pena leve, la diputada Pilarte. Los demás siguen “encartados”, pero sueltos e impunes.
Estuvo -y continúa prófugo- Pablo Antonio Martínez Javier-, a quien se le sindica como jefe operativo de una gran red de tráfico de EXTASIS, conectada con las transacciones de lavado de dinero sucio a cargo de la familia López Pilarte.
Específicamente, Miguel López Florentino (Micky), manejó las relaciones directas con Pablo Antonio Martínez Javier.
La referida red fue golpeada a raíz de ser ocupadas 111,722 pastillas de esa variedad de droga, el mayor cargamento decomisado en el país.
La investigación en el caso de los López Pilarte reveló que las transacciones de lavado de activos detectadas, a cargo de las empresas carpetas operadas por la Diputada Pilarte, ascendieron, en un periodo no muy largo, a casi 4,500 millones de pesos.
Su candidatura, como la de su hijo, sustentadas políticamente por el PRM, y la propia campaña nacional de ese partido, recibieron parte de ese botín, protegido al extremo que Miguel Arturo López Florencio y su hijo Miguel Arturo López Pilarte aparecen en la nómina de la Policía Nacional.
Esto último algo muy común en el tratamiento protector que les dan los Estados Delincuentes a ciertos capos de la droga.
No hay que ser genio para deducir que, si este caso explotó una semana antes de las votaciones del 2020, fue porque la mafia política del anterior gobierno del PLD, presidido por Danilo Medina, no le perdonó a esa “familia” su apoyo financiero y su compromiso político con el PRM y con la candidatura presidencial Luis Abinader y optó por usarlo como recurso de campaña.
En aquella ocasión, ni la investigación ni la denuncia, concitaron respaldo en un electorado dominado por la idea de echar abajo el viejo y repudiado régimen del Partido de La Liberación Dominicana (PLD); presente, además, el enorme descrédito de un Ministerio Público al servicio del presidente de un gobierno que se había convertido en una corporación dictatorial mafiosa, impugnada por gran parte de la sociedad.
De todas maneras, después de la avalancha de Marcha Verde contra la corrupción era muy difícil obviar ese caso y optaron entonces por limitar los cargos al conjunto familiar, reducir presión y proteger la alta dirección del PRM.
Los cargos se centraron en “narco-tráfico y lavado de activos” y en la. denuncia se destacó la cantidad de vehículos ultra-lujosos en poder de la familia, dos helicópteros, uno de ellos matricula N130LG con el logo de Auto-Crédito y M. López, que figura en fotos publicadas en espacios digitales de la familia López Pilarte en las que aparece desmontandose de la nave y visitando su residencia el candidato presidencial del PRM.
ENTRADA DE ABINADER EN ESCENA
Está gráficamente confirmado que el Lic. Luis Abinader, siendo candidato a la Presidencia de la República, visitó no solo en esa ocasión la residencia de la referida familia, sino en varias oportunidades.
En las redes sociales aparecen varias fotos, que por la vestimenta que exhiben los participantes, evidencian se trató de visitas y tomas fotográficas en ocasiones diferentes: uso de un helicóptero identificado con los logos señalados, encuentros variados y toma de fotos en espacios físicos diferentes.
Esas visitas no fueron publicadas cuando se produjeron. Pero más tarde la “familia” visitada por el aspirante a Jefe de Estado, colocó las fotos en su Portal.
De todas maneras, en casos así es difícil alegar desconocimiento de las características de la familia López Pilarte, particularmente cuando en la ciudad de La Vega desde hace tiempo se conoce muy bien el origen turbio de su fortuna exhibida con descaro y la propia dirección local del PRM no podía alegar desconocimiento; menos aún después del impacto público de la captura del cargamento de éxtasis.
· Del silencio a una justificación inconsistente.
El presidente Luis Abinader guardó silencio sobre el caso hasta verse forzado a hablar sobre el tema el primero de mayo del 2O24 durante su comparecencia en el programa «La Propuesta de los Candidatos», un espaciodel Grupo de Comunicaciones Corripio.
En esa ocasión, de acuerdo a la reseña del reportero Javier Herrera del periódico HOY, Abinader declaró que en «en ese tiempo no había ningún sometimiento (contra López) y que él “utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó el helicóptero, mandaron ese (el de López), y ese utilicé por ese día. Ahora, esa persona que usted dice, ¿dónde está? Sometida; está sometida a la justicia».
El jefe de Estado puntualizó, además, que «son situaciones que se dan. Como una foto. Tú te puedes tomar una foto con cualquiera. Ahora, el hecho es a quién tú proteges; y aquí no se protege a nadie».
La inconsistencia de esa declaración salta a la vista.
Abinader no tiene méritos en el sometimiento de varios miembros de esa familia.
Ni hizo la denuncia como gobierno, ni aportó pruebas, sino que evadió y ocultó durante dos años sus vínculos con ellos.
Ese proceso se inició en la fiscalía de La Vega y se denunció antes de él ser presidente.
Pero, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial del PRM, no solo utilizó uno de los helicópteros de las empresas de Miky López, sino que se trasladó en él a la mansión del capo y la visitó y se reunió allí varias veces con él y dos de sus hijos.
Amalia Pilarte fue postulada por el PRM y salió diputada por La Vega y uno de sus hijos, regidor.
La conexión vegana del PRM con esa familia fue tan fuerte que durante la campaña electoral del 2020, la dirección provincial de ese partido, logró conectar directamente a los López Pilarte con su candidato presidencial.
Esa conexión fue obra de Kelvin Cruz, ex alcalde por el PRM y ahora Ministro de Deportes, lo que puede motivar que de parte de los López Pilarte le exijan alguna modalidad de defensa y de detención del proceso judicial en su contra.
Eso, a su vez, podría explicar que, siendo Alcalde de la Vega y vigente el proceso judicial, Kelvin Cruz defendiera a los López Pilarte, afirmando: «Yo soy de La Vega, conozco a esa familia y lo que yo conozco es que ellos no son personas narcotraficantes».
¿Transparencia? ¿Honestidad? ¿Cambio?
Y a pesar de todo esto, siguen sin consecuencias las espurias conexiones del PRM con Miky López y familia, y también con el ex diputado Miguel Gutiérrez y con el capo sureño Yamil Abreu (extraditado a EEUU); mientras adicionalmente siguen blindados los archivos de la DEA y del sistema judicial estadounidense en los casos de ambos camajanes.
Pero más allá de lo específico de los casos, todo esto nos remite al proceso de ganterización del capitalismo y sus Estados, con fuertes expresiones de narco-capitalismo y máxima perversión de la política dominante, convertida en negocio; en constante reciclamiento en nuestro país, gobierno tras gobierno, enclavados todos en un sistema que debe ser arrancado de raíz
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.