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Diputados aprueban de urgencia en primera lectura la reforma laboral
Santo Domingo, R.D.-De urgencia la Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura el proyecto que busca reformar el Código de Trabajo establecido en la Ley Orgánica 16-92, luego de leer de manera íntegra los 80 artículos de modificación.
Sin embargo, este procedimiento legislativo realizado en la sesión celebrada esta tarde, por los congresistas, es diferente al utilizado para favorecer el Código Penal, ya que los diputados aprobaron la transformación del marco laboral sin haber analizado a plenitud, con antelación, su contenido.
Así lo evidenció con sus declaraciones el diputado Charlie Mariotti, quien expresó al pronunciarse en el hemiciclo su inconformidad con la premura de los representantes, recordando que el proyecto de reforma laboral no fue estudiado en una comisión bicameral, como sucedió en el caso de la propuesta del marco penal.
“A mí me llama la atención que estemos solicitando el mismo procedimiento a un proyecto que no pasó por el procedimiento del Código Penal, que fue conocido en una comisión bicameral, eso a mí no me parece coherente. Este proyecto nosotros no lo hemos conocido, el proyecto llegó anoche.
Sí se leyó hoy, pero nosotros no lo hemos conocido y la legislatura vence el sábado…”, afirmó Mariotti, indicando que la norma laboral fue estudiada por una comisión especial del Senado de la República.
Es por esta razón que el representante del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) intentó presentar una moción para enviar el proyecto de ley a una comisión de la cámara baja antes de ser aprobado.
Precisamente, una comisión, encabezada por Pacheco e integrada por más de 15 diputados, estaba reunida en un salón del órgano legislativo con el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, para agilizar la elaboración de las modificaciones que le realizarán al conjunto de leyes penales.
Sin embargo, esto sucedía en el mismo instante en que otros diputados permanecían en la sesión leyendo el proyecto de ley del Código Laboral, para conocerlo en primera lectura. Mariotti, al igual que otros representantes opositores y oficialistas, estuvo presente en la mesa de trabajo del Código Penal.
El diputado Elías Wessin también tomó un turno a la palabra, para manifestar su rechazo a varios apartados colocados en el proyecto.
“Tiene una orientación sexista en el principio número 7, en el artículo 3 y otros artículos, esto choca con el criterio de la Constitución que habla sobre sexo y genero. Donde sea que este código laboral hable sobre eso (debe) ser eliminado porque choca con la constitución, que habla sobre género y sexo, no orientación y sexo”, afirmó Wessin.
Además, deploró que el artículo tres contenga el término “ascendencia nacional”, alegando que no tiene sentido debido a que “estamos hablando de un Código Laboral que es para los dominicanos”.
Los 190 representantes de la Cámara de Diputados, quienes tendrán en sus manos la decisión de enviar al Poder Ejecutivo este documento legislativo convertido en ley, ya que, de lo contrario, pasaría a la lista de perimidos debido a la clausura de la legislatura programada para el 26 de julio.
Cesantía
La pieza, a excepción de ligeras modificaciones, es el resultado de las reuniones que desarrolló durante más de dos años el Concejo Económico Social (CES) con el sector tripartito, conformado por el empresariado, los sindicalistas y el Gobierno.
El derecho adquirido de los trabajadores dominicanos en el Código de Trabajo promulgado en el año 1992, figurado en la cesantía laboral, estaba contenido en el documento legislativo depositado en la Cámara Alta por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la libertad que tienen los congresistas de modificar y legislar con independencia de las consideraciones del Gobierno mantenía con preocupación a diversos sectores de la sociedad, ya que temían por su eliminación.
Pero, finalmente, los representantes no propusieron ningún tipo de alteración que altere el fondo de este apartado, situado a partir del artículo 80.
De acuerdo con lo explicado por la comisión especial de la Cámara Alta, presidida por el senador Rafael Duluc, se amplía el tiempo de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, paternidad con licencia en un 100%, y maternidad, mínimo de 14 semanas pagadas.
Asimismo, protege a la mujer embarazada del despido durante la gestación, maternidad y tres meses posteriores y se regulan condiciones para jornadas extendidas, horarios flexibles y contratos atípicos, priorizando el acuerdo entre las partes y la notificación al Ministerio de Trabajo.
El proyecto de ley también reconoce el impacto de la tecnología en la organización del trabajo, incorporando la modalidad de teletrabajo, lo que permitirá atraer nuevos talentos y adaptarnos a las nuevas dinámicas laborales.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.