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Diputados aprueban de urgencia en primera lectura la reforma laboral
Santo Domingo, R.D.-De urgencia la Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura el proyecto que busca reformar el Código de Trabajo establecido en la Ley Orgánica 16-92, luego de leer de manera íntegra los 80 artículos de modificación.
Sin embargo, este procedimiento legislativo realizado en la sesión celebrada esta tarde, por los congresistas, es diferente al utilizado para favorecer el Código Penal, ya que los diputados aprobaron la transformación del marco laboral sin haber analizado a plenitud, con antelación, su contenido.
Así lo evidenció con sus declaraciones el diputado Charlie Mariotti, quien expresó al pronunciarse en el hemiciclo su inconformidad con la premura de los representantes, recordando que el proyecto de reforma laboral no fue estudiado en una comisión bicameral, como sucedió en el caso de la propuesta del marco penal.
“A mí me llama la atención que estemos solicitando el mismo procedimiento a un proyecto que no pasó por el procedimiento del Código Penal, que fue conocido en una comisión bicameral, eso a mí no me parece coherente. Este proyecto nosotros no lo hemos conocido, el proyecto llegó anoche.
Sí se leyó hoy, pero nosotros no lo hemos conocido y la legislatura vence el sábado…”, afirmó Mariotti, indicando que la norma laboral fue estudiada por una comisión especial del Senado de la República.
Es por esta razón que el representante del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) intentó presentar una moción para enviar el proyecto de ley a una comisión de la cámara baja antes de ser aprobado.
Precisamente, una comisión, encabezada por Pacheco e integrada por más de 15 diputados, estaba reunida en un salón del órgano legislativo con el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, para agilizar la elaboración de las modificaciones que le realizarán al conjunto de leyes penales.
Sin embargo, esto sucedía en el mismo instante en que otros diputados permanecían en la sesión leyendo el proyecto de ley del Código Laboral, para conocerlo en primera lectura. Mariotti, al igual que otros representantes opositores y oficialistas, estuvo presente en la mesa de trabajo del Código Penal.
El diputado Elías Wessin también tomó un turno a la palabra, para manifestar su rechazo a varios apartados colocados en el proyecto.
“Tiene una orientación sexista en el principio número 7, en el artículo 3 y otros artículos, esto choca con el criterio de la Constitución que habla sobre sexo y genero. Donde sea que este código laboral hable sobre eso (debe) ser eliminado porque choca con la constitución, que habla sobre género y sexo, no orientación y sexo”, afirmó Wessin.
Además, deploró que el artículo tres contenga el término “ascendencia nacional”, alegando que no tiene sentido debido a que “estamos hablando de un Código Laboral que es para los dominicanos”.
Los 190 representantes de la Cámara de Diputados, quienes tendrán en sus manos la decisión de enviar al Poder Ejecutivo este documento legislativo convertido en ley, ya que, de lo contrario, pasaría a la lista de perimidos debido a la clausura de la legislatura programada para el 26 de julio.
Cesantía
La pieza, a excepción de ligeras modificaciones, es el resultado de las reuniones que desarrolló durante más de dos años el Concejo Económico Social (CES) con el sector tripartito, conformado por el empresariado, los sindicalistas y el Gobierno.
El derecho adquirido de los trabajadores dominicanos en el Código de Trabajo promulgado en el año 1992, figurado en la cesantía laboral, estaba contenido en el documento legislativo depositado en la Cámara Alta por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la libertad que tienen los congresistas de modificar y legislar con independencia de las consideraciones del Gobierno mantenía con preocupación a diversos sectores de la sociedad, ya que temían por su eliminación.
Pero, finalmente, los representantes no propusieron ningún tipo de alteración que altere el fondo de este apartado, situado a partir del artículo 80.
De acuerdo con lo explicado por la comisión especial de la Cámara Alta, presidida por el senador Rafael Duluc, se amplía el tiempo de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, paternidad con licencia en un 100%, y maternidad, mínimo de 14 semanas pagadas.
Asimismo, protege a la mujer embarazada del despido durante la gestación, maternidad y tres meses posteriores y se regulan condiciones para jornadas extendidas, horarios flexibles y contratos atípicos, priorizando el acuerdo entre las partes y la notificación al Ministerio de Trabajo.
El proyecto de ley también reconoce el impacto de la tecnología en la organización del trabajo, incorporando la modalidad de teletrabajo, lo que permitirá atraer nuevos talentos y adaptarnos a las nuevas dinámicas laborales.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.