Nacionales
Una nueva referencia de los contratos de inquilinato en República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Tras un largo periodo de un proyecto de ley que se movió entre el Senado y la Cámara de Diputados, la República Dominicana tendrá una nueva ley de alquileres tan pronto sea promulgada por el Poder Ejecutivo, la cual reemplazará a la Ley 4314, promulgada por Rafael Leónidas Trujillo Molina el 22 de octubre de 1955.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, golpeó el mazo y la convirtió en ley en la tarde del martes, el último día de la legislatura extraordinaria solicitada por el presidente Luis Abinader. Una vez salga de la Cámara Baja, el jefe de Estado tendrá 10 días para observarla o promulgarla.
Entre otros aspectos, la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios no solo busca actualizar el marco jurídico, sino también que los inversionistas tengan seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana.
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A continuación, los puntos a saber sobre la ley:
- El artículo 8 precisa que el ajuste del precio será negociado entre las partes. Sin embargo, si se trata de una vivienda y no hay acuerdo entre el dueño y el inquilino, el reajuste no podrá exceder el 10 % de la renta.
- El 13 indica que el propietario o arrendatario de la vivienda o inmueble podrá exigir al inquilino un depósito no mayor a los dos meses. Los diputados habían subido la partida a tres meses, pero los senadores lo bajaron a dos meses. Y así quedó.
- El artículo 18 establece que los conflictos por los depósitos o garantías en los alquileres de viviendas serán resueltos por los juzgados de paz. En el caso de comercios y entidades sin fines de lucro, el problema se solucionará en la jurisdicción que corresponda el inmueble.
- El artículo 20 señala que el propietario o arrendador está obligado a realizar las reparaciones de mantenimiento necesarias. Asimismo, el inquilino está en la obligación de comunicar al propietario la necesidad de efectuar las reparaciones.
- El 23 señala que, si durante la ocupación del inmueble, se cambia de dueño, el nuevo propietario está obligado a respetar la relación contractual en los mismos términos pactados. Cualquier cambio, debe estar sujeto a la ley.
- El 28 indica que, el juzgado de paz, en atribuciones especiales de alquileres y desahucios del lugar donde se encuentra el inmueble, conocerá en primer grado de todas las demandas que surjan de la violación del contrato de alquiler de viviendas.
- El artículo 33 establece que el plazo con el que cuenta el juez para dictar sentencia en materia de alquileres y desahucios es de 30 días calendario, a partir de que el expediente quede en estado de fallo.
- El artículo 49 dice que la ejecución de desalojos sin las formalidades dispuestas en la normativa, será sancionada en base a lo establecido en la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.
Nacionales
JCE flexibiliza renovación de cédula sin restricción por nacimiento los fines de semana y feriados
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) dispuso este viernes que, durante los fines de semana y los días feriados, los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restricción alguna relacionada con el mes de nacimiento.
La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.
- Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.
Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.
Centros de cedulación
Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.
En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.
De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.
- La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.
Nacionales
Caso Onco14: Gerentes obligaban al personal a vender medicamentos donados bajo amenaza de despido
Santo Domingo.- Los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, se habrían aprovechado de sus posiciones para comercializar medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo destinados a pacientes oncológicos.
Según el Ministerio Público, esta práctica constituye una “conducta cruel contra personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer”.
Así consta la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de la presunta red de corrupción vinculada al caso Onco14.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían convertido la institución en una especie de empresa familiar para sustraer recursos económicos en beneficio propio.
Venta de medicamentos donados y amenazas al personal
Según el expediente, el personal era amenazado con el despido si entregaba estos medicamentos de forma gratuita.
La justificación utilizada era que la farmacia necesitaba generar ventas y que, por tanto, los pacientes debían comprar los medicamentos.
Los acusados habrían comercializado medicamentos donados, incluyendo tratamientos de alto costo utilizados en quimioterapias. Además, dejaron vencer aquellos fármacos que no pudieron vender, una práctica que el Ministerio Público califica como ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos afectados por cáncer.
Doble facturación y fraude contra SeNaSa
La investigación también establece que los imputados realizaban una doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de los pacientes.
Asimismo, se les atribuye haber suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia, dividiendo un mismo frasco entre dos pacientes mientras facturaban a SeNaSa un frasco completo para cada uno, obteniendo así un beneficio económico ilícito.
El expediente también indica que facturaban medicamentos biológicos originales tanto a pacientes como a aseguradoras, pero entregaban versiones genéricas de menor costo, obteniendo diferencias económicas indebidas en perjuicio de los afectados y del sistema de salud.
Habitaciones para pacientes oncológicos utilizadas con otros fines
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados privatizaron de manera ilícita habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo significativamente la disponibilidad de espacios y la capacidad de respuesta del centro.
Además, una habitación concebida para pacientes con cáncer habría sido utilizada para atender pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Comercialización ilegal de medicamentos controlados
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas, presuntamente al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.
Audiencia de la solicitud de coerción en Santiago
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14.
La audiencia está programada para celebrarse en las próximas horas.
El órgano acusador atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Los tres imputados fueron interrogados durante el fin de semana por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante la gestión de Lora Cruceta.
Nacionales
Episcopado Dominicano manifiesta preocupación por discusión de despenalización del aborto en el TC
Santo Domingo, R.D.-La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su “profunda preocupación” ante el estado de fallo en que dejó el Tribunal Constitucional a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal y busca la despenalización del aborto.
Según su opinión, y reflejado en un comunicado, las acciones que se están llevando a cabo en el órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia que están establecidos en la Constitución de la República.
“Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.
El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
«Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo», señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.
Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”.
En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaron ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.
“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.