Nacionales
Una nueva referencia de los contratos de inquilinato en República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Tras un largo periodo de un proyecto de ley que se movió entre el Senado y la Cámara de Diputados, la República Dominicana tendrá una nueva ley de alquileres tan pronto sea promulgada por el Poder Ejecutivo, la cual reemplazará a la Ley 4314, promulgada por Rafael Leónidas Trujillo Molina el 22 de octubre de 1955.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, golpeó el mazo y la convirtió en ley en la tarde del martes, el último día de la legislatura extraordinaria solicitada por el presidente Luis Abinader. Una vez salga de la Cámara Baja, el jefe de Estado tendrá 10 días para observarla o promulgarla.
Entre otros aspectos, la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios no solo busca actualizar el marco jurídico, sino también que los inversionistas tengan seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/06/ricardo-de-los-santos-y-alfredo-pacheco-42e3543d.jpeg)
A continuación, los puntos a saber sobre la ley:
- El artículo 8 precisa que el ajuste del precio será negociado entre las partes. Sin embargo, si se trata de una vivienda y no hay acuerdo entre el dueño y el inquilino, el reajuste no podrá exceder el 10 % de la renta.
- El 13 indica que el propietario o arrendatario de la vivienda o inmueble podrá exigir al inquilino un depósito no mayor a los dos meses. Los diputados habían subido la partida a tres meses, pero los senadores lo bajaron a dos meses. Y así quedó.
- El artículo 18 establece que los conflictos por los depósitos o garantías en los alquileres de viviendas serán resueltos por los juzgados de paz. En el caso de comercios y entidades sin fines de lucro, el problema se solucionará en la jurisdicción que corresponda el inmueble.
- El artículo 20 señala que el propietario o arrendador está obligado a realizar las reparaciones de mantenimiento necesarias. Asimismo, el inquilino está en la obligación de comunicar al propietario la necesidad de efectuar las reparaciones.
- El 23 señala que, si durante la ocupación del inmueble, se cambia de dueño, el nuevo propietario está obligado a respetar la relación contractual en los mismos términos pactados. Cualquier cambio, debe estar sujeto a la ley.
- El 28 indica que, el juzgado de paz, en atribuciones especiales de alquileres y desahucios del lugar donde se encuentra el inmueble, conocerá en primer grado de todas las demandas que surjan de la violación del contrato de alquiler de viviendas.
- El artículo 33 establece que el plazo con el que cuenta el juez para dictar sentencia en materia de alquileres y desahucios es de 30 días calendario, a partir de que el expediente quede en estado de fallo.
- El artículo 49 dice que la ejecución de desalojos sin las formalidades dispuestas en la normativa, será sancionada en base a lo establecido en la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.