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Continúa descargo de supuestos corruptos durante gobierno del PLD.
Santo Domingo, R.D.-El auto de no ha lugar fue ratificado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia emitido en favor de Sara María Fernández, esposa de Miguel José Moya, quienes fueran sometidos conjuntamente con el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La decisión fue tomada por los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Francisco Ortega Polanco, al rechazar un recurso de casación presentado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.
El tribunal determinó que tanto el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, como los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, al emitir y confirmar el auto de no ha lugar valoraron las pruebas de forma «conjunta y armónica».
En ese sentido, la Suprema sostiene que esa valoración conjunta reveló un déficit probatorio que impide sustentar una acusación sólida contra la imputada Fernández. En el caso de su esposo fue enviado a juicio de fondo acusado de incumplir un contrato, según la teoría del Ministerio Público y excluido de la acusación de lavado de activos y soborno.
El fallo de la Suprema Corte sostiene que la decisión inicial se basó en una evaluación razonable y objetiva, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia y que, por lo tanto, no se vulneró el debido proceso, la tutela judicial efectiva ni el principio de legalidad.
Además, el tribunal indicó que la corte revisó y valoró la totalidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y que la conducta atribuida a Sara Fernández no tiene una «vinculación penal» suficiente.
Además de que las actividades administrativas realizadas por la imputada no superan el umbral para conformar una participación penalmente relevante, señalando que el juez que conoció el juicio preliminar motivó su decisión de manera correcta.
“Esta sala aprecia que los juzgadores determinaron que no se aportaron elementos que vinculen a la señora Sara María Fernández con los hechos imputados, ni se precisó su intervención directa o indirecta en la conducta delictiva, más allá de su firma en una factura emitida desde Dió, S.R.L”, aducen los jueces.
La Suprema Corte también aduce que el argumento de que la corte de apelación incurrió en violación del debido proceso carece de base jurídica.
Destacó que para que estos derechos sean respetados, no es necesario que el fallo coincida con la tesis del Ministerio Público, ni que el tribunal reproduzca el enfoque de la acusación sobre los hechos.
El tribunal concluyó que la sola existencia de facturas administrativas, sin un nexo directo con la maniobra fraudulenta principal atribuida al esposo de la imputada, no es suficiente para justificar la apertura de un juicio, por lo tanto, la corte actuó conforme a las normas constitucionales y procesales correspondientes a dicha etapa.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.