Editorial
La República Dominicana en un callejón sin salida.
En el país se ha repetido una y mil veces que los blancos no saben gobernar, refiriéndose naturalmente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual ha parido otras organizaciones del mismo carácter como una expresión fiel de la división que caracteriza por razones culturales a la sociedad dominicana.
Esta percepción de la gente se confirma cada vez que la referida organización ha llegado al poder, cuyos mejores ejemplos al respecto son los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y ahora de Luis Abinader, el cual corresponde al Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero que tiene el mismo ADN del PRD, hoy prácticamente desaparecido del escenario nacional.
Luis Abinader llega al control del Estado con un discurso que la gente se lo compró, el cual consistió en el llamado cambio, pero nadie se imaginó, ni siquiera quienes le apoyaron, que su incapacidad es tan grande que no hay forma de que interprete correctamente la misión que le ha otorgado el pueblo dominicano.
Su mala gestión se observa desde la improvisación que la caracteriza hasta la escogencia de quienes le acompañan en la administración del Estado, cuyos funcionarios no tienen la menor idea de nada, aunque todos se creen con condiciones para convertirse en presidente de la República, cualquierizando la alta investidura que debe tener un jefe de Estado.
A tres años para que el PRM termine sus primeros ocho años en el Gobierno, todo parece indicar que se repite la historia de incapacidad de las administraciones perredeístas, aunque la diferencia con los demás partidos del sistema es que los otros han sabido simular y nadar mejor y guardar la ropa, los cuales también tienen su cuota de responsabilidad con el fracaso de la democracia representativa que prevalece en el país.
Los perredemeístas han sido fiel en distorsionar todas sus promesas de tiempo de campaña, ya que no son pocos los diputados y senadores responsabilizados con el bajo mundo y con una conducta anti democrática, tanto es así que el Congreso Nacional ha pretendido quitarle legitimidad al Tribunal Constitucional cuando ha tenido legal y legítimamente el papel de legislador positivo o negativo en función del mandato de su ley orgánica, la 137-11.
El nivel de ignorancia de los diputados y senadores, principalmente de los perremeistas, encabezados por el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, que han querido actuar con la supuesta autoridad para interpretar la Constitución, lo cual es correcto en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, dado que esta es una facultad del TC.
Igual proceder se observa en el Ejecutivo y el Judicial, ya que ambos andan mangas por hombro, con desacertadas decisiones que socavan la poca credibilidad que le quedaba al sistema democrático en el país.
Entonces, frente al descalabro total de la democracia dominicana por el comportamiento de los partidos políticos, no queda otra que procurar articular propuestas nuevas que puedan ayudar a recobrar o instaurar una que sea creíble y eficiente, la cual no parece que ya dependa de los actores tradicionales del sistema.
Sin embargo, independientemente de que se articule una propuesta que genere la confianza del votante dominicano, lo cierto es que el fracaso del PRM y Luis Abinader abre paso a otras opciones electorales que no representan nada diferente, sino de una oposición que forma parte de ese partido único que ha tenido el control del Estado desde hace décadas que han perpetuado las debilidades institucionales y fenómenos como la corrupción generalizada y la impunidad.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
En todo el mundo la televisión digital y los medios de comunicación en general han pasado a jugar, aun con sus falencias, un rol protagónico en los procesos democráticos que viven los pueblos, porque de alguna manera las redes sociales están abiertas a todas las corrientes del pensamiento político, social y económico.
Ha sido una forma de cumplir con el sueño de que los receptores de los mensajes puedan reaccionar en contra o en favor de aquellas cosas que rechazan o comparten, es decir, que se produzca el famoso feedback.
Los medios digitales son una herramienta que rompe con la comunicación vertical para convertirla en horizontal, lo que en pocas palabras no es otra cosa que democratizar el mensaje que llega a los lectores o televidentes.
Por esta y muchas más razones tiene que ser motivo de satisfacción que muchos medios surjan para fortalecer la corriente de la democratización de la información y la comunicación, sobre todo si ello implica una mejoría de su calidad.
Todo el mundo sabe que antes del surgimiento o empoderamiento de las redes sociales los medios de comunicación tradicionales a través de las empresas periodísticas que son controladas por grupos económicos que manejan la información en función de los intereses que representan y por esa razón no se puede tener la certeza de que lo que dicen o dejan de decir obedezca a una verdad indiscutible.
La manipulación de la información no sólo tiene que ver con lo semiótico y semántico, sino también con la colocación o no de lo que ocurre, lo que ha provocado que los medios digitales hayan cambiado esa regla del juego.
De manera, que independientemente de la post verdad los medios digitales han traído más cosas buenas que malas, pero además en la medida en que lleguen propuestas en este campo que mejoren lo que no está bien, el papel de éstos será de mucho mayor importancia en favor de la sociedad.
Entonces, la llegada de los medios pertenecientes al Grupo Nacional Azul responde al propósito de sacarle el mayor provecho a la era digital y para que los medios de comunicación sean un instrumento para la mejoría de la democracia, ya que la República Dominicana atraviesa por un momento de una profunda crisis de credibilidad, lo cual ha dejado como consecuencia una falta de legitimidad, lo que desde cualquier perspectiva que se vea es una especie de bomba de tiempo.
Los dominicanos de aquí y los de allá, es decir, los que viven en el territorio nacional y los que están fuera del país pueden tener la seguridad de que seguiremos haciendo un periodismo que promueva el Estado Social Democrático de Derecho, exactamente como está consignado en el artículo 7 de la Constitución de la República.
Somos enemigos de la manipulación periodística para defender y proteger los intereses de grupos económicos que no ven más allá de la ganancia que obtienen y que representan, sin que les importe el dolor que causan a la sociedad dominicana, una retranca para el logro de una verdadera democracia.
En el país hay que revertir todo aquello que vende la idea de que las cosas tienen que verse desde una visión monetaria o material, sino que los medios como los de la Fundación Grupo Nacional Azul deben velar porque no prevalezca en la información un interés personal y grupal, porque al final los más indefensos son los que pierden, como las mujeres, los niños y los envejecientes.
Los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción pública dejan huellas inborrables en la sociedad dominicana.
La consternación que ha traído consigo el asesinato de la joven modelo y locutora Shantal Jiménez es una expresión fiel del impacto de un fenómeno que deja heridas insanables en la sociedad dominicana.
Son heridas lacerantes que nadie podrá borrar del escenario nacional, porque la irracionalidad se ha apropiado de una buena parte de los hombres que se niegan a dejar volar libremente a la mujer que busca mejores horizontes.
Estos feminicidios se producen y dejan una estela de dolor, no sólo en el seno de los seres queridos de las mujeres asesinadas, sino también de las madres de los hombres que incurren en el error de eliminar físicamente a aquellas que también muchas de ellas son las progenitoras de sus hijos.
Es un drama que parece insuperable, que deja una secuela de heridas emocionales que difícilmente puedan superar los afectados en el curso de sus vidas.
Todo ello requiere que el Estado tome las medidas pertinentes para enfrentar el mal, pese a que se entiende que el esfuerzo demanda de la inversión de muchos sacrificios para contrarrestar un flagelo que daña a toda la sociedad.
El problema se expresa cuando ocurre con niñas que se embarazan sin todavía estar preparadas para tener hijos, cuyo futuro se vuelve incierto, amén de que el fenómeno causa daños terribles, porque hay expertos que consideran que los embarazos en adolescentes es una fuente generadora de delincuencia y de otros problemas sociales.
Pero podría asumirse que todo ello, es decir los tres flagelos de que se habla en este editorial, tienen su razón de ser, máxime su aumento, en la irresponsabilidad con que los partidos políticos manejan el presupuesto general de la nación, cuyo punto 1-a es la corrupción administrativa, la cual también alimenta el mal a nivel privado, ya que arruina oportunidades de crecimiento a las niñas que pasan por el drama de engendrar un hijo a temprana edad.
No no se puede ser muy optimista con las medidas que puedan surgir desde el sector público para enfrentar estos flagelos, porque una de las cosas que alimentan estas distorsiones es precisamente la falta de planificación y la poca formación de los que tienen el control del Estado.
Nadie puede negar que como se ven las cosas, el país podría entrar en una verdadera crisis de violencia con el camino que llevan los tres flagelos escogidos por la República para intentar hacer sentir su voz de alarma al respecto.
La verdad es que la gente de buena voluntad y que realmente quiere lo mejor para el país no puede dormir tranquila con los efectos que producen los tres flagelos que se abordan en el presente editorial, los cuales tienen como agravantes la falta de planificación y el desorden que caracteriza al Estado dominicano.
Cualquiera podría preguntarse si realmente el país está preparado para elaborar una receta que vaya más allá del diagnóstico para, sino solucionar, por lo menos disminuir, el impacto destructor de los flagelos de los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción administrativa.