Editorial
La República Dominicana en un callejón sin salida.
En el país se ha repetido una y mil veces que los blancos no saben gobernar, refiriéndose naturalmente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual ha parido otras organizaciones del mismo carácter como una expresión fiel de la división que caracteriza por razones culturales a la sociedad dominicana.
Esta percepción de la gente se confirma cada vez que la referida organización ha llegado al poder, cuyos mejores ejemplos al respecto son los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y ahora de Luis Abinader, el cual corresponde al Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero que tiene el mismo ADN del PRD, hoy prácticamente desaparecido del escenario nacional.
Luis Abinader llega al control del Estado con un discurso que la gente se lo compró, el cual consistió en el llamado cambio, pero nadie se imaginó, ni siquiera quienes le apoyaron, que su incapacidad es tan grande que no hay forma de que interprete correctamente la misión que le ha otorgado el pueblo dominicano.
Su mala gestión se observa desde la improvisación que la caracteriza hasta la escogencia de quienes le acompañan en la administración del Estado, cuyos funcionarios no tienen la menor idea de nada, aunque todos se creen con condiciones para convertirse en presidente de la República, cualquierizando la alta investidura que debe tener un jefe de Estado.
A tres años para que el PRM termine sus primeros ocho años en el Gobierno, todo parece indicar que se repite la historia de incapacidad de las administraciones perredeístas, aunque la diferencia con los demás partidos del sistema es que los otros han sabido simular y nadar mejor y guardar la ropa, los cuales también tienen su cuota de responsabilidad con el fracaso de la democracia representativa que prevalece en el país.
Los perredemeístas han sido fiel en distorsionar todas sus promesas de tiempo de campaña, ya que no son pocos los diputados y senadores responsabilizados con el bajo mundo y con una conducta anti democrática, tanto es así que el Congreso Nacional ha pretendido quitarle legitimidad al Tribunal Constitucional cuando ha tenido legal y legítimamente el papel de legislador positivo o negativo en función del mandato de su ley orgánica, la 137-11.
El nivel de ignorancia de los diputados y senadores, principalmente de los perremeistas, encabezados por el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, que han querido actuar con la supuesta autoridad para interpretar la Constitución, lo cual es correcto en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, dado que esta es una facultad del TC.
Igual proceder se observa en el Ejecutivo y el Judicial, ya que ambos andan mangas por hombro, con desacertadas decisiones que socavan la poca credibilidad que le quedaba al sistema democrático en el país.
Entonces, frente al descalabro total de la democracia dominicana por el comportamiento de los partidos políticos, no queda otra que procurar articular propuestas nuevas que puedan ayudar a recobrar o instaurar una que sea creíble y eficiente, la cual no parece que ya dependa de los actores tradicionales del sistema.
Sin embargo, independientemente de que se articule una propuesta que genere la confianza del votante dominicano, lo cierto es que el fracaso del PRM y Luis Abinader abre paso a otras opciones electorales que no representan nada diferente, sino de una oposición que forma parte de ese partido único que ha tenido el control del Estado desde hace décadas que han perpetuado las debilidades institucionales y fenómenos como la corrupción generalizada y la impunidad.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.