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Yeni Berenice insiste en que víctimas también tienen derecho a un debido proceso
SANTO DOMINGO- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, reiteró que históricamente sólo se piensa el debido proceso para los imputados, algo profundamente injusto para las víctimas que también están dentro del proceso y que son las que realmente han sufrido un daño.
En ese sentido, confió en que el Congreso convierta en ley el anteproyecto que busca garantizar la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales como un paso de avance en el proceso de aplicación, con equidad y justicia, de las garantías del debido proceso.
“Desde el Ministerio Público, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos trabajado un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales, que esperamos que este año sea aprobado por el honorable Congreso de la República Dominicana y promulgado por el honorable señor Presidente”, dijo la titular del Ministerio Público al dictar una conferencia la mañana del jueves en el marco del Congreso Internacional “Victimología Aplicada”, organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).
En su conferencia “Justicia y reparación: un enfoque integral para las víctimas”, la Procuradora General de la República destacó la relevancia del proyecto de ley para dar respuesta a un vacío histórico en el sistema de justicia dominicano.
“No podemos avanzar sin un marco legal que garantice esa protección integral de las víctimas. Se hace impostergable, es una deuda histórica que debe ser pagada. La promulgación de esta ley de protección de víctimas, testigos y sujetos procesales en riesgo no es un lujo, es una necesidad urgente, ni siquiera es una actualización porque nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigo”, especificó la jurista durante su intervención en el congreso desarrollado por el IES-ENMP en el Auditorio de la Policía Nacional, de Santo Domingo.
Reynoso indicó que la ley de protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales se sustentará en tres pilares: un programa de protección de víctimas y testigos, la representación legal a nivel nacional y un sistema de atención.
“Debemos tener un programa de protección que impida que una víctima, por miedo, sea silenciada. Debemos contar con un programa de protección de víctimas y testigos como una forma de garantizar que las víctimas puedan denunciar, que los testigos puedan testificar sin ningún temor, un modelo en el que la protección sea el eje central”, dijo.
“El Estado, a través de Defensoría Pública, les garantiza a los infractores el derecho irrenunciable a la defensa, y que bueno que sea así, no lo criticamos, de hecho, reconocemos el trabajo, nosotros lo único que aspiramos es que la víctima tenga el mismo derecho; es Constitucional, es legal y es una obligación jurídica del Ministerio Público garantizarlo”, explicó.
“La reparación no solo deben ser palabras vacías, son la promesa de una sociedad mejor, una República Dominicana donde el derecho es un proceso justo, rápido y sobre todo, digno, que no sea un lujo o un derecho de una parte”, indicó.
Reynoso sostuvo que el sistema de justicia debe garantizar que las víctimas, “que no eligieron serlo”, tienen que encontrar la reparación, la paz y el respeto que merecen por un derecho violentado.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.