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Yeni Berenice insiste en que víctimas también tienen derecho a un debido proceso
SANTO DOMINGO- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, reiteró que históricamente sólo se piensa el debido proceso para los imputados, algo profundamente injusto para las víctimas que también están dentro del proceso y que son las que realmente han sufrido un daño.
En ese sentido, confió en que el Congreso convierta en ley el anteproyecto que busca garantizar la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales como un paso de avance en el proceso de aplicación, con equidad y justicia, de las garantías del debido proceso.
“Desde el Ministerio Público, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos trabajado un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales, que esperamos que este año sea aprobado por el honorable Congreso de la República Dominicana y promulgado por el honorable señor Presidente”, dijo la titular del Ministerio Público al dictar una conferencia la mañana del jueves en el marco del Congreso Internacional “Victimología Aplicada”, organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).
En su conferencia “Justicia y reparación: un enfoque integral para las víctimas”, la Procuradora General de la República destacó la relevancia del proyecto de ley para dar respuesta a un vacío histórico en el sistema de justicia dominicano.
“No podemos avanzar sin un marco legal que garantice esa protección integral de las víctimas. Se hace impostergable, es una deuda histórica que debe ser pagada. La promulgación de esta ley de protección de víctimas, testigos y sujetos procesales en riesgo no es un lujo, es una necesidad urgente, ni siquiera es una actualización porque nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigo”, especificó la jurista durante su intervención en el congreso desarrollado por el IES-ENMP en el Auditorio de la Policía Nacional, de Santo Domingo.
Reynoso indicó que la ley de protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales se sustentará en tres pilares: un programa de protección de víctimas y testigos, la representación legal a nivel nacional y un sistema de atención.
“Debemos tener un programa de protección que impida que una víctima, por miedo, sea silenciada. Debemos contar con un programa de protección de víctimas y testigos como una forma de garantizar que las víctimas puedan denunciar, que los testigos puedan testificar sin ningún temor, un modelo en el que la protección sea el eje central”, dijo.
“El Estado, a través de Defensoría Pública, les garantiza a los infractores el derecho irrenunciable a la defensa, y que bueno que sea así, no lo criticamos, de hecho, reconocemos el trabajo, nosotros lo único que aspiramos es que la víctima tenga el mismo derecho; es Constitucional, es legal y es una obligación jurídica del Ministerio Público garantizarlo”, explicó.
“La reparación no solo deben ser palabras vacías, son la promesa de una sociedad mejor, una República Dominicana donde el derecho es un proceso justo, rápido y sobre todo, digno, que no sea un lujo o un derecho de una parte”, indicó.
Reynoso sostuvo que el sistema de justicia debe garantizar que las víctimas, “que no eligieron serlo”, tienen que encontrar la reparación, la paz y el respeto que merecen por un derecho violentado.
Santo Domingo, R.D.-Los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restriccion alguna relacionada con el mes de nacimiento durante los fines de semana y los dias feriados, según lo dispuso la Junta Central Electoral (JCE).
La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.
- Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.
Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.
Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.
En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.
De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.
- La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.
Santo Domingo.- El escándalos que involucra a los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, se habrían aprovechado de sus posiciones para comercializar medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo destinados a pacientes oncológicos.
Según el Ministerio Público, esta práctica constituye una “conducta cruel contra personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer”.
Así consta la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de la presunta red de corrupción vinculada al caso Onco14.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían convertido la institución en una especie de empresa familiar para sustraer recursos económicos en beneficio propio.
Según el expediente, el personal era amenazado con el despido si entregaba estos medicamentos de forma gratuita.
La justificación utilizada era que la farmacia necesitaba generar ventas y que, por tanto, los pacientes debían comprar los medicamentos.
Los acusados habrían comercializado medicamentos donados, incluyendo tratamientos de alto costo utilizados en quimioterapias. Además, dejaron vencer aquellos fármacos que no pudieron vender, una práctica que el Ministerio Público califica como ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos afectados por cáncer.
La investigación también establece que los imputados realizaban una doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de los pacientes.
Asimismo, se les atribuye haber suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia, dividiendo un mismo frasco entre dos pacientes mientras facturaban a SeNaSa un frasco completo para cada uno, obteniendo así un beneficio económico ilícito.
El expediente también indica que facturaban medicamentos biológicos originales tanto a pacientes como a aseguradoras, pero entregaban versiones genéricas de menor costo, obteniendo diferencias económicas indebidas en perjuicio de los afectados y del sistema de salud.
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados privatizaron de manera ilícita habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo significativamente la disponibilidad de espacios y la capacidad de respuesta del centro.
Además, una habitación concebida para pacientes con cáncer habría sido utilizada para atender pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas, presuntamente al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14.
La audiencia está programada para celebrarse en las próximas horas.
El órgano acusador atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Los tres imputados fueron interrogados durante el fin de semana por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante la gestión de Lora Cruceta.
Santo Domingo, R.D.-Una profunda preocupación expresó la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ante el estado de fallo en que dejó el Tribunal Constitucional a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal y busca la despenalización del aborto.
Según su opinión, y reflejado en un comunicado, las acciones que se están llevando a cabo en el órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia que están establecidos en la Constitución de la República.
“Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.
El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
«Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo», señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.
Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”.
En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaron ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.
“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.