Nacionales
Yeni Berenice insiste en que víctimas también tienen derecho a un debido proceso
SANTO DOMINGO- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, reiteró que históricamente sólo se piensa el debido proceso para los imputados, algo profundamente injusto para las víctimas que también están dentro del proceso y que son las que realmente han sufrido un daño.
En ese sentido, confió en que el Congreso convierta en ley el anteproyecto que busca garantizar la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales como un paso de avance en el proceso de aplicación, con equidad y justicia, de las garantías del debido proceso.
“Desde el Ministerio Público, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos trabajado un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales, que esperamos que este año sea aprobado por el honorable Congreso de la República Dominicana y promulgado por el honorable señor Presidente”, dijo la titular del Ministerio Público al dictar una conferencia la mañana del jueves en el marco del Congreso Internacional “Victimología Aplicada”, organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).
En su conferencia “Justicia y reparación: un enfoque integral para las víctimas”, la Procuradora General de la República destacó la relevancia del proyecto de ley para dar respuesta a un vacío histórico en el sistema de justicia dominicano.
“No podemos avanzar sin un marco legal que garantice esa protección integral de las víctimas. Se hace impostergable, es una deuda histórica que debe ser pagada. La promulgación de esta ley de protección de víctimas, testigos y sujetos procesales en riesgo no es un lujo, es una necesidad urgente, ni siquiera es una actualización porque nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigo”, especificó la jurista durante su intervención en el congreso desarrollado por el IES-ENMP en el Auditorio de la Policía Nacional, de Santo Domingo.
Reynoso indicó que la ley de protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales se sustentará en tres pilares: un programa de protección de víctimas y testigos, la representación legal a nivel nacional y un sistema de atención.
“Debemos tener un programa de protección que impida que una víctima, por miedo, sea silenciada. Debemos contar con un programa de protección de víctimas y testigos como una forma de garantizar que las víctimas puedan denunciar, que los testigos puedan testificar sin ningún temor, un modelo en el que la protección sea el eje central”, dijo.
“El Estado, a través de Defensoría Pública, les garantiza a los infractores el derecho irrenunciable a la defensa, y que bueno que sea así, no lo criticamos, de hecho, reconocemos el trabajo, nosotros lo único que aspiramos es que la víctima tenga el mismo derecho; es Constitucional, es legal y es una obligación jurídica del Ministerio Público garantizarlo”, explicó.
“La reparación no solo deben ser palabras vacías, son la promesa de una sociedad mejor, una República Dominicana donde el derecho es un proceso justo, rápido y sobre todo, digno, que no sea un lujo o un derecho de una parte”, indicó.
Reynoso sostuvo que el sistema de justicia debe garantizar que las víctimas, “que no eligieron serlo”, tienen que encontrar la reparación, la paz y el respeto que merecen por un derecho violentado.
Nacionales
Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032
Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.
Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.
El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.
«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.
Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.
El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez
Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.
«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.
El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.
Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.
«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.
Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.
La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.
Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.
Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.
Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.
Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía que incluye la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.
Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.
En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.
La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.
El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.
Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.
Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.
En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.
En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.