Opinión
Repatriación de haitianos por mecanización
Por Oscar López Reyes
¡Albricia!
¡Qué pena!
Superiorizando la rentabilidad económica particular, desdeñando la protección del territorio nacional y poniéndose de espaldas a la mecanización espoleada valerosamente por el Gobierno para disminuir la intervención laboral foránea, portavoces de la construcción y la agropecuaria están solicitando que regularicen a 115 mil vecinos geográficos, lo que recrudecerá la haitianización. La experiencia testifica que una amplia porción se traslada a otras actividades, como el transporte público, el motoconcho y la venta de frutas y cocos.
Con su muy pronunciada actitud de no querer hacer el más mínimo sacrificio pro-Nación, ni reemplazar la fuerza humana por equipos y herramientas automatizadas, empresarios agrícolas y de la construcción inducen a interpretar que están montando una resistencia tenaz a la iniciativa presidencial para disminuir la mano de obra extranjera bruta, barata e indocumentada. ¡La contratación de haitianos es imprescindible e insustituible!, encapsula como su invariable consigna.
En línea contraria ha marchado el Gobierno, facilitando recursos para la reconversión en aras de aumentar la producción y la competitividad, y eludir más quebrantamiento a las leyes migratorias y laborales. Con ese propósito, tres instituciones oficiales les está ofertando en créditos más de 10 mil millones de pesos. Pero los acomodados no escuchan el rechazo colectivo por la masiva presencia de esos nacionales, y para que la seguridad alimentaria no siga en manos de adversarios ocultos.
Sin argumentos excusativos, y como ejemplo de una nueva visión y buena disposición para el cambio, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ya ha mecanizado el 85% del corte de la caña que, en San Pedro de Macorís, procesa el Ingenio Porvenir, el único que regentea el Estado, lo que ha reducido la mano de obra haitiana. Repatrió a 250 trabajadores haitianos que zajaban los tallos en los juncos, y próximamente otros serán devueltos a su país, para completar el 100%.
No es una, sino que son tres las fuentes de financiamiento para ayudar, cual si fuera un bastón en su mendigo e infortunado derrotero, a los citados patronos a que incorporen novedosas técnicas en la producción, vía la mecanización:
1.- El 6 de noviembre de 2023, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona anunció, en la Semanal, el programa de mecanización de los sectores agrícola y construcción, con la disposición de 3,000 millones de pesos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). Y el 14 de mayo de 2025 esta institución reveló que había prestado la citada cantidad de pesos, incluidos estos dos sectores de la economía, con una tasa preferencial de 9.5% anual, y realzó que en el área del arroz se han registrado hasta 70% de reducción en el uso de mano de obra y una subida de 20% en la productividad.
2.- El 25 de marzo de 2025, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) informó que tiene en reserva 60 millones de pesos para un novedoso proceso de mecanización de los cultivos en el campo, mediante la autogestión productiva.
3.- El 29 de mayo de 2025, el Banco Agrícola anunció una línea de crédito por más de 120 millones de dólares para la mecanización agrícola, especialmente para la compra de equipos tecnológicos.
Los constructores piden 87 mil “permisos” o regularización, indicando que están en el rango del 20% de la mano extranjera que establece el Código de Trabajo, en tanto que los agrícolas son más modestos: quieren 28 mil haitianos que, sumados a los 280 mil migrantes en la producción y cosecha de alimentos, serían 308 mil.
Por lo visto, la mecanización agrícola cumple por lo menos tres objetivos: 1) Achica la mano de obra, como ha ocurrido en la producción de arroz y en el Ingenio Porvenir, 2) Eficientiza el cultivo y la producción, menguando la pérdida de alimentos, y 3) Acorta las emisiones de gases de efecto invernadero.
Compilando, la República Dominicana está girando en un péndulo: seguir cerrando (mecanización y repatriación) o abrise (regularización o permisos), teniendo como telón de fondo un peligroso trance de múltiples vertientes (Haití), que se agudiza en cada soplo; y un flujo masivo humano hacia el territorio dominicano que se traduce en una sangría en los gastos del presupuesto nacional y un choque socio-cultural, que empeoraría con una eclosión de violencia.
Abrirse acarrea reconocer a personas sin tener documentos identificativos, o sea, sin saber de quién se trata. Sería contraproducente repetir el fracasado Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en el cual el gobierno de Danilo Medina Sánchez auspició, pérfidamente, la Ley 169-2014, buscando sepultar la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que establece con claridad que sólo son dominicanos los nacidos en suelo nacional de padres dominicanos o residentes legales. En el 2015, ese mandatario tiró al zafacón más de dos mil millones de pesos, ya que de 288 mil 466 que se inscribieron para obtener el estatus migratorio legal, apenas calificaron 239.
Y cerrar implica continuar deshaitianizando a la República Dominicana. En los primeros cinco meses del 2025, el Gobierno del presidente Abinader Corona repatrió a 153 mil ilegales, fecundando sosiego en un alargado segmento poblacional. Si se le arrincona para soltar la válvula o llave, con la llegada o legitimación de indocumentados -un grupo ahora y otro más tarde- el suelo de la patria se calentará aún más.
En ese enfervorizar en el calenturón -rememorando a Antonio Duvergé, Juan Bautista Cambiaso, José María Imbert, Fernando Valerio y otros héroes de las batallas contra los haitianos, pedazos de esa tierra saltarían como la irrupción de un volcán y más adelante, en su devota crispación, coetáneos contemplarían de reojo a emprendedores y desarrollados con la imagen del Dios Mercurio, y en esas miradas furtivas y acusatorias tumbarían muros y ventanas, arados y espigas, fuentes bautismales, púlpitos y otros mobiliarios sagrados. Pluguiera a Dios que no tengamos que ducharnos en esa lluvia.
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El autor: Miembro de número del Instituto Duartiano.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.