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Aprueban proyecto resuelve «problema» con nombre Circunvalación SD

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Santo Domingo.- La Cámara de Diputados tras una semana de estudio, declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch” a la Circunvalación de Santo Domingo, y “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la avenida Ecológica ubicada en Santo Domingo Este.

El pliego legislativo propuesto por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, junto a otros colegas pasa al Senado de la República para su consideración.

La pieza resolvería las diferencias que generó en el país la iniciativa que introdujo el exvocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado y representante de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, la cual fue aprobada “de urgencia” por la Cámara Baja el 8 de enero de 2025, convertida en ley, y remitida al Poder Ejecutivo dos días después, sin ser promulgada hasta la fecha. Dicha ley designa con el nombre “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la Circunvalación.

Al hablar al Pleno en la sesión de este martes, Pacheco reconoció que al momento de que la Cámara aprobó el proyecto de Venerado Castillo muchos legisladores, incluido él, desconocían que la Circunvalación de Santo Domingo había sido nombrada como Profesor Juan Bosch por el expresidente Danilo Medina.

Al motivar el proyecto, ponderó el liderazgo y las trayectorias políticas de Bosch y Peña Gómez, afirmando que la democracia y la estabilidad social y política que disfruta el país en la actualidad, es fruto de la influencia y ese liderazgo que ejercieron, junto al doctor Joaquín Balaguer, en todo el país.

Asimismo, el presidente de la comisión especial que estudió el documento de ley, diputado Juan José Rojas, expresó que con la aprobación de la iniciativa no solo se nombra dos importantes vías, sino que honra a dos pilares de la historia de la República Dominicana.

“Juan Bosch y Peña Gómez fueron dos líderes que desde sus distintas trincheras compartieron una misma causa, la democracia, la justicia social y el progreso nacional”, manifestó Rojas.

El titular de la Cámara de Diputados sometió el proyecto de ley al Congreso el pasado 10 de octubre, el cual se envio a comisión en la sesión del martes de la semana pasada. La comitiva realizó dos encuentros: el jueves 16 y lunes 20 del mes en curso.

Sobre lo aprobado a principios de este año, el Poder Ejecutivo tiene más de nueve meses que recibió la polémica ley del Congreso y no la ha promulgado ni devuelto; la Cámara tampoco la ha publicado como promulgada, como manda el artículo 101 de la Constitución.

La Carta Magna le otorga al presidente de la República un tiempo máximo de cinco o diez días (depende de si la ley fue declarada de urgencia o no) para pronunciarse, mediante promulgación u observación, sin embargo esto no ha sucedido. El Palacio Nacional retiene el marco legal desde el pasado 10 de enero.

De igual manera, el incumplimiento constitucional recae en la Cámara de Diputados, la cual, según el mismo articulado de la Ley Suprema, debió publicar la legislación vencidos los cinco días obligatorios.

El artículo 101 de la Constitución precisa que toda ley aprobada en ambas cámaras se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. “Si éste no la observare”, la promulgará dentro de los diez días de recibida, “si el asunto no se declara de urgencia –como la referida ley-, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida”, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación.

El apartado precisa, además, que vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, “se reputarán promulgadas” y el presidente de la cámara –en este caso Alfredo Pacheco- que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará.

Frente a la avalancha de críticas de sectores a la referida Ley, en especial los “boschistas”, el presidente Luis Abinader usó su red social X y publicó un mensaje para “calmar la tempestad”.

Prometió “solicitar” al primer Poder del Estado nombrar la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch (tal como pedía la oposición) y dejar el nombre de Doctor José Francisco Peña Gómez para otra avenida. Sin embargo, esa observación no llegó al Congreso, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara de Diputados.

“Luego de haber consultado a miembros de la familia del doctor José Francisco Peña Gómez, estaré solicitando al Congreso Nacional oficializar el nombre de la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch y designar la Av. Ecológica, en proceso de terminación, en honor al doctor Peña Gómez”, escribió el jefe de Estado el pasado 17 de enero en su referida cuenta.

La iniciativa generó controversias desde que el Congreso Nacional la convirtió en ley, los pioneros en crear los debates fueron los dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en cerrarlo, el presidente Luis Abinader, quien consensuó con la familia del fenecido líder de masas y exdirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez, “para calmar” las críticas y observar la ley.

El PLD expresó su rechazo a la legislación, porque el expresidente Danilo Medina en su momento nombró, “aunque no mediante ley”, la Circunvalación con el nombre del fundador y líder histórico del partido morado: profesor Juan Bosch.

Las críticas surgieron: por el cambio al nombre popular anterior, no oficializado por ley (aunque sí ampliamente usado); porque el PLD y otros partidos criticaron el cambio como “divisivo”; y, según el experto municipalista Waldys Taveras, solo el Ejecutivo tiene potestad para renombrar vías de gran impacto.

El partido morado calificó la designación de la circunvalación de Santo Domingo con el nombre de Peña Gómez como una “lamentable decisión” y adoptada sin consulta, al señalar que ignora el legado de Juan Bosch y genera una confrontación innecesaria entre ambos líderes históricos.

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ACD Media es imputado por JCE a través de la ley mordaza por publicar encuestas.

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Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en  contra la firma encuestadora ACD Media, SRL,  ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE)  al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.

La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.

Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidariaintención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.

Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.

La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.

El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensapruebas y argumentos jurídicos.

La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.

Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCEHirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.

Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.

El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.

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Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.

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Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el  cónsul que evalúe su caso tendrán  que tener una fianza de más de 100 mil dólares,  según un plan piloto anunciado por  el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.

Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.

Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.

Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.

  • Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.

«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.

La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.

Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.

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10 mil pesos de garantía a hombre acusado de robar guagua.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego  de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en  un dealer ubicado  en  el sector de  Villas Agriocolas.

El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.

La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.

«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.

Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.

Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.

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