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Aprueban proyecto resuelve «problema» con nombre Circunvalación SD

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Santo Domingo.- La Cámara de Diputados tras una semana de estudio, declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch” a la Circunvalación de Santo Domingo, y “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la avenida Ecológica ubicada en Santo Domingo Este.

El pliego legislativo propuesto por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, junto a otros colegas pasa al Senado de la República para su consideración.

La pieza resolvería las diferencias que generó en el país la iniciativa que introdujo el exvocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado y representante de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, la cual fue aprobada “de urgencia” por la Cámara Baja el 8 de enero de 2025, convertida en ley, y remitida al Poder Ejecutivo dos días después, sin ser promulgada hasta la fecha. Dicha ley designa con el nombre “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la Circunvalación.

Al hablar al Pleno en la sesión de este martes, Pacheco reconoció que al momento de que la Cámara aprobó el proyecto de Venerado Castillo muchos legisladores, incluido él, desconocían que la Circunvalación de Santo Domingo había sido nombrada como Profesor Juan Bosch por el expresidente Danilo Medina.

Al motivar el proyecto, ponderó el liderazgo y las trayectorias políticas de Bosch y Peña Gómez, afirmando que la democracia y la estabilidad social y política que disfruta el país en la actualidad, es fruto de la influencia y ese liderazgo que ejercieron, junto al doctor Joaquín Balaguer, en todo el país.

Asimismo, el presidente de la comisión especial que estudió el documento de ley, diputado Juan José Rojas, expresó que con la aprobación de la iniciativa no solo se nombra dos importantes vías, sino que honra a dos pilares de la historia de la República Dominicana.

“Juan Bosch y Peña Gómez fueron dos líderes que desde sus distintas trincheras compartieron una misma causa, la democracia, la justicia social y el progreso nacional”, manifestó Rojas.

El titular de la Cámara de Diputados sometió el proyecto de ley al Congreso el pasado 10 de octubre, el cual se envio a comisión en la sesión del martes de la semana pasada. La comitiva realizó dos encuentros: el jueves 16 y lunes 20 del mes en curso.

Sobre lo aprobado a principios de este año, el Poder Ejecutivo tiene más de nueve meses que recibió la polémica ley del Congreso y no la ha promulgado ni devuelto; la Cámara tampoco la ha publicado como promulgada, como manda el artículo 101 de la Constitución.

La Carta Magna le otorga al presidente de la República un tiempo máximo de cinco o diez días (depende de si la ley fue declarada de urgencia o no) para pronunciarse, mediante promulgación u observación, sin embargo esto no ha sucedido. El Palacio Nacional retiene el marco legal desde el pasado 10 de enero.

De igual manera, el incumplimiento constitucional recae en la Cámara de Diputados, la cual, según el mismo articulado de la Ley Suprema, debió publicar la legislación vencidos los cinco días obligatorios.

El artículo 101 de la Constitución precisa que toda ley aprobada en ambas cámaras se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. “Si éste no la observare”, la promulgará dentro de los diez días de recibida, “si el asunto no se declara de urgencia –como la referida ley-, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida”, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación.

El apartado precisa, además, que vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, “se reputarán promulgadas” y el presidente de la cámara –en este caso Alfredo Pacheco- que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará.

Frente a la avalancha de críticas de sectores a la referida Ley, en especial los “boschistas”, el presidente Luis Abinader usó su red social X y publicó un mensaje para “calmar la tempestad”.

Prometió “solicitar” al primer Poder del Estado nombrar la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch (tal como pedía la oposición) y dejar el nombre de Doctor José Francisco Peña Gómez para otra avenida. Sin embargo, esa observación no llegó al Congreso, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara de Diputados.

“Luego de haber consultado a miembros de la familia del doctor José Francisco Peña Gómez, estaré solicitando al Congreso Nacional oficializar el nombre de la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch y designar la Av. Ecológica, en proceso de terminación, en honor al doctor Peña Gómez”, escribió el jefe de Estado el pasado 17 de enero en su referida cuenta.

La iniciativa generó controversias desde que el Congreso Nacional la convirtió en ley, los pioneros en crear los debates fueron los dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en cerrarlo, el presidente Luis Abinader, quien consensuó con la familia del fenecido líder de masas y exdirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez, “para calmar” las críticas y observar la ley.

El PLD expresó su rechazo a la legislación, porque el expresidente Danilo Medina en su momento nombró, “aunque no mediante ley”, la Circunvalación con el nombre del fundador y líder histórico del partido morado: profesor Juan Bosch.

Las críticas surgieron: por el cambio al nombre popular anterior, no oficializado por ley (aunque sí ampliamente usado); porque el PLD y otros partidos criticaron el cambio como “divisivo”; y, según el experto municipalista Waldys Taveras, solo el Ejecutivo tiene potestad para renombrar vías de gran impacto.

El partido morado calificó la designación de la circunvalación de Santo Domingo con el nombre de Peña Gómez como una “lamentable decisión” y adoptada sin consulta, al señalar que ignora el legado de Juan Bosch y genera una confrontación innecesaria entre ambos líderes históricos.

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Autoridades decomisan cargamento de drogas en alta mar por provincia Peravia

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Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado  contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.

El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.

En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.

Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.

Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.

Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.

Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.

O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.

El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.

El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.

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Nuevo reglamento para regular afiliaciones y desafiliaciones en organizaciones políticas

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Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE)  mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.

El reglamento, enviado este lunes 16 de febrero a los partidos políticos, tiene por objeto establecer los procedimientos para el registro de las afiliaciones y el proceso de las desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos ante la JCE, de conformidad con la Ley 33-18.

Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.

El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.

El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.

La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.

“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.

La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.

Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.

Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.

La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.

“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.

El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.

“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.

Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.

La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.

El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.

La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.

“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.

La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.

El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.

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Descartan hablar en reunión con Abinader de exsupervisor de la DEA acusado en EEUU.

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó  hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.

Ese no fue un tema hoy en la Fuerza de Tarea”, dijo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, refiriéndose a Melitón Cordero, arrestado el jueves pasado en Washington y acusado de soborno y fraude de visas estadounidenses.

Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.

También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.

Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.

Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.

Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.

En 2024, el presidente Abinader otorgó la  condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

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