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Aprueban proyecto resuelve «problema» con nombre Circunvalación SD
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados tras una semana de estudio, declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch” a la Circunvalación de Santo Domingo, y “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la avenida Ecológica ubicada en Santo Domingo Este.
El pliego legislativo propuesto por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, junto a otros colegas pasa al Senado de la República para su consideración.
La pieza resolvería las diferencias que generó en el país la iniciativa que introdujo el exvocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado y representante de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, la cual fue aprobada “de urgencia” por la Cámara Baja el 8 de enero de 2025, convertida en ley, y remitida al Poder Ejecutivo dos días después, sin ser promulgada hasta la fecha. Dicha ley designa con el nombre “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la Circunvalación.
Al hablar al Pleno en la sesión de este martes, Pacheco reconoció que al momento de que la Cámara aprobó el proyecto de Venerado Castillo muchos legisladores, incluido él, desconocían que la Circunvalación de Santo Domingo había sido nombrada como Profesor Juan Bosch por el expresidente Danilo Medina.
Al motivar el proyecto, ponderó el liderazgo y las trayectorias políticas de Bosch y Peña Gómez, afirmando que la democracia y la estabilidad social y política que disfruta el país en la actualidad, es fruto de la influencia y ese liderazgo que ejercieron, junto al doctor Joaquín Balaguer, en todo el país.
Asimismo, el presidente de la comisión especial que estudió el documento de ley, diputado Juan José Rojas, expresó que con la aprobación de la iniciativa no solo se nombra dos importantes vías, sino que honra a dos pilares de la historia de la República Dominicana.
El titular de la Cámara de Diputados sometió el proyecto de ley al Congreso el pasado 10 de octubre, el cual se envio a comisión en la sesión del martes de la semana pasada. La comitiva realizó dos encuentros: el jueves 16 y lunes 20 del mes en curso.
Sobre lo aprobado a principios de este año, el Poder Ejecutivo tiene más de nueve meses que recibió la polémica ley del Congreso y no la ha promulgado ni devuelto; la Cámara tampoco la ha publicado como promulgada, como manda el artículo 101 de la Constitución.
De igual manera, el incumplimiento constitucional recae en la Cámara de Diputados, la cual, según el mismo articulado de la Ley Suprema, debió publicar la legislación vencidos los cinco días obligatorios.
El artículo 101 de la Constitución precisa que toda ley aprobada en ambas cámaras se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. “Si éste no la observare”, la promulgará dentro de los diez días de recibida, “si el asunto no se declara de urgencia –como la referida ley-, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida”, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación.
Frente a la avalancha de críticas de sectores a la referida Ley, en especial los “boschistas”, el presidente Luis Abinader usó su red social X y publicó un mensaje para “calmar la tempestad”.
Prometió “solicitar” al primer Poder del Estado nombrar la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch (tal como pedía la oposición) y dejar el nombre de Doctor José Francisco Peña Gómez para otra avenida. Sin embargo, esa observación no llegó al Congreso, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara de Diputados.
La iniciativa generó controversias desde que el Congreso Nacional la convirtió en ley, los pioneros en crear los debates fueron los dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en cerrarlo, el presidente Luis Abinader, quien consensuó con la familia del fenecido líder de masas y exdirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez, “para calmar” las críticas y observar la ley.
El PLD expresó su rechazo a la legislación, porque el expresidente Danilo Medina en su momento nombró, “aunque no mediante ley”, la Circunvalación con el nombre del fundador y líder histórico del partido morado: profesor Juan Bosch.
Las críticas surgieron: por el cambio al nombre popular anterior, no oficializado por ley (aunque sí ampliamente usado); porque el PLD y otros partidos criticaron el cambio como “divisivo”; y, según el experto municipalista Waldys Taveras, solo el Ejecutivo tiene potestad para renombrar vías de gran impacto.
El partido morado calificó la designación de la circunvalación de Santo Domingo con el nombre de Peña Gómez como una “lamentable decisión” y adoptada sin consulta, al señalar que ignora el legado de Juan Bosch y genera una confrontación innecesaria entre ambos líderes históricos.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.