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Aprueban proyecto resuelve «problema» con nombre Circunvalación SD

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Santo Domingo.- La Cámara de Diputados tras una semana de estudio, declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch” a la Circunvalación de Santo Domingo, y “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la avenida Ecológica ubicada en Santo Domingo Este.

El pliego legislativo propuesto por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, junto a otros colegas pasa al Senado de la República para su consideración.

La pieza resolvería las diferencias que generó en el país la iniciativa que introdujo el exvocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado y representante de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, la cual fue aprobada “de urgencia” por la Cámara Baja el 8 de enero de 2025, convertida en ley, y remitida al Poder Ejecutivo dos días después, sin ser promulgada hasta la fecha. Dicha ley designa con el nombre “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la Circunvalación.

Al hablar al Pleno en la sesión de este martes, Pacheco reconoció que al momento de que la Cámara aprobó el proyecto de Venerado Castillo muchos legisladores, incluido él, desconocían que la Circunvalación de Santo Domingo había sido nombrada como Profesor Juan Bosch por el expresidente Danilo Medina.

Al motivar el proyecto, ponderó el liderazgo y las trayectorias políticas de Bosch y Peña Gómez, afirmando que la democracia y la estabilidad social y política que disfruta el país en la actualidad, es fruto de la influencia y ese liderazgo que ejercieron, junto al doctor Joaquín Balaguer, en todo el país.

Asimismo, el presidente de la comisión especial que estudió el documento de ley, diputado Juan José Rojas, expresó que con la aprobación de la iniciativa no solo se nombra dos importantes vías, sino que honra a dos pilares de la historia de la República Dominicana.

“Juan Bosch y Peña Gómez fueron dos líderes que desde sus distintas trincheras compartieron una misma causa, la democracia, la justicia social y el progreso nacional”, manifestó Rojas.

El titular de la Cámara de Diputados sometió el proyecto de ley al Congreso el pasado 10 de octubre, el cual se envio a comisión en la sesión del martes de la semana pasada. La comitiva realizó dos encuentros: el jueves 16 y lunes 20 del mes en curso.

Sobre lo aprobado a principios de este año, el Poder Ejecutivo tiene más de nueve meses que recibió la polémica ley del Congreso y no la ha promulgado ni devuelto; la Cámara tampoco la ha publicado como promulgada, como manda el artículo 101 de la Constitución.

La Carta Magna le otorga al presidente de la República un tiempo máximo de cinco o diez días (depende de si la ley fue declarada de urgencia o no) para pronunciarse, mediante promulgación u observación, sin embargo esto no ha sucedido. El Palacio Nacional retiene el marco legal desde el pasado 10 de enero.

De igual manera, el incumplimiento constitucional recae en la Cámara de Diputados, la cual, según el mismo articulado de la Ley Suprema, debió publicar la legislación vencidos los cinco días obligatorios.

El artículo 101 de la Constitución precisa que toda ley aprobada en ambas cámaras se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. “Si éste no la observare”, la promulgará dentro de los diez días de recibida, “si el asunto no se declara de urgencia –como la referida ley-, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida”, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación.

El apartado precisa, además, que vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, “se reputarán promulgadas” y el presidente de la cámara –en este caso Alfredo Pacheco- que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará.

Frente a la avalancha de críticas de sectores a la referida Ley, en especial los “boschistas”, el presidente Luis Abinader usó su red social X y publicó un mensaje para “calmar la tempestad”.

Prometió “solicitar” al primer Poder del Estado nombrar la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch (tal como pedía la oposición) y dejar el nombre de Doctor José Francisco Peña Gómez para otra avenida. Sin embargo, esa observación no llegó al Congreso, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara de Diputados.

“Luego de haber consultado a miembros de la familia del doctor José Francisco Peña Gómez, estaré solicitando al Congreso Nacional oficializar el nombre de la Circunvalación de Santo Domingo como Profesor Juan Bosch y designar la Av. Ecológica, en proceso de terminación, en honor al doctor Peña Gómez”, escribió el jefe de Estado el pasado 17 de enero en su referida cuenta.

La iniciativa generó controversias desde que el Congreso Nacional la convirtió en ley, los pioneros en crear los debates fueron los dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en cerrarlo, el presidente Luis Abinader, quien consensuó con la familia del fenecido líder de masas y exdirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez, “para calmar” las críticas y observar la ley.

El PLD expresó su rechazo a la legislación, porque el expresidente Danilo Medina en su momento nombró, “aunque no mediante ley”, la Circunvalación con el nombre del fundador y líder histórico del partido morado: profesor Juan Bosch.

Las críticas surgieron: por el cambio al nombre popular anterior, no oficializado por ley (aunque sí ampliamente usado); porque el PLD y otros partidos criticaron el cambio como “divisivo”; y, según el experto municipalista Waldys Taveras, solo el Ejecutivo tiene potestad para renombrar vías de gran impacto.

El partido morado calificó la designación de la circunvalación de Santo Domingo con el nombre de Peña Gómez como una “lamentable decisión” y adoptada sin consulta, al señalar que ignora el legado de Juan Bosch y genera una confrontación innecesaria entre ambos líderes históricos.

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JCE flexibiliza renovación de cédula sin restricción por nacimiento los fines de semana y feriados

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) dispuso este viernes que, durante los fines de semana y los días feriados, los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restricción alguna relacionada con el mes de nacimiento.

La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.

  • Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.

Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.

Centros de cedulación

Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.

En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.

De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.

  • La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.

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Caso Onco14: Gerentes obligaban al personal a vender medicamentos donados bajo amenaza de despido

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Santo Domingo.- Los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, se habrían aprovechado de sus posiciones para comercializar medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo destinados a pacientes oncológicos.

Según el Ministerio Público, esta práctica constituye una “conducta cruel contra personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer”.

Así consta la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de la presunta red de corrupción vinculada al caso Onco14.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían convertido la institución en una especie de empresa familiar para sustraer recursos económicos en beneficio propio.

Venta de medicamentos donados y amenazas al personal

Según el expediente, el personal era amenazado con el despido si entregaba estos medicamentos de forma gratuita.

La justificación utilizada era que la farmacia necesitaba generar ventas y que, por tanto, los pacientes debían comprar los medicamentos.

Los acusados habrían comercializado medicamentos donados, incluyendo tratamientos de alto costo utilizados en quimioterapias. Además, dejaron vencer aquellos fármacos que no pudieron vender, una práctica que el Ministerio Público califica como ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos afectados por cáncer.

Doble facturación y fraude contra SeNaSa

La investigación también establece que los imputados realizaban una doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de los pacientes.

Asimismo, se les atribuye haber suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia, dividiendo un mismo frasco entre dos pacientes mientras facturaban a SeNaSa un frasco completo para cada uno, obteniendo así un beneficio económico ilícito.

El expediente también indica que facturaban medicamentos biológicos originales tanto a pacientes como a aseguradoras, pero entregaban versiones genéricas de menor costo, obteniendo diferencias económicas indebidas en perjuicio de los afectados y del sistema de salud.

Habitaciones para pacientes oncológicos utilizadas con otros fines

Según la solicitud de medida de coerción, los imputados privatizaron de manera ilícita habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo significativamente la disponibilidad de espacios y la capacidad de respuesta del centro.

Además, una habitación concebida para pacientes con cáncer habría sido utilizada para atender pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Comercialización ilegal de medicamentos controlados

El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas, presuntamente al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.

Audiencia de la solicitud de coerción en Santiago

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14.

La audiencia está programada para celebrarse en las próximas horas.
El órgano acusador atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

Los tres imputados fueron interrogados durante el fin de semana por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante la gestión de Lora Cruceta.

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Episcopado Dominicano manifiesta preocupación por discusión de despenalización del aborto en el TC

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Santo Domingo, R.D.-La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su “profunda preocupación” ante el estado de fallo en que dejó el Tribunal Constitucional a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal y busca la despenalización del aborto.

Según su opinión, y reflejado en un comunicado, las acciones que se están llevando a cabo en el órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia que están establecidos en la Constitución de la República.

“Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.

El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).

«Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo», señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.

Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”.

En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaron ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.

“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.

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