Editorial
La cultura del fraude y de la manipulación es un mal augurio.
La República Dominicana hoy es un país que tiene sus propias particularidades, que, naturalmente, genera una realizad nacional que se fundamenta en un espejismo sobre la base de la mentira.
El arma que sirve de soporte a una cultura de vender una percepción que no tiene nada que ver con la verdad, es precisamente un trasfondo para justificar acciones que en nada ayudan a ese anhelado crecimiento y desarrollo nacionales de que tanto se habla.
Por donde quiera que la gente se mueve aparece el engaño y el fraude, ya que si se toma como ejemplo cualquier actividad nacional fácilmente se llega a la conclusión de que se trata de un mecanismo de estafa o de fraude en contra del que tiene necesariamente que trabajar duro para llevar el pan de cada día a la mesa de su familia.
El drama se observa desde los servicios públicos, como la energía eléctrica y el agua potable, cuya manipulación de facturas representa una verdadera desgracia nacional, con el agravante de que los supuestos críticos de ahora son los justificadores después de la misma conducta.
Pero el asunto, si bien tiene un impacto muy preocupante a nivel de todas las instituciones del Estado, sin excepciones, lo propio, pero con peores distorsiones, ocurre en la actividad empresarial privada, dado que si se trata de comprar gas de cocinar o gasolina para su vehículo nunca recibe lo que paga, porque siempre hay un mecanismo sutil de engaño.
Es un mal generalizado, que abarca todos los sectores de la vida nacional, en virtud de que si quiere hacer la valoración a nivel de los productos manufacturados o su venta en los supermercados los precios no sólo se aumentan por factores, que podrían tal vez parecer justificados, sino que la verdadera causa es por una vocación agiotista y de especulación que están en las mismas entrañas del que quiere hacer negocio sobre la base de la estafa al consumidor.
Es decir, que se trata de un problema general, que sólo puede tener solución a través del Estado, de políticas públicas, lo cual tampoco es posible en razón de que quienes lo manejan tienen la misma filosofía de vida y no les interesa que esas cosas cambian.
Pero tal vez lo más grave consiste en que la gente ni siquiera percibe esas distorsiones y ve como normal esas maniobras que se producen en los sectores públicos y privados del país.
Este periódico está convencido de las razones expuestas son las que generan esa vocación mafiosa que se observa en amplios segmentos de la sociedad dominicana, donde sólo importa las ganancias que se obtienen, aunque sea a través de márgenes de beneficiosas abusivos o sencillamente de fraudes y manipulaciones.
Es una cultura, que su erradicación va costar muchos sacrificios de los que buscan una sociedad diferente, donde los estándares de vida sean ajustados a una honestidad que podría ser la principal arma para lograr el tanto crecimiento y desarrollo nacionales anhelados, que representa una piedra en el zapato del que persigue un pais diferente.
El Estado, definitivamente, puede imponer valores o antivalores, pero si este propósito y vocación no es parte de la formación y agenda del funcionario público o empresario, pues será muy difícil que pueda operarse ese cambio en la conducta social.
Se impone una campaña nacional, promovida desde el Estado, para imponer y restablecer valores que se aparten del amor monetario impregnado entre los dominicanos por el neoliberalismo salvaje.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.