Editorial
La cultura del fraude y de la manipulación es un mal augurio.
La República Dominicana hoy es un país que tiene sus propias particularidades, que, naturalmente, genera una realizad nacional que se fundamenta en un espejismo sobre la base de la mentira.
El arma que sirve de soporte a una cultura de vender una percepción que no tiene nada que ver con la verdad, es precisamente un trasfondo para justificar acciones que en nada ayudan a ese anhelado crecimiento y desarrollo nacionales de que tanto se habla.
Por donde quiera que la gente se mueve aparece el engaño y el fraude, ya que si se toma como ejemplo cualquier actividad nacional fácilmente se llega a la conclusión de que se trata de un mecanismo de estafa o de fraude en contra del que tiene necesariamente que trabajar duro para llevar el pan de cada día a la mesa de su familia.
El drama se observa desde los servicios públicos, como la energía eléctrica y el agua potable, cuya manipulación de facturas representa una verdadera desgracia nacional, con el agravante de que los supuestos críticos de ahora son los justificadores después de la misma conducta.
Pero el asunto, si bien tiene un impacto muy preocupante a nivel de todas las instituciones del Estado, sin excepciones, lo propio, pero con peores distorsiones, ocurre en la actividad empresarial privada, dado que si se trata de comprar gas de cocinar o gasolina para su vehículo nunca recibe lo que paga, porque siempre hay un mecanismo sutil de engaño.
Es un mal generalizado, que abarca todos los sectores de la vida nacional, en virtud de que si quiere hacer la valoración a nivel de los productos manufacturados o su venta en los supermercados los precios no sólo se aumentan por factores, que podrían tal vez parecer justificados, sino que la verdadera causa es por una vocación agiotista y de especulación que están en las mismas entrañas del que quiere hacer negocio sobre la base de la estafa al consumidor.
Es decir, que se trata de un problema general, que sólo puede tener solución a través del Estado, de políticas públicas, lo cual tampoco es posible en razón de que quienes lo manejan tienen la misma filosofía de vida y no les interesa que esas cosas cambian.
Pero tal vez lo más grave consiste en que la gente ni siquiera percibe esas distorsiones y ve como normal esas maniobras que se producen en los sectores públicos y privados del país.
Este periódico está convencido de las razones expuestas son las que generan esa vocación mafiosa que se observa en amplios segmentos de la sociedad dominicana, donde sólo importa las ganancias que se obtienen, aunque sea a través de márgenes de beneficiosas abusivos o sencillamente de fraudes y manipulaciones.
Es una cultura, que su erradicación va costar muchos sacrificios de los que buscan una sociedad diferente, donde los estándares de vida sean ajustados a una honestidad que podría ser la principal arma para lograr el tanto crecimiento y desarrollo nacionales anhelados, que representa una piedra en el zapato del que persigue un pais diferente.
El Estado, definitivamente, puede imponer valores o antivalores, pero si este propósito y vocación no es parte de la formación y agenda del funcionario público o empresario, pues será muy difícil que pueda operarse ese cambio en la conducta social.
Se impone una campaña nacional, promovida desde el Estado, para imponer y restablecer valores que se aparten del amor monetario impregnado entre los dominicanos por el neoliberalismo salvaje.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.
La verdadera amenaza del narcotráfico no reside únicamente en las drogas que circulan por el territorio nacional, sino en los capitales ilícitos que pueden introducirse en la economía, distorsionar los mercados, corromper instituciones y comprometer el desarrollo del país.
La República Dominicana enfrenta un desafío que trasciende la persecución de los narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de sustancias prohibidas. Se trata de determinar hasta qué punto las ganancias del crimen organizado están encontrando espacios dentro de las actividades económicas formales, creando una apariencia de prosperidad que podría esconder profundas distorsiones.
El narcotráfico no representa solamente un problema de seguridad ciudadana. Constituye también una amenaza económica, social e institucional, porque el dinero que genera necesita circular, invertirse y, sobre todo, adquirir apariencia de legalidad.
Ese proceso puede involucrar operaciones inmobiliarias, establecimientos comerciales, compraventa de vehículos, proyectos empresariales y otras actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.
Esto no significa que las inversiones millonarias o el crecimiento de determinados sectores sean necesariamente producto de operaciones ilegales. Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar que las organizaciones criminales buscan mecanismos para incorporar sus ganancias a los circuitos económicos legítimos.
Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica es la competencia desleal.
Mientras un empresario honesto debe enfrentar los costos de electricidad, salarios, impuestos, financiamiento, seguridad social y demás obligaciones, una estructura empresarial sostenida con capital ilícito puede soportar pérdidas, realizar inversiones aparentemente injustificables y competir bajo condiciones que distorsionan el mercado.
La consecuencia podría ser el desplazamiento de negocios legítimos y la concentración de actividades económicas en manos de quienes disponen de recursos cuyo origen no responde necesariamente a la productividad ni al esfuerzo empresarial.
El sector inmobiliario merece particular atención. La adquisición de propiedades mediante capitales ilícitos puede contribuir a presiones especulativas y dificultar el acceso a viviendas en determinadas zonas. No obstante, cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en investigaciones, porque el aumento de los precios también responde a múltiples factores económicos legítimos.
Pero existe una consecuencia todavía más peligrosa: la capacidad del dinero del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas y corromper las estructuras encargadas de combatirlo.
Cuando el poder económico criminal intenta comprar protección, influencias o impunidad, la amenaza deja de limitarse al mercado y alcanza directamente la credibilidad del Estado, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.
Por eso, resulta insuficiente presentar las toneladas de drogas decomisadas como el único indicador del éxito de la lucha contra el narcotráfico.
La sociedad dominicana también necesita conocer cuántas investigaciones financieras concluyen con resultados efectivos, qué patrimonio de origen criminal ha sido identificado, cuántas sentencias definitivas sancionan el lavado de activos y cómo se garantiza la recuperación legal de los bienes vinculados con estas actividades.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo proporciona instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de una legislación no depende exclusivamente de su existencia, sino de la capacidad institucional para aplicarla de manera rigurosa, independiente y sin privilegios.
El Estado dominicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, la transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas y la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado.
También debe evitar que la lucha contra el lavado de activos se convierta en una persecución indiscriminada contra empresarios o inversionistas legítimos. La vigilancia debe sustentarse en evidencias, respetar el debido proceso y perseguir operaciones sospechosas mediante procedimientos legalmente establecidos.
No existen datos públicos suficientemente verificables que permitan establecer qué porcentaje de la economía dominicana depende de recursos procedentes del narcotráfico. Precisamente por ello, es necesario profundizar las investigaciones y producir información que permita dimensionar este riesgo sin recurrir a especulaciones.
Desde La República consideramos que el crecimiento económico pierde parte de su valor social cuando las instituciones no pueden garantizar que la riqueza se construya bajo reglas transparentes, competencia legítima y respeto a la ley.
Un país no alcanza el verdadero desarrollo simplemente porque aumenten las construcciones, circulen grandes cantidades de dinero o se multipliquen las inversiones. El progreso requiere que esas actividades generen bienestar, oportunidades, empleos dignos y confianza en las instituciones.
La República Dominicana no puede permitir que las ganancias del narcotráfico encuentren en la economía formal el refugio que las autoridades les niegan mediante la persecución penal.
Combatir el narcotráfico exige incautar drogas, pero también seguir la ruta del dinero, identificar sus beneficiarios y desarticular las estructuras económicas que permiten sostener las operaciones criminales.
Porque una economía puede aparentar prosperidad mientras el dinero ilícito debilita silenciosamente las bases sobre las cuales debe construirse el desarrollo nacional.
Y la gran pregunta que corresponde responder al Estado dominicano es inevitable:
¿Estamos combatiendo únicamente el tráfico de drogas o también el poder económico que permite al narcotráfico sobrevivir, multiplicarse y penetrar nuestra sociedad?