Editorial
La cultura del fraude y de la manipulación es un mal augurio.
La República Dominicana hoy es un país que tiene sus propias particularidades, que, naturalmente, genera una realizad nacional que se fundamenta en un espejismo sobre la base de la mentira.
El arma que sirve de soporte a una cultura de vender una percepción que no tiene nada que ver con la verdad, es precisamente un trasfondo para justificar acciones que en nada ayudan a ese anhelado crecimiento y desarrollo nacionales de que tanto se habla.
Por donde quiera que la gente se mueve aparece el engaño y el fraude, ya que si se toma como ejemplo cualquier actividad nacional fácilmente se llega a la conclusión de que se trata de un mecanismo de estafa o de fraude en contra del que tiene necesariamente que trabajar duro para llevar el pan de cada día a la mesa de su familia.
El drama se observa desde los servicios públicos, como la energía eléctrica y el agua potable, cuya manipulación de facturas representa una verdadera desgracia nacional, con el agravante de que los supuestos críticos de ahora son los justificadores después de la misma conducta.
Pero el asunto, si bien tiene un impacto muy preocupante a nivel de todas las instituciones del Estado, sin excepciones, lo propio, pero con peores distorsiones, ocurre en la actividad empresarial privada, dado que si se trata de comprar gas de cocinar o gasolina para su vehículo nunca recibe lo que paga, porque siempre hay un mecanismo sutil de engaño.
Es un mal generalizado, que abarca todos los sectores de la vida nacional, en virtud de que si quiere hacer la valoración a nivel de los productos manufacturados o su venta en los supermercados los precios no sólo se aumentan por factores, que podrían tal vez parecer justificados, sino que la verdadera causa es por una vocación agiotista y de especulación que están en las mismas entrañas del que quiere hacer negocio sobre la base de la estafa al consumidor.
Es decir, que se trata de un problema general, que sólo puede tener solución a través del Estado, de políticas públicas, lo cual tampoco es posible en razón de que quienes lo manejan tienen la misma filosofía de vida y no les interesa que esas cosas cambian.
Pero tal vez lo más grave consiste en que la gente ni siquiera percibe esas distorsiones y ve como normal esas maniobras que se producen en los sectores públicos y privados del país.
Este periódico está convencido de las razones expuestas son las que generan esa vocación mafiosa que se observa en amplios segmentos de la sociedad dominicana, donde sólo importa las ganancias que se obtienen, aunque sea a través de márgenes de beneficiosas abusivos o sencillamente de fraudes y manipulaciones.
Es una cultura, que su erradicación va costar muchos sacrificios de los que buscan una sociedad diferente, donde los estándares de vida sean ajustados a una honestidad que podría ser la principal arma para lograr el tanto crecimiento y desarrollo nacionales anhelados, que representa una piedra en el zapato del que persigue un pais diferente.
El Estado, definitivamente, puede imponer valores o antivalores, pero si este propósito y vocación no es parte de la formación y agenda del funcionario público o empresario, pues será muy difícil que pueda operarse ese cambio en la conducta social.
Se impone una campaña nacional, promovida desde el Estado, para imponer y restablecer valores que se aparten del amor monetario impregnado entre los dominicanos por el neoliberalismo salvaje.
Editorial
Inteligencia artificial y justicia: modernizar sin entregar el juicio humano a los algoritmos
La incorporación de la inteligencia artificial a la administración de justicia representa una de las transformaciones más importantes que enfrenta el sistema jurídico contemporáneo. República Dominicana no permanece ajena a este proceso. Las herramientas tecnológicas comienzan a ocupar espacios en la gestión judicial y en el ejercicio profesional de los abogados, abriendo posibilidades que hace apenas unos años parecían propias de la ciencia ficción.
La modernización debe ser bienvenida. Un sistema de justicia que aspire a responder oportunamente a las necesidades de los ciudadanos no puede ignorar herramientas capaces de organizar grandes cantidades de información, agilizar tareas administrativas, facilitar investigaciones jurídicas y reducir procesos repetitivos.
Pero modernizar la justicia no significa delegar la justicia.
Esa diferencia debe constituir el principio rector de cualquier política pública relacionada con inteligencia artificial y actividad jurisdiccional.
La decisión judicial debe continuar siendo humana
La inteligencia artificial puede asistir al juez. Puede organizar expedientes, localizar precedentes, comparar documentos y facilitar determinadas tareas. Lo que no debería hacer es sustituir el razonamiento y la responsabilidad de quien tiene constitucionalmente la obligación de juzgar.
Una sentencia no es simplemente el resultado de introducir hechos y normas en un sistema informático.
Detrás de cada expediente existen personas, derechos, conflictos familiares, patrimonios, empresas, libertades y, en determinados procesos, hasta el futuro de un ser humano.
El juez debe valorar pruebas, interpretar la ley, ponderar derechos y, sobre todo, motivar su decisión.
Si una persona no puede comprender por qué se tomó una decisión que afecta sus derechos porque el resultado proviene de un algoritmo cuyo funcionamiento resulta inexplicable, estaríamos ante un serio problema para las garantías propias del debido proceso.
La eficiencia tecnológica jamás debe colocarse por encima de la tutela judicial efectiva.
No podemos convertir el algoritmo en juez
Existe una tentación comprensible: creer que mientras mayor sea la capacidad tecnológica, menor será la necesidad de intervención humana.
En materia de justicia, esa lógica puede resultar peligrosa.
Los sistemas de inteligencia artificial no son infalibles. Pueden equivocarse, utilizar información incompleta, reproducir sesgos contenidos en los datos con los que fueron desarrollados o generar respuestas aparentemente convincentes que resulten jurídicamente incorrectas.
Un error humano puede afectar un expediente. Un error incorporado a un sistema automatizado podría reproducirse en cientos o miles de casos.
Por ello, la supervisión humana no debe considerarse una formalidad. Tiene que ser una garantía efectiva.
La última palabra sobre los derechos de una persona debe corresponder a una persona responsable de su decisión y sometida al ordenamiento jurídico.
Los abogados también tenemos una responsabilidad
La discusión tampoco puede concentrarse exclusivamente en los jueces y tribunales.
La inteligencia artificial está entrando aceleradamente en los bufetes y oficinas jurídicas. Puede ayudar a preparar contratos, resumir expedientes, organizar argumentos y realizar investigaciones en una fracción del tiempo que anteriormente requerían esas tareas.
Negarse a utilizar estas herramientas por principio sería desconocer una transformación profesional que ya está ocurriendo.
Pero utilizarlas sin controles sería igualmente irresponsable.
El abogado que emplea inteligencia artificial continúa siendo responsable del documento que firma, del argumento que presenta y de las fuentes que invoca ante un tribunal.
Ningún profesional debería presentar una sentencia, disposición legal, cita doctrinal o precedente proporcionado por una herramienta de IA sin comprobar previamente su existencia, vigencia y contenido.
La tecnología puede colaborar con el abogado. No puede sustituir su deber de estudiar, verificar, razonar y responder profesionalmente por sus actuaciones.
La confidencialidad no puede sacrificarse
Otro asunto requiere especial atención: la protección de los datos contenidos en los expedientes.
Los abogados y las instituciones judiciales manejan información extremadamente sensible. Introducir documentos judiciales completos en sistemas externos de inteligencia artificial sin conocer cómo serán procesados, almacenados o reutilizados puede comprometer derechos y obligaciones de confidencialidad.
Por eso, la adopción de estas tecnologías debe acompañarse de protocolos claros de seguridad, gobernanza, acceso, almacenamiento y protección de datos.
No todo lo tecnológicamente posible debe considerarse jurídicamente aceptable.
La prueba enfrenta una nueva realidad
Los deepfakes y otros contenidos sintéticos plantean, además, una amenaza que los tribunales deberán aprender a enfrentar.
Durante décadas, una fotografía, una grabación o un video podían tener una considerable fuerza persuasiva porque representaban aparentemente un acontecimiento captado de la realidad.
Esa presunción práctica está cambiando.
La posibilidad de crear rostros, conversaciones, voces e imágenes artificiales obliga a reforzar los mecanismos de autenticación de la prueba digital.
La justicia del futuro necesitará abogados, jueces, fiscales y peritos capaces de comprender que ver ya no siempre será suficiente para creer.
República Dominicana necesita reglas claras
El país no debe esperar a que surjan conflictos graves para comenzar a establecer límites.
La regulación tampoco debe convertirse en una barrera contra la innovación. La inteligencia artificial puede contribuir significativamente a mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia institucional.
Lo necesario es encontrar un equilibrio.
República Dominicana necesita desarrollar principios claros sobre supervisión humana, transparencia, trazabilidad, protección de datos, responsabilidad, uso de información judicial, explicabilidad de sistemas automatizados y mecanismos de impugnación cuando una herramienta tecnológica haya intervenido significativamente en una actuación que afecte derechos.
También será indispensable invertir en capacitación.
No tendremos una justicia preparada para la inteligencia artificial simplemente comprando tecnología. La tendremos cuando jueces, abogados, fiscales, defensores públicos, auxiliares judiciales y demás operadores comprendan tanto sus posibilidades como sus límites.
La tecnología debe estar al servicio de la persona
La inteligencia artificial llegó para quedarse y el Derecho no debe darle la espalda.
Pero tampoco puede recibirla sin condiciones.
La República considera que la modernización tecnológica del sistema judicial debe avanzar bajo un principio irrenunciable: la inteligencia artificial debe estar al servicio de la justicia y nunca la justicia al servicio de la inteligencia artificial.
Debemos aprovechar la velocidad de las máquinas sin renunciar a la prudencia humana; utilizar su capacidad de procesamiento sin abandonar el razonamiento jurídico; beneficiarnos de la automatización sin sacrificar transparencia, responsabilidad ni derechos fundamentales.
Porque al final de cada expediente no existe un número ni un conjunto de datos.
Existe una persona esperando justicia.
Y mientras sea una persona quien deba soportar las consecuencias de una decisión judicial, debe existir también un ser humano dispuesto a examinarla, explicarla y asumir la responsabilidad de decidirla.
Ese debe ser el límite.
Y también el punto de partida de la justicia dominicana ante la era de la inteligencia artificial.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.