Santo Domingo, R.D.-La Ley sobre Gestión de Residuos Sólidos fue observada por el Presidente de la República, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, con el propósito de crear un equilibrio que garantice la libre empresa y, al mismo tiempo, priorice la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Entre las modificaciones se establece un plazo de 12 meses para el retiro de los plásticos de un solo uso y del foam, conforme a lo dispuesto en la ley.
Sin embargo, se exceptúan los platos con tapas integradas, conocidos popularmente como “laptop”, y las bandejas, debido a que no existen sustitutos económicamente competitivos. Para estos productos, el plazo se extiende a 24 meses.
Asimismo, se fija un periodo de 12 meses para iniciar el cobro de las fundas plásticas no biodegradables en los establecimientos comerciales. Durante ese tiempo, los comercios deberán desarrollar campañas de sensibilización para fomentar el uso de bolsas reusables o ecológicas.
También se prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas y cualquier otro artículo no biodegradable, 60 días después de la promulgación de la ley.
En una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader explicó que las observaciones se sustentan en la protección del medio ambiente, la defensa de la libre competencia, el rechazo a prácticas monopólicas y el impulso a la industria sostenible.
La misiva, fechada el 3 de noviembre, se refiere a las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional a la Ley núm. 225-20 sobre Gestión de Residuos Sólidos.
En estos ríos vierten gran cantidad de plásticos y otros residuos sólidos desde las cañadas,los que termnian en el litoral sur. Elieser Tapia
El mandatario expresó su valoración al esfuerzo de los legisladores y reafirmó su respaldo a los principios de libre competencia, sostenibilidad industrial y oposición a los monopolios.
Entre las observaciones planteadas por el Presidente figura la reformulación de los criterios para la ubicación de las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios y las plantas de valorización, de modo que no se limiten a criterios regionales, sino que se establezcan conforme a distancias y condiciones específicas.
También se modifican algunas definiciones y conceptos esenciales para la aplicación de la ley, así como disposiciones relacionadas con la autonomía municipal, al considerar el Poder Ejecutivo que se afectaban competencias constitucionales de los ayuntamientos en materia de uso de suelo.
Otro punto relevante se refiere al plazo mínimo de los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados, que se reduce para ajustarse a las normas nacionales e internacionales de competencia económica.
El Presidente mantiene la tarifa base del pago a los gestores privados, evitando aumentos excesivos, pero faculta al fideicomiso a establecer cada año la tarifa mediante una fórmula que contemple los costos operativos, márgenes de beneficio, inflación, devaluación y gastos de transporte.
Finalmente, las observaciones abordan de manera especial la regulación de los productos fabricados en plástico y foam, reduciendo los plazos para implementar medidas como la responsabilidad extendida de los productores, la reducción del uso de fundas plásticas, y los programas de retorno de envases.
Ahora que el Senado ha recibido las observaciones, conforme al artículo 102 de la Constitución, deberá incluirlas en el orden del día de su próxima sesión y discutir la ley en única lectura.
Si es aprobada nuevamente por las dos terceras partes de los presentes, será enviada a la otra cámara; y si ésta la aprueba por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará según lo establecido en el artículo 101 constitucional.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
El exfuncionario habló acompañado de su equipo de abogados encabezado por Carlos Balcácer y Nelys Rivas, durante una rueda de prensa.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
Igualmente, el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, y el testigo clave del proceso, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.