Nacionales
Observan Ley de Residuos Sólidos y disponen desmonte del uso de foam
Santo Domingo, R.D.-La Ley sobre Gestión de Residuos Sólidos fue observada por el Presidente de la República, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, con el propósito de crear un equilibrio que garantice la libre empresa y, al mismo tiempo, priorice la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Entre las modificaciones se establece un plazo de 12 meses para el retiro de los plásticos de un solo uso y del foam, conforme a lo dispuesto en la ley.
Sin embargo, se exceptúan los platos con tapas integradas, conocidos popularmente como “laptop”, y las bandejas, debido a que no existen sustitutos económicamente competitivos. Para estos productos, el plazo se extiende a 24 meses.
También se prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas y cualquier otro artículo no biodegradable, 60 días después de la promulgación de la ley.
En una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader explicó que las observaciones se sustentan en la protección del medio ambiente, la defensa de la libre competencia, el rechazo a prácticas monopólicas y el impulso a la industria sostenible.
El mandatario expresó su valoración al esfuerzo de los legisladores y reafirmó su respaldo a los principios de libre competencia, sostenibilidad industrial y oposición a los monopolios.
Entre las observaciones planteadas por el Presidente figura la reformulación de los criterios para la ubicación de las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios y las plantas de valorización, de modo que no se limiten a criterios regionales, sino que se establezcan conforme a distancias y condiciones específicas.
También se modifican algunas definiciones y conceptos esenciales para la aplicación de la ley, así como disposiciones relacionadas con la autonomía municipal, al considerar el Poder Ejecutivo que se afectaban competencias constitucionales de los ayuntamientos en materia de uso de suelo.
Otro punto relevante se refiere al plazo mínimo de los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados, que se reduce para ajustarse a las normas nacionales e internacionales de competencia económica.
El Presidente mantiene la tarifa base del pago a los gestores privados, evitando aumentos excesivos, pero faculta al fideicomiso a establecer cada año la tarifa mediante una fórmula que contemple los costos operativos, márgenes de beneficio, inflación, devaluación y gastos de transporte.
Finalmente, las observaciones abordan de manera especial la regulación de los productos fabricados en plástico y foam, reduciendo los plazos para implementar medidas como la responsabilidad extendida de los productores, la reducción del uso de fundas plásticas, y los programas de retorno de envases.
Ahora que el Senado ha recibido las observaciones, conforme al artículo 102 de la Constitución, deberá incluirlas en el orden del día de su próxima sesión y discutir la ley en única lectura.
Si es aprobada nuevamente por las dos terceras partes de los presentes, será enviada a la otra cámara; y si ésta la aprueba por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará según lo establecido en el artículo 101 constitucional.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Nacionales
Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.